Después de cuatro años de litigios en tribunales civiles, Grupo Financiero Bancomer autorizó descuentos hasta de 70 por ciento en los créditos hipotecarios otorgados a 135 personas que adquirieron conjuntos habitacionales en el estado de México, los cuales fueron construidos por Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo, Ara, Sare, Promotora Integrales de Viviendas, entre otras constructoras, mediante créditos hipotecarios sobrevaluados en aproximadamente 50 por ciento de su valor real, según consta en dictámenes periciales avalados por varios jueces.

Este es el primer acuerdo al que llega el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMVD) –que representa legalmente a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en varias entidades del país– con Bancomer, una de las entidades financieras acusadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) de incurrir en el delito de fraude de fraccionadores.

El fallo beneficia a unos cuantos de los afectados

Estos descuentos benefician apenas a 10 por ciento de las personas representadas por el FMVD que adquirieron un crédito hipotecario en esas condiciones y que por lo menos desde hace 56 meses dejaron de pagar sus mensualidades con Bancomer.

José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del FMVD, informó en entrevista con La Jornada que hasta el momento dos deudores aprovecharon ese descuento en la reducción de sus créditos, por lo que su hipoteca quedó liberada y obtuvieron sus escrituras.

El litigante puso de ejemplo el caso de Ricardo Hernández Sotelo, quien tenía un crédito de 700 mil pesos por una vivienda construida por Urbi en Cuautitlán Izcalli, estado de México, la cual adquirió a un plazo de pago de 10 años. Hernández depositó ayer 199 mil pesos, y con ello obtuvo la liberación de su hipoteca y sus escrituras, de las que posee copia este diario.

El representante del FMVD indicó que existen otros casos, como el de la señora Margarita Bahena Coria, quien lleva 52 meses en mora (sin pagar sus mensualidades a Bancomer), pero a partir de este acuerdo con la institución crediticia sólo pagará 103 mil 808 pesos de un adeudo de 636 mil 771 pesos, más intereses devengados por el atraso en los pagos.

De hecho, en el mismo caso del crédito a nombre de Bahena se aprecia –en un listado elaborado por Bancomer y que el FMVD aportó como prueba en tribunales– que el valor del inmueble es de 364 mil pesos, es decir que al momento de venderlo, el crédito se fijó por el doble del valor real.

Pérez Espinoza recordó que a principios de 2012 los jueces del estado de México resolvieron que varias entidades financieras de crédito a la vivienda aplicaron durante siete años cobros a sus clientes por seguros de vida, invalidez permanente por daños sobre el inmueble (como incendio, derrumbe e inundación) sin que éstos fueran contratados con compañías aseguradoras.

Las entidades financieras de crédito a la vivienda que no contrataron dichos seguros, y por tal motivo podrían perder los juicios civiles contra unos 15 mil habitantes que han caído en cartera vencida por la falta de pagos de sus créditos son: ING Hipotecaria, Patrimonio, Hipotecaría Nacional Bancomer, Hipotecaria Su Casita, Ge Money, Crédito Icasa, entre otras Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles).

Además, los jueces federales que han conocido de estos litigios han resuelto que los juzgados del fuero común en materia civil que son competentes para resolver dichas controversias son los que radican en el estado de México, entidad donde, por una omisión legislativa, desde la reforma a su Código de Comercio de 1996 no proceden los juicios especiales hipotecarios, mediante los cuales las Sofoles pueden recuperar la posesión de casas cuando los deudores dejan de pagar sus créditos.