El PRD presentó en el Senado una iniciativa para crear la Ley de Competencia Económica, con el propósito de combatir los monopolios, que obligan a los mexicanos a pagar mayores precios por los productos y servicios que ofrecen.

Se destaca en la propuesta que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que el gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, lo cual implica una erogación de alrededor de 40 por ciento más que si hubiera competencia.

Esa situación, se apunta en el estudio realizado por la OCDE, es peor para el decil más pobre de la población, que gasta alrededor de 42 por ciento de sus ingresos en mercados altamente concentrados.

Armando Ríos Piter, autor de la iniciativa perredista, destacó que, de acuerdo con opiniones de expertos, si se lograra quitar el control de los monopolios en los productos básicos, el ingreso del primer decil de la población (los más pobres) se elevaría en 6 por ciento, es decir, introducir la competencia en esos sectores equivaldría a aumentar en 6 por ciento el salario de ese sector.

Ríos Piter refiere que en México se ha consolidado lo que Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía 2001) denominó un capitalismo de compadres o amiguista, en el que importa más el peso político de los actores económicos que su capacidad para aumentar su productividad a través de la inversión y de la innovación.

En este capitalismo de compadres la regulación y las sanciones no logran tocar a los poderes fácticos.

El senador Ríos Piter señala que la Comisión Federal de Competencia, en una revisión de la canasta de consumo, ubica 10 productos claves que abarcan 23.3 por ciento del peso en el gasto de las familias con serios problemas de competencia de distinto tipo.

Para muestra, dice el perredista en su exposición de motivos, basta analizar algunos de los mercados más representativos, donde las principales deficiencias muestran la necesidad de modificar el marco institucional vigente: dos empresas controlan el mercado de los refrescos; de ellas Coca-Cola tiene 71 por ciento; otras dos empresas manejan 80 por ciento del mercado de la leche.

El mercado de la carne lo concentran algunas empresas extranjeras y una mexicana: Sukarne mueve 68 por ciento de las exportaciones y 17 por ciento del mercado nacional; el mercado del pollo lo controla Bachoco en 92 por ciento y el Grupo Maseca concentra 71 por ciento del mercado de la tortilla.

Con respecto a los medicamentos, Ríos Piter abunda: una de las razones por las que México tiene un bajo desarrollo en medicamentos son sus altos precios, los cuales alcanzan los niveles más altos en la OCDE, por encima de Estados Unidos, Alemania y Japón, entre otros.

Sostiene el perredista que la baja penetración de los genéricos sin marca incrementa el precio promedio que pagan los consumidores mexicanos. Si en el país la distribución de volúmenes entre segmentos convergiera hacia una mayor penetración de los genéricos, no sólo disminuiría enormemente el costo de los medicamentos, sino que los precios promedio más bajos contribuirían a reducir el rezago en los niveles de consumo.

En su propuesta de ley, el legislador del sol azteca apunta que en México el peso y efecto de los monopolios es particularmente grave. Lejos de tratarse de monopolios temporales derivados de la innovación tecnológica o de una protección estratégica a la industria nacional, en la mayoría de los casos deriva del poder de grandes grupos empresariales para evitar la competencia y la rectoría del Estado.

Asegura que existen fallas en el diseño impositivo que favorecen a las empresas más grandes: gozan de beneficios fiscales que se otorgan a sectores específicos, como el agropecuario o el transporte. Los privilegios fiscales, y de manera particular esquemas de tributación como la consolidación fiscal, amplifican el radio de injerencia económica que tienen los grandes consorcios.añade.

Asevera el legislador del PRD que el combate a los monopolios y el fortalecimiento de la competencia es un asunto fundamental para la agenda de la izquierda. Es la oportunidad para construir un régimen democrático, que otorgue beneficios tangibles a los ciudadanos, como resultado de reformular la rectoría del Estado, concluye.