Opinión
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Ley Minera: cambios insuficientes
Napoleón Gómez Urrutia
L

a Cámara de Diputados aprobó en su sesión plenaria del jueves 25 de abril diversas modificaciones fiscales que en teoría implican crear una nueva y más alta contribución económica de las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, que de atenerse a los postulados de la iniciativa legislativa aprobada, darían por resultado una mayor aportación de esas compañías a la Federación, así como a los estados y municipios donde se realiza la explotación de los recursos minerales, lo cual ocurre en concesiones que abarcan más de 26 por ciento del territorio nacional.

Por 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, los diputados aprobaron la iniciativa presentada por dos diputados del PRI el 12 de marzo pasado, en la cual se plantean modificaciones a la Ley Minera y de Coordinación Fiscal, que autorizan al gobierno federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas de las empresas mineras. Los 77 votos en contra fueron de los diputados del Partido Acción Nacional, que siempre se han significado por ir en contra de las necesidades primordiales de las clases populares del país, y aunque argumentaron cuestiones de procedimiento, es evidente que se pusieron en la defensa extrema de las exorbitantes utilidades de las empresas mineras.

De acuerdo con ese proyecto aprobado de cambios, el 5 por ciento de la utilidad neta que obtengan las empresas mineras se dividirá en 30 por ciento para la Federación, en tanto que el 70 por ciento restante de esa recaudación se destinará a estados y municipios en los que se desarrolla la explotación y la obtención de sustancias minerales. Hay actividad minera diversa en 24 estados de la República, destacando por sus volúmenes Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Durango.

Esta aprobación deberá pasar al Senado de la República para su modificación o ratificación. Hasta el pasado martes 30 de abril, límite de tiempo que impone la agenda del Poder Legislativo, no fueron realizados todos los trámites legislativos conducentes a su desahogo total.

Como quiera que sea, se trata de un mínimo adelanto respecto de la situación de caos y desorden que por obra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari prevaleció en la privatización del sector minero y siderúrgico, y que sólo ha beneficiado a las empresas y no ha reportado casi nada al Estado ni a los trabajadores mineros ni a las poblaciones en las que se realiza la actividad extractiva o industrial. Las cuantiosas utilidades que esas compañías obtienen por la explotación de las riquezas del subsuelo del país, que son propiedad de los mexicanos, sólo en 2011, sin contar los años previos, ascendieron a 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía, lo que indica el tamaño de la inversión minera en México, tanto de nacionales como de extranjeros.

Las cifras de esta desmesurada situación son conocidas. Las empresas del ramo minero no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, y se les cobra sólo por la extensión de los terrenos que explotan, lo cual ha sido considerado por diversos analistas como un despojo vil contra la nación. En general, las empresas pagan de 5 a 11 pesos por hectárea concesionada, que son precios ridículos, si se piensa que más de la cuarta parte del territorio nacional les está concesionada por el Estado, o sea, más de 50 millones de hectáreas, lo cual da unos resultados terriblemente bajos respecto de lo que en otros países pagan las compañías mineras por este concepto.

De aprobarse por el Senado, ahora se les impondrán contribuciones sobre las cuantiosas ganancias obtenidas en la producción, o regalías, que a pesar de su limitación, ya significan un avance respecto de la anterior situación, en la que México desde el sexenio de Salinas de Gortari ha pagado ínfimas cantidades en comparación con otros países, que en Australia fueron hasta de 10 por ciento; en Chile hasta 5 por ciento; en Rusia hasta 8 por ciento; en Estados Unidos hasta 12 por ciento y en Canadá hasta 17.5 por ciento.

Habrán de hacerse avances de mayor consideración en el futuro, para ajustar a las empresas mineras a los intereses reales del país. No es posible que México siga subsidiando a los empresarios mineros de la forma abusiva en que éstos lo han hecho hasta hoy, quedándose ellos para su beneficio con las ganancias de los minerales extraídos, depredando la ecología, dejando sin agua a las poblaciones, despojando a los habitantes de toda posibilidad de desarrollo en sus comunidades, manteniendo oprobiosos niveles de miseria y necesidad. Y todavía actúan con insensibilidad y arrogancia contra los derechos laborales y humanos.

Estas modificaciones a la Ley Minera vigente no incluyen el debido y obligado respeto a la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo. Si se quiere que haya un verdadero cambio en la industria minera, tales modificaciones no pueden dejar de contener, entre otras cosas, la penalización de la negligencia criminal de los empresarios, que con su insensibilidad y desprecio hacia los trabajadores provocan tragedias como la de Pasta de Conchos en 2006, y muchas más que antes y después ocurrieron.

Desde ese tiempo he venido planteando que se promulgue una ley que sancione penalmente, hasta con cárcel, a los empresarios que cometen homicidio industrial como el mencionado. Es imprescindible que, como lo denota la bienvenida propuesta de la senadora Dolores Padierna de legislar en ese mismo sentido, se castigue ejemplarmente a los dirigentes de compañías que cometen este delito de comisión por omisión, según también se le denomina. No es posible que se siga jugando irresponsable e inhumanamente con la seguridad y la vida de nuestros trabajadores.

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