Como parte de la restructuración de la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría de Derechos Humanos se transformará en Subprocuraduría de Víctimas, y resurgirá la Subprocuraduría General, como instancias de apoyo social y mayor control institucional, revelaron mandos del Ministerio Público federal.

Colaboradores de Jesús Murillo Karam informaron a La Jornada que la Policía Federal Ministerial se convertirá en una institución especializada en investigación y se dividirá en células para mayor efectividad en el combate a grupos criminales.

El proyecto de transformación institucional se ha mantenido en total hermetismo; sin embargo, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que los resultados del nuevo estilo de mando se pueden observar en las investigaciones y capturas de involucrados en las violaciones cometidas contra seis ciudadanas españolas que vacacionaban en Acapulco, y en el caso de Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ya que ambos casos fueron resueltos por células especializadas.

En diciembre pasado, Murillo Karam dijo a senadores que recibió una procuraduría desmantelada y que debía regresársele su función original, la representación de la sociedad. Tenemos que darle fuerza, esa capacidad y, sobre todo, algo que es muy difícil y que para mí es muy importante, hacer una PGR para la sociedad.

Añadió que la confiabilidad de la institución ministerial radica en que podamos eliminar todas las razones que causan esa sensación (de uso político) y poder hacer una PGR que, insisto, su principal característica tiene que ser que sea confiable.

En ese contexto, el proyecto de la llamada procuraduría del siglo XXI modificará los esquemas de operación e investigación, a través de una distribución regional del país, que en el caso de la PGR incluye la creación de cinco fiscalías generales o subprocuradurías regionales, indicaron los funcionarios consultados.

El esquema permitirá que el procurador Murillo Karam tenga mayor control institucional y se deleguen funciones para la vinculación con los otros niveles de gobierno y en el establecimiento de esquemas de trabajo con instituciones como las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como con la Comisión Nacional de Seguridad.

El esquema, según refirieron los entrevistados, se dividirá de la siguiente manera: la zona noroeste abarca los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; la zona noreste atenderá Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; la zona occidente, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; la zona centro tendrá la responsabilidad del Distrito Federal, los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y la zona sureste comprenderá Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Las subprocuradurías también serán modificadas, ya que actualmente existe una Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, pero se buscará que se convierta en la Subprocuraduría General; la Subprocuraduría de Derechos Humanos se convertirá en el área de atención a víctimas, y tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento e integración de averiguaciones previas de casos de desaparición que se denuncien ante la PGR, mencionaron las fuentes consultadas.