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Hostigan para hacernos caer en violencia, acusan los indígenas chiapanecos

Ejidatarios de Tila denuncian asedio del ayuntamiento con apoyo de paramilitares
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de abril de 2013, p. 15

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó nuevamente sin resolver la exigencia de restitución de tierras de los choles del ejido Tila, en el municipio del mismo nombre, en Chiapas, los ejidatarios denunciaron agresiones y hostilidades del ayuntamiento, apoyado por el gobierno del estado, para obstruir este proceso.

Hemos tenido una larga espera, desde 1966, afirmaron los ejidatarios, quienes contaban con que la Corte discutiera su amparo, ganado en 2008, contra un decreto del Congreso estatal y contra el fraccionamiento de sus tierras. Nuevamente se frustró su exigencia. Los ministros abrieron la posibilidad de pagar por ellas, opción que los indígenas siempre han rechazado.

Horas antes de la decisión de la SCJN decían: se va a ver si es la ley, la historia, la razón y los derechos de los pueblos lo que guía la decisión de la Corte, o la falsa información que han sembrado el ayuntamiento y el gobierno del estado para no cumplir la sentencia de restitución.

Denunciaban patrullajes, espionaje, incursiones de la policía estatal en las viviendas, recorridos amenazantes de agentes judiciales y paramilitares armados por las calles de Tila.

Los indígenas señalan que el gobierno municipal de Limber Gregorio Gutiérrez y grupos oficialistas históricamente vinculados con los paramilitares de Paz y Justicia provocan y hostigan para hacernos caer en violencia, y que la SCJN decida no restituir a régimen ejidal; todos los robos de tierra que han hecho por sus mentiras y falsedades que han ido a contar ahí para que les sea favorable la resolución, o que se sigan poniendo obstáculos para que no se respete nuestro derecho como ejido y pueblo indígena.

El pasado viernes 29, la policía sectorial estatal efectuó acciones amenazantes frente a la vivienda del comisariado ejidal. Pasan en altas horas de la noche para intimidar. Hacen sus rondines en las calles. Se encapuchan. En las camionetas de municipales y sectoriales anda gente de Paz y Justicia, la gente ya los tiene identificados, acusan.

También llegan agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en camionetas de la policía municipal para esconderse, pero se reconocen por sus uniformes.

Al ayuntamiento están entrando puros paramilitares porque el propio presidente municipal los recluta. Ha buscado ex soldados. Por eso está pasando bien grave en la comunidad autónoma del EZLN Comandante Abel; son las mismas autoridades municipales quienes planean atacarlos. También vigilan casas de ejidatarios y han entrado en ellas. No hay paz en el pueblo de Tila, están comenzando las violencias y a mostrarse la gente agresiva como en el periodo de tantas masacres por Paz y Justicia.

El 23 de marzo un grupo de puesteros, organizados por el ayuntamiento, quiso enfrentar a la comisión del ejido de fomento para las fiestas.

La comisión estuvo a punto de ser agredida por los puesteros, azuzados por el edil.

Vieron que los puesteros querían sacar palos y machetes y mejor se retiraron para no generar un enfrentamiento.

El alcalde Limber Gregorio Gutiérrez repite en el cargo para el periodo 2013-2015, luego de ocuparlo entre 2008 y 2010. Su cónyuge, Sandra Luz Cruz Espinosa, gobernó el municipio entre 2010 y 2011.

Para lograr este segundo periodo hubo mucho hostigamiento por parte de sus dirigentes de Paz y Justicia que coordinan grupos paramilitares. Estuvieron disparando armas de fuego en plena población y hirieron a una persona del PRI. Mucha gente los vio venir en un carro de tres toneladas, lleno, de la zona baja. Venían vestidos de civil, pero con mucho coraje para intimidar a la gente. Esto fue cuando se hicieron las votaciones en julio de 2012.

El 8 de noviembre los policías intentaron aprehender al comisariado ejidal en represalia por la marcha-caravana a México de agosto y porque se iba realizar otra en Tila.

Históricamente, los administradores del ayuntamiento han estado vinculados a la contrainsurgencia y la corrupción. Ellos también llegan a la SCJN para que les den la razón, pero no la tienen. Además promueven la violencia y la discriminación en contra de nosotros como pueblo indígena.