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Eran rezago del sistema, señala consejero

Los cambios, un paso a la democratización: IFE
 
Periódico La Jornada
Martes 19 de marzo de 2013, p. 16

Si bien desde la perspectiva económica los cambios en telecomunicaciones son importantes, “sin duda también representan una de las reformas políticas fundamentales que no se había dado en décadas. El tamaño de la influencia de los poderes fácticos (las televisoras) en México coloca esta reforma, eminentemente política, un paso adelante en la democratización, consideró el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Alfredo Figueroa.

Es claro que la pasada campaña electoral hizo evidente que era un rezago en el sistema democrático, porque el problema de las prácticas monopólicas vinculadas al poder metaconstitucional que ejercían, venía siendo uno de los grandes desafíos democráticos para el país.

Desde la aprobación del nuevo modelo de comunicación política (en 2007-2008) las principales presiones contra el IFE provenían de las grandes televisoras, asociado a los vínculos que establecieron con el poder político, agregó el consejero.

Entrevistado sobre las reformas en materia de telecomunicaciones, Figueroa dijo que plantea como aspecto central el derecho a la información, la garantía del Estado para que haya pluralidad de opciones y fuentes de información.

Otra de las vertientes que contiene la reforma es lo concerniente al control sobre la propaganda simulada; esto es, impedir que los medios de comunicación ofrezcan como información algo que evidentemente es propaganda. Esta parte es importante en la medida en que es el eje por el cual en muchos casos iba al corazón de los arreglos al margen de la Constitución entre concesionarios y la clase política en detrimento de los ciudadanos.

–Desde esta perspectiva, ¿los monopolios eran un desafío para la democracia mexicana?

–Lo son. Esto es apenas el comienzo de una reforma y después será necesaria una ley secundaria, la aplicación de artículos transitorios, la integración del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no sólo tenga su condición de órgano constitucional autónomo, sino que ejerza sus facultades con el principio de independencia y autonomía.