e acuerdo con reportes oficiales difundidos por The New York Times en su edición de ayer, unos 300 migrantes indocumentados son sometidos diariamente a régimen de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos por disposición de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), a pesar de que esas personas se encuentran en la cárcel no por cargos penales sino civiles, los cuales no ameritan castigo según las leyes del país vecino, sino un mero aseguramiento, a fin de garantizar que los acusados comparezcan en audiencias administrativas. De ese promedio, la mitad –es decir, unos 150– permanecen bajo régimen de aislamiento por periodos de 75 o más días, lo cual, de acuerdo con expertos siquiátricos citados por el rotativo neoyorquino, multiplica el riesgo de que el recluso así castigado experimente daño mental severo.

Más allá de la crueldad intrínseca de las leyes de persecución contra migrantes que se encuentran en vigor en el país vecino, leyes que criminalizan a extranjeros por acudir a Estados Unidos en busca de empleo o de mejores perspectivas de vida que las que les ofrecen sus naciones de origen, las prácticas inhumanas como la que aquí se comentan tienen diversos elementos de contexto que es pertinente enumerar.

El primero de ellos es la hipocresía estructural de la persecución contra los extranjeros indocumentados, toda vez que éstos constituyen un factor indispensable en el funcionamiento de la economía estadunidense, particularmente para aportarle competitividad por la vía de las bajísimas percepciones que perciben los trabajadores migrantes, los cuales, a su vez, son utilizados en la agricultura, la industria y los servicios como válvula de contención salarial contra los trabajadores estadunidenses.

Otro es el discurso xenófobo y paranoico que ha dado sustento social a las disposiciones legales antimigrantes y que por décadas ha sido regularmente alimentado por políticos y candidatos, en particular –pero no exclusivamente– del Partido Republicano. Esa tendencia empieza a cambiar a raíz del incremento del electorado de origen latinoamericano y de su peso creciente en la configuración del mapa político de la superpotencia; en efecto, en los últimos comicios presidenciales, el llamado voto hispano resultó crucial para la reelección de Barack Obama.

Un tercer elemento que no debiera dejarse de lado es el jugoso negocio al que dan pie las disposiciones persecutorias contra los migrantes. Como es sabido, cada año las autoridades estadunidenses detienen a unos 400 mil migrantes de diversas nacionalidades y recluyen a la mitad de ellos en cárceles privadas, principalmente las que operan las empresas Corrections Corporation of America (CCA), The Geo Group y Management and Training Corp. Tales corporativos cobran una cuota a las instituciones federales por cada detenido (unos 122 dólares diarios, en el caso de The GEO Group) y, de acuerdo con organizaciones de defensa de derechos humanos, realizan un permanente cabildeo en las instancias legislativas federales y estatales para asegurar que la inmigración sin documentos siga siendo criminalizada. Significativamente, en la década pasada los ingresos de esas empresas se incrementaron ciento por ciento en promedio y sus utilidades anuales combinadas suman unos 5 mil millones de dólares, a decir del grupo humanitario Immigrants for Sale.

Como puede verse, en suma, la criminalización de la inmigración indocumentada en Estados Unidos y el conjunto de violaciones a los derechos humanos que conlleva es una estrategia que rinde enormes beneficios políticos, económicos y corporativos, y cuya mera existencia contradice frontalmente los principios fundacionales del país vecino. La dimensión de ese negocio permite aquilatar las resistencias a una reforma migratoria que es, sin embargo, social y éticamente impostergable.