16 de marzo de 2013     Número 66

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Venezuela

Hugo Chávez y las utopías campesindias


FOTO: Bernardo Londoy

María del Sol Atencio y Gabriel Hernández García  ENAH

Uno de los grandes proyectos históricos del gobierno de Hugo Chávez fue la erradicación del latifundio agrario, con un plan basado en la profundización y ampliación de las condiciones para garantizar la seguridad y soberanía alimentarias. A partir de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001, se ha buscado asegurar el acceso de los alimentos a la población por medio de la regulación, el seguimiento y la evaluación de políticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos.

Esta política agraria ha tenido, entre la población venezolana, una aceptación de casi 80 por ciento a lo largo de 14 años de gobierno, pero a la vez provocó la movilización de las fuerzas opositoras provenientes, por supuesto, de la oligarquía y la derecha política que vieron afectados sus privilegios sobre miles de hectáreas de tierras en condiciones improductivas. La política de repartición paulatina de tierra a los campesinos y a los afrodescendientes, y sobre todo la restitución de los territorios ancestrales arrebatados en tantos años de colonialismo e imperialismo a los pueblos indígenas, fue uno de los motivos que llevó a la oposición a llevar a cabo un golpe de Estado en abril del 2002.

En los años del gobierno chavista, se recuperaron más de seis millones de hectáreas de tierras en manos del llamado latifundio improductivo, las cuales fueron convertidas en unidades de producción social, principalmente cooperativas rurales. La meta del gobierno chavista a mediano y largo plazos era reconstruir la capacidad productiva del campesinado venezolano, para así avanzar hacia el autoabastecimiento nacional y la ruptura de la dependencia alimentaria a las grandes corporaciones trasnacionales. Y más allá de ello, inspirado en los ideales bolivarianos, generar excedentes para apoyar solidariamente a otros países latinoamericanos que no hubieran desarrollado su capacidad de autoabasto.

Como la historia nos lo ha mostrado, todo proceso revolucionario es perfectible y lo que ocurre en Venezuela no es la excepción. A pesar de que en amplios sectores de la izquierda venezolana se asumía que las transformaciones agrarias impulsadas por Chávez significaban un profundo avance en el programa de la justicia social, era para todos sabido que en el seno de la revolución bolivariana se expresaba una profunda contradicción y que dichas transformaciones no podrían ser materializadas al interior de los límites del capitalismo. La revolución popular y el chavismo navegaron en el arte político de administrar esta contradicción estructural; al respecto, señaló Alan Woods: “La distribución de la tierra es una vieja aspiración de los pobres en el campo venezolano. Los campesinos desean trabajar la tierra y mejorar su nivel de vida. Pero esta aspiración justificada se enfrenta a la feroz resistencia de los grandes terratenientes, que, junto con los banqueros y los grandes capitalistas, constituyen la piedra angular de la oligarquía venezolana. En Venezuela no es posible ningún avance real hasta que se haya roto el poder de esta oligarquía. Esa es la importancia real de la revolución agraria”. (La revolución agraria en Venezuela, 2005).

Para ciertos sectores de la izquierda, estos avances eran considerados como modestos y reformistas, mientras que simultáneamente, la derecha acusaba al Estado de adoptar medidas comunistas e invadir el sacrosanto e inherente derecho a la propiedad privada. El chavismo regularmente avanzó en medio de estos dos fuegos, pero siempre de la mano de un pueblo que supo cómo organizarse, aprovechando el carisma de un dirigente nacional cercano a las causas populares.

Apenas en 2010, con el objetivo de fortalecer la producción del campesinado, el gobierno de Hugo Chávez creó la Gran Misión AgroVenezuela, cuyo objetivo ha sido fortalecer la producción nacional y la actividad agraria en el país, por medio del apoyo técnico, financiero y logístico destinado a los sujetos rurales. Pero más que “un programa social”, se trata de un proceso que incluye a quienes históricamente fueron excluidos y que da voz a los que siempre fueron callados. Según la postura oficial: “Esta misión surge en el contexto de los efectos del cambio climático y del desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela; con ella se busca otorgar a los productores agrarios los medios y la tecnología necesaria para terminar con la dependencia a las trasnacionales y los grandes capitales, logrando un cambio del modelo de producción capitalista en el campo por un modelo de producción social y con conciencia ambiental”.

Por otro lado, en lo que respecta a los derechos históricamente negados de los pueblos indígenas venezolanos, es digno de mencionarse que en 1999 se reconoció por primera vez en la historia de Venezuela su carácter multiétnico y pluricultural, incluyéndose en la Constitución Bolivariana de ese año un capítulo dedicado a los derechos de estos pueblos. En 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas y en 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que ampliaron el marco de los derechos humanos a los pueblos originarios, según lo reconoció el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Pero la gran resistencia de los latifundistas del país al proceso revolucionario se ha expresado en feroces e incesantes ataques a los pueblos indígenas organizados. Un ejemplo de esta situación es el caso del líder de la resistencia del pueblo yukpa, Sabino Romero, quien luego de arduas luchas por los territorios ancestrales de su pueblo, fue asesinado el pasado 3 de marzo por los grandes terratenientes del estado de Zulia, quienes detentan el poder económico y político de la región. Este hecho, que no es aislado, significa un gran reto para el gobierno venidero y que amerita la seria atención del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, las autoridades judiciales y el gobierno nacional.

En el futuro escenario de un gobierno chavista ya sin Chávez, corresponde a quienes conducen el proceso revolucionario y sobre todo a los amplios sectores populares que se han convertido en sujetos de su propia historia, profundizar el proceso de transformación y depurar las contradicciones que podrían poner en riesgo las conquistas innegables que ha logrado el socialismo bolivariano. La moneda está en el aire: la producción y reproducción de la vida o la imposición de la muerte que deja a su paso el mundo capitalista.

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