Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados se reunieron a comer ayer en el restaurante Estoril, en la zona de Polanco, con objeto de resolver la agenda de temas que habrán de aprobarse durante las próximas cuatro semanas en el órgano legislativo.

Convocados por Manlio Fabio Beltrones, Luis Alberto Villarreal, Silvano Aureoles, Alberto Anaya y Arturo Escobar determinaron que la reforma constitucional en materia de transparencia concerniente al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) figurará como uno de los temas principales que habrán de votarse en el pleno cameral. También los trabajos en San Lázaro se abocarán a resolver y aprobar la estrategia energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, y se tratará de desa­torar el proceso de elección de consejero electoral que sustituya a Sergio García Ramínez.

Los coordinadores consideraron que el marco para dar a conocer la agenda de las próximas cuatro semanas en San Lázaro es la junta de coordinación política que se celebrará este jueves.

Así, la minuta de decreto con reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Transparencia, será resuelta en los próximos días, con la finalidad de votarla antes del 30 de abril.

Dicha propuesta, enviada por el Senado de la República, contempla reformar 11 artículos de la Constitución federal y se propone que la composición del Ifai pase de cinco a siete comisionados. Además de otorgar plena autonomía al instituto, éste obtendría facultades para promover acciones de inconstitucionalidad. Es decir, se garantizaría que en los estados de la República, los congresos locales no aprueben leyes que atenten contra el espíritu de la Constitución.

De tal forma se garantizaría el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los ciudadanos, a través de un organismo público autónomo, con facultades normativas, operativas, de gestión, presupuestarias y de sanción; con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El instituto tendrá la facultad para realizar modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y para expedir el Reglamento de las leyes federales que se expidan en materia de archivos y datos personales.

Ni los funcionarios lo conocen

Así, a casi una década de haber sido creado, el Ifai no goza de reconocimiento popular y uno de sus mayores problemas es su falta de autonomía operativa y presupuestaria, lo cual supedita, en gran medida, las resoluciones que emite hacia las mismas autoridades que debería vigilar.

A fines del año pasado, la mayor parte de la ciudadanía no se había percatado de la labor del organismo; de hecho ni siquiera sabía de su existencia. De acuerdo con un sondeo elaborado por el propio Ifai, 77 por ciento de los mexicanos que participaron aceptaron desconocer qué es el instituto y sólo 19 por ciento respondieron saber algo sobre éste.

A esto se suma que ni siquiera los funcionarios públicos –de todos los niveles– están preparados para hacer valer la Ley de Transparencia actual o promover más eficacia en la colaboración con el Ifai. Según la encuesta denominada La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la información –la cual fue realizada por el organismo–, 19 por ciento de los funcionarios entrevistados dijeron no conocer las reglas para archivar la información o no saber si se utilizan. Por otro lado, 17 por ciento declararon no tener conocimiento acerca de la Ley de Transparencia, pero 95 por ciento consideran que ha tenido efectos positivos, como la transparencia y el acceso a la información.

Los usuarios del sistema de transparencia se hallan en un caso similar. Desde la creación del Ifai hasta el 31 de diciembre de 2011, se habían presentado 735 mil 170 solicitudes de acceso a la información; de ellas, el gobierno federal había respondido a 644 mil 270, mientras el instituto sólo había resuelto 39 mil 538 recursos de revisión presentados por los solicitantes.

Otro de los problemas más importantes es la información reservada. Si las solicitudes son más complejas, esto las hace cada vez más difíciles de responder y también las lleva a la frontera entre la información pública e información reservada. Estos conceptos en la ley deberán adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios y también paliar las deficiencias de la administración, porque la segunda razón por la que no se entrega información es la inexistencia de documentos.