Opinión
Ver día anteriorLunes 29 de abril de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Reforma financiera
León Bendesky
E

l sistema financiero debería cumplir una función clave en el proceso de crecimiento de la economía. Esto no siempre ocurre. Hoy en México es un tema abierto de discusión el bajo nivel de acceso al crédito y, en particular, para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El crédito y, en general, los diversos instrumentos de financiamiento de la producción y del consumo son elementos que permiten movilizar los recursos materiales y generar empleos.

Son una forma de adelantar las decisiones de inversión y de consumo y, por lo tanto, es necesario que existan o se creen las fuentes de repago cuando los compromisos con los acreedores llegan a su vencimiento.

Una de las cuestiones básicas acerca del crédito es por qué los que prestan lo hacen y por qué los que deben pagan. Una respuesta formal es que existe un contrato que ampara los créditos, los cuales deben estar sustentados por un sistema legal que haga posible validarlos.

Pero esto no es suficiente para que el mecanismo del crédito funcione de modo eficaz. Esta es una actividad basada esencialmente en los riesgos, en cómo se estiman y clasifican, de ahí se deriva la formación de reservas y la constitución del capital para preservar la estabilidad de las instituciones financieras y del sistema en su conjunto.

Puede tenerse un sistema bancario sólido sin que eso se exprese en más disponibilidad de crédito, especialmente cuando la composición del sistema es muy diferenciado, es decir, con una fuerte concentración en unos cuantos y, además, cuando son de propiedad extranjera.

Es ahí donde se establece una relación compleja en el contexto de la regulación y la supervisión. Todo esto es parte de las cuestiones que se debilitaron y que llevaron a la crisis financiera de 2008, que aún marca la actividad del sector en el mundo.

Estos asuntos conforman las pautas que definen el proceso de crédito tanto por el lado las cantidades que se ofrecen como de las que se demandan en los mercados. Además de que inciden de manera directa en los costos: tasa de interés, comisiones y otras condiciones. El crédito para ser efectivo tiene que ser suficiente, accesible, a plazos que lo hagan útil para ambas partes, y oportuno. Los mecanismos de fijación de las cantidades y los precios son muy específicos en el sector financiero y esa es una fuente de distorsión relevante del mercado.

En este sentido, el caso de México padece muchas de esas distorsiones que lo hacen poco eficaz. Por ello es que el crédito al consumo o el de nómina crece mucho más rápido que el destinado a la producción. Es, finalmente, un asunto de rentabilidad. Los bancos, en especial los más grandes, son muy rentables pero no por ello eficientes en la asignación del crédito.

La reforma financiera que propone el gobierno se dirige a aumentar la cantidad de crédito y a reducir los costos. Consiste de 14 iniciativas que modificarían 38 leyes y uno de sus objetivos es crear un marco jurídico que lo sustente. En palabras del secretario de Hacienda: Se trata de generar las condiciones institucionales para el cumplimiento de los contratos mercantiles, la ejecución de garantías y la ordenada resolución en los casos de concurso mercantil.

Ese es un factor relevante, pero el sistema financiero opera en el marco de lo que se puede llamar su arquitectura. La reforma no podrá ser integral, en el sentido de ampliar las fuentes de financiamiento, si no considera de modo explícito en sentido de esa arquitectura en términos de su estructura y su diseño, o dicho de otro modo, de su funcionalidad sistémica.

Se trata, sin duda, de un sistema complejo, pues involucra distintas líneas de causalidad. Hay una amplia serie de efectos de índole positivo y negativo que ocurren cuando entran en contacto los acreedores y deudores, hay factores que dilatan las decisiones de crédito y, sobre todo, las acciones de la política pública para regularlo. Las interconexiones pueden identificarse y advertir las repercusiones de las decisiones que se toman por cada uno de los agentes que participan. Ahí debe insertarse el debate técnico, institucional y político de la reforma financiera.

El sistema financiero está dominado por los bancos, pues ahí está la mayor parte de los recursos y de los mecanismos para prestar. Pero una reforma de envergadura no puede dejar de lado otros canales como el mercado de valores, las sociedades de inversión o el conjunto de las instituciones que operan en el sector de las finanzas populares.

Un mapa de la arquitectura del sistema financiero del país muestra claramente la intrincada red de relaciones que existen y que abarcan tanto a distintos segmentos del sector privado –que ha ido cambiando significativamente durante la última década–, como al propio gobierno y su política financiera y fiscal y, también, a los diversos segmentos del mercado como los que hay en una economía tan desigual como la mexicana. En ese sentido, ignorar la arquitectura y su carácter sistémico hará que la reforma sea muy parcial y sus efectos limitados.

Hay dos cuestiones adicionales que considerar al respecto. Una se advierte en las estimaciones más recientes sobre la informalidad económica que, según los datos oficiales, abarca a 60 por ciento de la población económicamente activa. La otra se aprecia en los resultados recientemente publicados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2012) y lo que ella dice del reducido acceso al crédito, del poco conocimiento de la población de los servicios y las condiciones del endeudamiento y de las instancias de defensa como la Condusef. La mayor parte de la gente se sigue financiando de modo tradicional: familia, amigos, tandas y prestamistas informales.

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