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Su nombre no pudo aparecer en documentos sin que ella lo consintiera, dice el juez

La infanta Cristina, imputada por apropiación indebida de fondos públicos

El rey Juan Carlos de España expresa su sorpresa por el cambio de postura del magistrado

Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 4 de abril de 2013, p. 24

Madrid, 3 de abril.

La infanta Cristina de Borbón, segunda hija de los reyes de España, fue imputada por apropiación indebida de fondos públicos por su vinculación y responsabilidad en el Instituto Nóos, empresa desde la cual su marido, Iñaki Urdangarin, tejió una red de corrupción con la que habría desfalcado al erario decenas de millones de euros.

La decisión fue adoptada por el juez José Castro, quien argumentó que el nombre de la infanta no pudo haber aparecido en ciertos documentos sin su consentimiento o conocimiento. El hecho supone el mayor escándalo en la historia de la joven monarquía parlamentaria española, instaurada tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

La casa real manifestó su sorpresa por la decisión judicial y expresó su pleno respaldo a la fiscalía que anunció que recurrirá la medida.

La infanta Cristina, hermana mayor del príncipe heredero, Felipe de Borbón, tendrá que comparecer como imputada ante un tribunal ordinario por las numerosas pruebas que se acumulan en su contra sobre su participación en los negocios turbios de su marido, ex deportista de élite convertido en empresario.

El nombre bajo el cual el juez le tomará declaración el próximo 27 de abril será el que aparece en su identificación oficial: Cristina Federica de Borbón y Grecia. Ahí tendrá que responder por qué su nombre aparece como el de vocal y administradora del Instituto Nóos, empresa pantalla creada por su marido y el ex socio de éste, Diego Torres, para conseguir fondos públicos o contratos por trabajos que luego ni siquiera realizaban.

Entre las operaciones más escandalosas destacan dos: la utilización de una campaña de ayuda a niños hambrientos en África para apropiarse de 5 millones de euros, y la creación de una presunta organización sin fines de lucro para obtener cuantiosos donativos del gobierno y empresas.

El juez Castro sospecha que entre 1999 y 2003, la compañía creada por Urdangarin, su esposa y su socio, habría desviado más de 13 millones de euros (unos 225 millones de pesos) procedentes de diversos gobiernos autonómicos y municipales, sobre todo de Valencia, Islas Baleares y Madrid.

Entre las pruebas que presentó el magistrado para justificar su decisión de imputar a la infanta destacan varios correos electrónicos verificados como auténticos y que fueron entregados al juez por Torres. En éstos, el marido de la infanta le dice: “aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime qué piensas please… Ciao”.

Hasta ahora, la defensa de Urdangarin mantuvo la versión de que su esposa sólo aparecía en el organigrama de la empresa por una cuestión meramente de prestigio y transparencia, pero que en realidad no tenía ninguna actividad ni responsabilidad en las decisiones del conglomerado y, por lo tanto, era ajena a las maquinaciones de Torres y Urdangarin.

El magistrado Castro sostiene que de no citar a declarar a la hija de los monarcas como imputada se corre el riesgo de que se perpetúe la incógnita de su verdadero vínculo con la empresa investigada y que se cierre (el juicio) en falso, en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos.

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La infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarin, en imagen de archivo. Ambos son imputados por apropiación ilegal de recursos públicosFoto Reuters

El magistrado de Palma de Mallorca parafraseó así el discurso del rey Juan Carlos en la Navidad de 2011, cuando aseguró que todos los ciudadanos son iguales frente a la ley, en lo que se entendió como un respaldo a la investigación que entonces se iniciaba contra su yerno.

El magistrado explicó que tras la investigación surgen indicios que hacen dudar que Cristina de Borbón desconociera la aplicación que su esposo dio a su mención como vocal de la junta directiva del Instituto Nóos y en la empresa mercantil Aizoon SL. En virtud de esto, el juez dice que es inevitable la comparecencia como imputada de la hija de los monarcas.

El único guiño del magistrado con la presunción de inocencia de la infanta Cristina fue cuando añadió que su imputación no prejuzga en absoluto actuaciones procesales ulteriores, de tal manera que queda absolutamente incólume todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto, desde la de su anticipado sobreseimiento, hasta la de abrir el cauce para posibilitar al ministerio fiscal, acusación particular y popular que formulen sus reproches penales y a los actores civiles sus pretensiones civiles.

En un cambio de actitud y rompiendo la tradición de no interferir en debates políticos o actuaciones judiciales, la casa del rey expresó a través de un vocero –del que no se autorizó dar su nombre– que el el rey Juan Carlos quería expresar su sorpresa ante el cambio de posición del magistrado –que hasta ahora no había imputado a la infanta–, al tiempo que respaldó abiertamente la decisión de la Fiscalía General del Estado de presentar un recurso contra la medida del juez.

La monarquía española vive desde hace meses una de las peores crisis de su historia ante el cúmulo de escándalos que lastran su credibilidad. Las acusaciones contra Urdangarin han sido el caso más grave, pero también han indignado a la opinión pública las cacerías de elefantes del rey Juan Carlos que el año pasado pusieron en evidencia, además, la existencia de una amante, la princesa germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Sobre esta relación se ha dicho que cuando Sayn-Wittgenstein está en España se le dota de un servicio de escoltas y cuenta con una casa dentro del palacio real. También se acusa al rey de dar a su amante facultades en crisis diplomáticas consideradas de carácter reservado. Y ahora, con la imputación de la infanta Cristina se abre un nuevo frente a la desgastada familia real.

Desde diciembre de 2011, Urdangarin quedó fuera de todos los actos oficiales de la realeza. En alguna ocasión un vocero de la casa real calificó su conducta de menos que ejemplar. Su retrato y semblanza han desaparecido del sitio web de la familia real española y su figura fue retirada del museo de cera de Madrid, donde se encontraba entre los demás personajes de la familia Borbón. A la misa de resurrección de esta Semana Santa, asistieron sólo el rey, la reina Sofía, el príncipe Felipe con su esposa Letizia y sus dos pequeñas hijas.