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Exige al gobierno solventar recomendaciones de organismo de Naciones Unidas

Pendientes, el reconocimiento a consulta indígena y a afrodescendientes: Conapred

El pueblo wixárika enfrenta la amenaza de proyectos mineros de extranjeros, dice Ricardo Bucio

Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 20

En la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, este 21 de marzo, el titular de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, exigió al gobierno de México que solvente las recomendaciones emitidas el año pasado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, en específico la 10 y la 17, relativas al reconocimiento y visibilización de la población afrodescendiente en México y al derecho a la consulta de la población indígena.

Se refirió al caso del pueblo indígena wixárika de Jalisco y Nayarit, relacionado con su territorio sagrado de Wirikuta.

Recordó que dicho pueblo enfrenta –desde febrero de 2008– una intensa lucha por el reconocimiento de sus derechos indígenas, ante la amenaza que persiste de la ejecución de varios proyectos mineros, principalmente el de extracción de oro, llevado a cabo por empresas extranjeras.

Ante ello, se pronunció por garantizar los derechos de ese pueblo indígena, entre ellos el de mantener bajo salvaguarda su territorio sagrado; a la consulta, a su identidad cultural y a un medio ambiente sano.

El titular del Conapred recordó también que este mes el gobierno mexicano debe enviar al CERD un adelanto del informe de dos recomendaciones sobre afrodescendientes y consulta indígena.

Respecto a los afrodescendientes, el informe debe incluir datos sobre la generación de información estadística, consideración de su reconocimiento étnico y la adopción de programas para la promoción de sus derechos.

Respecto a los pueblos y comunidades indígenas, el gobierno debe informar sobre el derecho a la consulta, para que éstas se realicen de forma efectiva en proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales que les puedan afectar; la intensificación de mesas de diálogo, en las cuales exista interlocución entre actores gubernamentales y los pueblos indígenas, y que los traslados de sus territorios se hagan conforme a los estándares internacionales.

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