20 de abril de 2013     Número 67

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Colima y Jalisco

La Mina Peña Colorada Devasta Territorio Nahua


Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán FOTO: Archivo de Proyectos

Esperanza Salazar Zenil
Coordinadora de Bios Iguana, AC / Rema Colima

Aprovechando el conflicto territorial entre Colima y Jalisco, el Consorcio italo-argentino-indio Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV, perteneciente a la empresa Ternium-ISPAT y Mittal Steel, opera desde hace 44 años en total impunidad, causando severos daños ambientales, violando los derechos humanos de las comunidades indígenas nahuas y despojándolas de sus territorios, para explotar entre 250 y 300 millones de toneladas de hierro presentes en las entrañas de la Sierra de Manantlán, incluida la Reserva de la Biósfera.

La comunidad nahua de esta región –con altos índices de pobreza y marginación asociados a la explotación minera- ha sufrido históricamente un despojo paulatino. A decir del Consejo de Mayores de Ayotitlán, fue en 1920 cuando comenzó su desgracia. Ese año miembros de la familia Arias, de la cabecera municipal de El Mamey (ahora Minatitlán), Colima, asesinaron brutalmente a siete indígenas de Telcruz y Ayotitlán, Jalisco, en el Rancho Timbillos, y despojaron a sus familias de su tierra.

Para enero de 1963 el gobierno de Jalisco concedió a la comunidad nahua 55 mil 332 hectáreas. Ese mismo año, se publicó una resolución presidencial que cambió el régimen comunal por ejidal, dotándoles sólo de 50 mil 332 hectáreas. Fue apenas en 1977 cuando se ejecutó la resolución y por triquiñuelas de las autoridades de Jalisco y Colima sólo les fueron entregadas 34 mil 700 hectáreas.

Sin el consentimiento de las comunidades indígenas, el consorcio Peña Colorada fue creado en diciembre de 1967 como una paraestatal y en el gobierno de Carlos Salinas se privatizó. Oficialmente se encuentra registrada en el municipio de Minatitlán, Colima; sin embargo, con casi cinco mil hectáreas que abarca el enorme complejo -según el título de concesión 211011 renovado ante la Secretaría de Economía en 2000, con vigencia hasta el 14 de marzo de 2050- se ubica en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

Peña Colorada es una mina de tajo a cielo abierto que extrae 16 mil toneladas diarias de hierro, destruyendo cerros y contaminando miles de metros cúbicos de agua que utiliza para la transportación del material, a lo largo de 46 kilómetros de tubería que lo lleva al puerto de Manzanillo. Evita así el transporte terrestre y baja los costos de producción. Sin embargo, los costos ambientales y a la salud, se facturan a nombre de la comunidad indígena.

La minera ha incumplido los acuerdos de pago por arrendamiento, corrompiendo y controlando a autoridades municipales, estatales y federales. Ha provocado accidentes para desplazar a comunidades y así apropiarse de las tierras. Los indígenas sostienen que hay un cerco policiaco en los poblados de Las Pesadas y El Platanar para impedir su libre tránsito. Asimismo han denunciado el abandono del gobierno de Jalisco para brindar los mínimos servicios públicos, y cuando la comunidad hace cualquier trabajo para mejorar los servicios, la policía de Colima llega a detenerlos e intimidarlos.

En octubre del año pasado, indígenas de Cuautitlán y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron que esta empresa provocó un desastre ambiental y social, al romperse las cortinas contenedoras de los lodos y residuos tóxicos de la mina, los cuales inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades de Cuautitlán y Cihuatlán, desembocando en el Río Marabasco y contaminando la cuenca entera.

Los afectados declararon que sufrieron daños algunas viviendas de las comunidades de Los Potros y El Puertecito de las Parotas, además de que alrededor de 450 familias de poblados como El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado y La Piedra resultaron afectadas en la infraestructura de caminos o la pérdida de sus manantiales de agua potable. La denuncia, interpuesta ante autoridades ambientales, del agua, judiciales y de derechos humanos, no ha tenido respuesta.

Lakshmi Mittal, uno de los principales accionistas de Peña Colorada, figura en la lista de los hombres más ricos del mundo; la comunidad indígena de la Sierra de Manantlán aumenta su pobreza, así como la lista de asesinados, desaparecidos y amenazados por defender su territorio.

La lista de asesinados suma 35: Odilón de Jesús, Félix González, Juan Velázquez, Margarito Flores, Guadalupe Elías, Adán y Andrés Ciprián, Crescencio Chávez, Cirilo Villa, Abel y José Roblada, Rubén Fermín, Refugio, Melesio, Bartolo, Lucio y Ramiro Fermín, Felipe y Cleto Hermenegildo, Santos Prudencio Villa, Cleofas Aldama, Apolinar Flores, Espiridión y Gabino Jacobo, Francisco Quiñones, Nazario Aldama Villa, Concepción Gabiño Quiñones, Mancilla Roblada (hermano de Gaudencio), Avelino Monroy Sandoval, Alejandro Monroy de Níz, Raúl Delgado Benavides, Aristeo Flores Rolón, Miguel Delgado, Francisco Javier Nogales Núñez, Alberto Herrera Casillas, entre otros que seguramente no tuvieron la suerte de aparecer en algún medio.

Además hay tres desaparecidos: Agustín Mancilla Partida, Víctor Hugo Saldaña (visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos) y Celedonio Monroy Prudencio. Este último desde el 23 de octubre del año pasado fue secuestrado por encapuchados en su domicilio, en Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Celedonio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por defender su territorio de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados. Asimismo ha denunciado en medios nacionales desde hace años las violaciones de que ha sido víctima su comunidad por empresas mineras, principalmente Peña Colorada. Desde el día del secuestro su esposa, Blanca Esthela González Larios, teme por su vida, ya que recibe constantes amenazas de que correrá la misma suerte que Celedonio.

El 12 de septiembre de 2008 el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se llevó a cabo en Guatemala, emitió una resolución contra las autoridades mexicanas por la degradación del medio ambiente en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. El gobierno mexicano ha hecho caso omiso hasta ahora.

Jalisco

Sin freno, China saquea hierro mexicano


Terminal de minerales a granel del puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán.
FOTO: Alfredo Guerrero / Gobierno Federal

Alejandra Guillén

Las minas acaban con todo, hasta con la gente seria, le consta a don Lino Roblada que en 80 años ha visto cómo las empresas se tragan cerros, entierran ríos y compran líderes agrarios.

–Antes no se daba eso, la gente era más precavida. Ahora ya no quieren trabajar el cuamil, quieren su dinerito por puros sobornos de las empresas– reflexionan don Luis y don Lino, ambos integrantes del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán, de la comunidad indígena de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán).

Lo grave, piensa don Lino, es que ni en tiempos del general Marcelino García Barragán se veía tan fea la cosa: había matanzas de los que defendían el territorio, pero nunca se había visto que robaran gente, como sucedió con el líder ecologista Celedonio Monroy, a quien se llevó un comando armado el pasado 23 de octubre de 2012.

Estos tiempos “críticos”, como califica Gaudencio Mancilla, líder del Consejo de Mayores, están marcados por la crisis financiera global de 2008. El ex presidente Felipe Calderón le prometió al gigante asiático todas las facilidades para hacer “negocios”. Ese negocio ha sido la exportación de aproximadamente cuatro millones de toneladas de hierro anuales (en México se utilizan como máximo tres millones de toneladas).

“Prácticamente todo lo que se fue a Asia en 2010 y 2011 era ilegal, se extrajo sin contar con cambios de uso de suelo ni autorización de impacto ambiental. Incluso no tenían los títulos de las concesiones y aun así se exportó”, explicaba en agosto de 2012 el entonces subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Sergio Herrera Torres.

Don Lino ha visto de cerca la codicia china (y de otros actores locales que se benefician con este negocio). La primera vez que se le metieron a su cuamil tronaron el alambre, arrancaron el maíz, lo arrumbaron como cadáver, metieron maquinaria y reventaron el suelo con dinamita. Alcanzaron a sacar varios camiones cargados de oro, plata y hierro, pero la comunidad indígena de Ayotitlán alcanzó a detener la maquinaria y demandó por despojo. Días después, representantes de la empresa Gan-Bo fueron con don Lino para pedirle que firmara un contrato por 30 años. El documento estaba, literalmente, ¡en chino mandarín! El nahua los mandó a volar; él tiene claras las razones por las que defiende el territorio. “Imagínese cómo va a quedar esto si siguen con las minas. Van a acabar con el pueblo, van a acabar con nosotros. ¿Qué le vamos a dejar a la niñez que viene detrás de nosotros?”.

Las mineras siguieron apareciendo por aquí y por allá, en todo Cuautitlán de García de Barragán y en otros municipios de la costa sur de Jalisco. Incluso en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán (donde están grandes vetas de hierro) se llevó a ver gente armada sacando mineral para luego venderlo en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, de donde se exporta al puerto de Qingdao, en China.

El saqueo por parte de este país asiático alertó a las autoridades federales y en noviembre de 2011 comenzaron a pedir un sectorial (un requisito para controlara la exportación de bienes sensible) para el hierro: tenían que presentar una especie de acta de nacimiento y las autorizaciones ambientales de la mina de donde se extrajo el hierro.

Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Jalisco ha facilitado los permisos para minería: en 2011 autorizaron 68 estudios técnicos justificativos para exploración y seis manifestaciones de impacto ambiental; en 2012 se emitieron 33 estudios técnicos justificativos procedentes y 18 manifestaciones de impacto ambiental, el triple que el año anterior. Casi todas las solicitudes son para extraer hierro, y unas cuantas para barita, en los municipios de La Huerta, Cuautitlán, Villa Purificación, Tecalitlán, Pihuamo, Tapalpa y Ojuelos.

De acuerdo con el actual encargado de despacho de la Semarnat Jalisco, Isidro Lucio Virrueta, “sigue el boom del continente asiático en nuestro país, sigue teniendo mucha demanda, se han incrementado el número de solicitudes y autorizaciones para minería (…) De fondo hay un problema con la normatividad, porque es muy laxa en cuanto a minería a cielo abierto”.

En el negocio de exportación se ha detectado la incursión del crimen organizado. En 2010, en el puerto de Lázaro Cárdenas se detuvo a una célula de La Familia que vendió hierro ilegal a China. Además, hay testimonios de mineros locales que coinciden en que se le tiene que pagar entre uno y tres dólares por tonelada al líder del cártel de la región donde se hará la explotación, y desde 2012 también destinan 12 dólares por tonelada para las pocas empresas que tienen permiso de la Secretaría de Hacienda para exportar a China, de donde se embarcan 70 mil toneladas por viaje (la tonelada cuesta normalmente más de cien dólares).

En el sexenio de Felipe Calderón se cuadruplicó el territorio concesionado de Jalisco: la tercera parte está otorgada para minería. Asimismo, del Eje Neovolcánico, es el estado con mayor número de concesiones, particularmente en la región Valles y Costa Sur.

El boom lo sigue resintiendo Ayotitlán (ubicado a poco más de una hora del puerto de Manzanillo). Desde que entró el nuevo gobierno municipal del PRI, “aparecieron” cinco minas nuevas. El Consejo de Mayores ha propuesto que se realicen rondas de vigilancia de los recursos naturales, pero el gobierno municipal ha operado para desprestigiar a los que aún creen que no pueden entregar su territorio por unos cuantos pesos.

–Por acá anda rondando mucho mascarudo, asaltantes… sería grave que siga así la cosa –reflexiona don Lino, espigado, sombrero calado y camisa negra con rayas blancas, a quien a principios de marzo le volvieron a desmontar el cultivo para empezar a sacar otra vez minerales.

El problema es que parece que a Cuautitlán volvió un PRI similar al del general García Barragán: quieren desactivar al Consejo de Mayores porque es el que se resiste al despojo de este territorio que les pertenece ancestralmente.

Durango

¡Sí a la tierra, no a la violencia!

Alejandra Ancheita Directora ejecutiva de ProDESC / Rema www.prodesc.org.mx


FOTO: Archivo

La lucha del ejido La Sierrita de Galeana es ejemplo de cómo muchas comunidades en México son orilladas a aceptar la explotación minera en sus tierras por empresas mineras trasnacionales. Sin embargo, también muestra cómo la lucha organizada e informada puede ser una alternativa de recuperación de las tierras a pesar de la complicidad gubernamental con la inversión extranjera.

“La Sierrita”, ubicada en el municipio de Tlahualilo, Durango, cuenta con 127 ejidatarios y más de seis mil hectáreas, de las cuales dos mil 691 son de uso común. La mayor parte de la población son mujeres, niños y adultos mayores. Dada la falta de oportunidades laborales y el alto grado de pobreza de la zona, los hombres en edad de trabajar han emigrado hacia ciudades cercanas.

El acceso a la educación es insuficiente: sólo hay un salón para los tres niveles de preescolar, uno para los seis de primaria y uno más para los tres de la tele-secundaria. Además el pueblo ejido carece de atención médica, agua potable y drenaje.

Minera Excellon de México, SA de CV es una subsidiaria de Excellon Resources, de Canadá. Actualmente tiene una mina en el municipio de Mapimí, Durango. Excellon México entró a explorar en el año 2000 y sus minas están referidas en su página web como las propiedades Platosa/Saltillera, a 40 kilómetros al norte de Torreón. Las operaciones en México de Platosa/Saltillera son las únicas de Excellon Canadá.

En mayo de 2004 en asamblea general ejidal, se aprobó el arrendamiento de cuatro hectáreas de tierra de uso común por 300 mil pesos por hectárea por un término de 30 años (un millón 200 mil pesos en total) a Minera Excellon de México. Sin embargo, sin voluntad otorgada por la asamblea general, en otra reunión representantes del comisariado ejidal firmaron un contrato por el arrendamiento de 27 hectáreas a Excellon por 30 años por el precio de las cuatro hectáreas autorizado por la asamblea.

Tres años después, en febrero de 2007, la minera ofreció al ejido “comprar” otras dos mil 700 hectáreas pero pagándoles únicamente mil 100 hectáreas a 25 mil pesos cada una. Los ejidatarios esta vez decidieron defender sus tierras y entrar en un proceso de renegociación para el aprovechamiento y el uso de sus tierras por parte de la mina, mantenerse con dignidad y no permitir que los amenacen con expropiarles las tierras si no se las vendían.

Después de varios intentos fallidos para entablar un diálogo y acciones sociales por parte de la comunidad, el vicepresidente de la empresa viajó a Durango para negociar un contrato de ocupación temporal que establecía lo siguiente:

Se logró un contrato justo que incluye los siguientes puntos: 1) La ocupación temporal de mil hectáreas por 30 años con el pago de cinco mil pesos por hectárea; 2) El pago de un fondo por parte de la empresa para obras, servicios y proyectos de índole social; 3) El otorgamiento de 700 mil acciones comunes por la transmisión del dominio de las 27 hectáreas; 4) El reintegro al ejido de las hectáreas que se encuentran en ocupación temporal por parte de la empresa una vez que termine su operación minera; 5) El derecho de preferencia para otorgar empleo a los pobladores del ejido; 6) El otorgamiento a favor del ejido de concesiones; 7) Implementación de programa de becas escolares; 8) Instalación de planta tratadora de agua.

Sin embargo, desde la firma del contrato en 2008 las únicas cláusulas que cumplió la empresa fueron las relativas a los pagos de la renta, el fondo social y las becas escolares. En 2010 y 2011 las y los ejidatarios decidieron realizar, con el apoyo del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) -organización de derechos humanos que les acompaña desde el 2007- un reordenamiento territorial en donde identificaron las posibilidades de impulsar una serie de proyectos productivos que dependan sólo de los bienes naturales que se encuentran en su tierra.

Como resultado de tal reordenamiento, los ejidatarios emplazaron a Excellon a una mesa de revisión del contrato de ocupación temporal firmado en 2008, debido a que se identificaron incumplimientos a la mayoría de las cláusulas.

Pero Excellon se rehusó a dialogar, a pesar de que está obteniendo millones de dólares por la plata extraída a un costo mínimo y sobreexplotando la tierra y a los trabajadores de la mina. En julio de 2012 los ejidatarios decidieron establecer un plantón pacífico a la entrada de la mina para protestar por las violaciones a sus derechos humanos; ahí estuvieron más de tres meses. La empresa contrató golpeadores, y financió una campaña de desinformación sobre el movimiento del ejido, provocando tensión social en las comunidades cercanas a la mina.

El gobierno de Durango y Secretaría de Gobernación a nivel federal sólo intervinieron para presionar a los ejidatarios para que se retiraran del campamento con el argumento de que estaban afectando la inversión extranjera.

Después de una serie de ataques físicos para debilitar el campamento pacífico, el 24 de octubre 2012, alrededor de las 6:30 de la mañana, llegaron 180 provocadores miembros del Sindicato Minero Metalúrgico, Siderúrgico Don Napoleón Gómez Sada, armados con palos y piedras en cinco camiones de ruta suburbana y en un camión propiedad de Excellon Resources, Inc. Con maquinaria pesada destruyeron y quemaron el campamento, para abrir el paso. Robert Moore, director de Operaciones de la trasnacional, participó directamente en estas acciones quitando el cerco de alambre que resguardaba el campamento.

A partir de este hecho el ejido decidió rescindir el contrato de ocupación temporal ante el Tribunal Agrario. El juicio ha iniciado ya y los y las ejidatarias han comenzado a implementar los proyectos productivos identificados en su reordenamiento territorial con el convencimiento de no expulsar a la empresa Excellon de sus tierras. Han decidido decir no a la violencia que la industria minera ha traído a su vida y un sí a su derecho a desarrollarse a partir del bienestar y respeto de su propia tierra.

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