Gabino Cué y Mareña renovables
contra ikoot y binnizá
Valentina Valle
La represión contra las comunidades organizadas que resisten a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec se ha expresado en las últimas semanas en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y ataques violentos de la policía estatal y de grupos de golpeadores contra las barricadas que los pobladores instalaron para impedir el acceso a las constructoras. Los primeros ecos de la resistencia se escucharon en enero, cuando se supo que la empresa Mareña Renovables estaba a punto de empezar el mayor parque eólico de México y uno de los más grandes de América Latina.
La compañía y el gobierno señalan que el proyecto de Mareña reducirá emisiones de dióxido de carbono hasta en un millón de toneladas por año, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que propone el uso supuestamente eficiente de la energía, la disminución del impacto ambiental de los combustibles fósiles y la conciliación de las necesidades de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales.
Estos proyectos ya invadieron cientos de hectáreas de territorio istmeño, y lo que los habitantes observan son miles de litros de aceite, utilizados para lubricar turbinas, que contaminan suelos y aguas; los miles de toneladas de concreto en las bases de los aerogeneradores, que obstruyen los mantos acuíferos, modifican el paisaje permanentemente y producen un alto nivel de ruido electromagnético.
A finales de enero de 2013, la Asamblea Popular de los Pueblos del Istmo, con el respaldo de una orden judicial que suspendió las obras, impidió la entrada de la empresa a la Barra de Santa Teresa. La respuesta del gobierno fue inmediata y violenta, y así continúa. El saldo de estos ataques es decenas de heridos y torturados, y la operación de grupos de pistoleros con mecanismos paramilitares.
La tensión no cesa. El 24 de marzo, policías y golpeadores intentaron disolver la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. A finales de marzo, el robo y allanamiento a Radio Totopo —emisora comunitaria adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona— en Juchitán, mostró que la represión continúa a través de múltiples estrategias. El 26 de marzo, la policía estatal intentó desalojar de manera violenta a la barricada que resiste al proyecto “Fuerza y Energía Bii Hioxho”, propiedad de la española Gas Natural Fenosa, en Juchitán.
La detención de Mariano López Gómez el 3 de abril, por un supuesto delito de extorsión —luego liberado por la presión de las organizaciones sociales—, y la orden de aprehensión contra Carlos Sánchez Martínez, coordinador de Radio Totopo, son indicadores de que las medidas represivas se fortalecen. La llegada de un avión de la Policía Federal el pasado 6 de abril a la ciudad de Oaxaca confirmó que la represión al movimiento social de 2006 continúa en estos “gobiernos del cambio”.
Los pueblos indígenas y las comunidades organizadas del Istmo saben que el panorama está lleno de dificltades. No es la primera vez que se tienen que defender. Saben que la defensa de la vida, el territorio, el mar y su gente es la única vía para existir como pueblos.
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