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Proyectos que fueron anunciados con bombo y platillo hoy lucen abandonados

Villas rurales y ciudades sustentables en Chiapas, ejemplos de despilfarro y corrupción

Sólo provocaron divisiones comunitarias, pérdida de tierras y frustración de los campesinos

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Vista de una de las empinadas calles en la ciudad rural sustentable Santiago el Pinar, la cual está prácticamente deshabitada a más de un año de su inauguraciónFoto Hermann Bellinghausen
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 5 de mayo de 2013, p. 19

San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de mayo.

La fallida villa rural (VR) Emiliano Zapata, en el noroeste de Chiapas, cerca de la reserva ecológica El Ocote, constituye hoy, junto con la mucho más publicitada ciudad rural sustentable (CRS) en el municipio tzotzil Santiago el Pinar, un ejemplo tangible de cómo la ilusión propagandística tropieza con la prueba del ácido de la realidad. Las promesas incumplidas, las divisiones comunitarias, la pérdida parcial o total de tierras para las poblaciones presuntamente beneficiadas, y sobre todo la final inexistencia o inoperancia de las anunciadas urbanizaciones, desnudan no sólo la distancia entre la propaganda y los hechos, sino que implican un despilfarro de dinero y trabajo en la cual asoman evidencias de corrupción.

La frustración de los campesinos se expresa en la hoy semidemolida casa de demostración que, tras complicadas negociaciones, habían edificado con apoyo gubernamental los integrantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) a orillas de la carretera en Tecpatán (hoy municipio de Mezcalapa) hace un par de años. A pesar de que los campesinos lograron que las autoridades respetaran sus condiciones y todo parecía encaminarse a una experiencia inédita de autoconstrucción y cierta autodeterminación de las comunidades organizadas, los malos manejos financieros y los deliberados descuidos gubernamentales llevaron a la división de la OPEZ, quedando 110 familias en la organización mientras otras 123 prefirieron someterse a los lineamientos oficiales, y formaron la Asociación Paz y Libertad.

Enfrentados y derrotados hoy, unos y otros intentan conservar los restos del ambicioso proyecto en condiciones no sólo de desencanto sino también de elevada marginación. La casa modelo fue destruida a golpe de marro y frustración; es hoy un monumento al fracaso.

La Jornada también recorrió esta semana la CRS de Jaltenango y Santiago el Pinar. La primera, en la región Frailesca, fue inaugurada en 2012 y, aunque la gente no tiene trabajo en su mayoría, faltan servicios médicos y los niños van a la escuela en el mercado (aún sin funcionar), está totalmente habitada y los pobladores se manifiestan agradecidos con el ex gobernador Juan Sabines porque nos regaló una casa, como expresó una madre de familia.

En cambio, en Santiago el Pinar la vista es desoladora. La CRS está abandonada, muchas casas saqueadas, y de todos modos no parece apta para familias con niños. Se ubica en una escarpada ladera, y los materiales de construcción no están resistiendo las condiciones climáticas de la localidad.

En el estudio Las ciudades rurales chiapanecas: ¿el fin de la dispersión y la pobreza o formas novedosas de control social?, Dolores Camacho Velázquez, investigadora del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste (Proimmse) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exponía en 2012: A excepción del zapatismo, la mayoría de las organizaciones campesinas históricas han dejado de luchar y resistir, y se enfrascaron en una dinámica de exigencia de recursos para proyectos productivos enmarcados en la reconversión productiva, que implica dejar de producir sus propios alimentos y sembrar lo que el mercado requiere. Ya no participan en la elaboración de proyectos de acuerdo a sus necesidades, sólo exigen lo que se ofrece. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la OPEZ, entre otras, han abandonado la lucha por el derecho a la tierra y la defensa de los cultivos tradicionales.

La lucha de los integrantes de la OPEZ afectados por las inundaciones del río Grijalva en 2007 en Tecpatán pudo ser una excepción. A la vista de lo que queda del campamento de desplazados y de la fallida VR, es claro que no hubo tal, y la organización sufrió un revés. El proyecto fue producto de las concesiones del gobierno a la OPEZ por sus presiones, pero se le presentó como ejemplo de política pública democrática y participación ciudadana.

Las ciudades rurales, inicialmente programadas para atender a los damnificados de Ostuacán y Tecpatán, se acomodaron a la estrategia de desarrollo rural que implicaba una reorganización poblacional y productiva en el Plan de desarrollo del gobierno de Chiapas 2006-2012. El desastre natural permitió impulsarla con las CRS, dentro de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU.

En 2009 fue inaugurada la CRS Nuevo Juan Grijalva para más de 400 familias damnificadas que llevaban casi dos años en campamentos. Al fin tuvieron casa, aunque para recibirla debieron renunciar a sus tierras. Según la publicidad oficial, estas personas ahora sí tendrían acceso a salud, educación y trabajo digno, “sin reparar en que los campesinos que allí vivirían –no por decisión propia– preferían su vida anterior, en casas sencillas pero amplias, en medio de grandes terrenos con árboles y todo tipo de semillas y frutas propias, y animales de patio para alimentarse, cerca de los terrenos de labranza donde obtenían lo necesario para comer y vender”.

Camacho encontró que dicha ciudad no tiene vida, los proyectos de invernaderos no funcionaron y los hombres volvieron a trabajar las tierras abandonadas o migran en busca de trabajo, las clínicas no tienen medicamentos, las casas fueron elaboradas por material no propicio para la zona”. Los nuevos habitantes le dijeron: La ciudad se ve bonita y una casa no la despreciamos, pero así no se puede vivir en el campo.

El gobierno mantuvo su entusiasmo por el proyecto, desestimó las críticas y derrochó cantidades enormes para promoverlas mediáticamente. En 2008 creó el Instituto de Ciudades Rurales Sustentables, que en 2009 se fusiona con el Consejo Estatal de Población, originando el Instituto de Población y Ciudades Rurales.

Pronto, Santiago el Pinar, municipio tzotzil en los Altos fue elegido por tener el menor desarrollo humano de Chiapas. La ubicación y forma de construcción demuestra lo poco redituable de la inversión; son casas de no más de cinco por cinco metros en terreno serrano y en tiempo de lluvias será complicado vivir ahí: es un fracaso más. Para otra CRS, prácticamente concluida en Ixhuatán, se espera el mismo destino.

Hoy, ante los altos costos invertidos, Camacho Velázquez se pregunta en entrevista: ¿Qué objetivos hay atrás de estos proyectos? ¿Por qué la CRS de Santiago el Pinar se construyó en un lugar donde a nadie parece interesarle, con modelos de construcción que no resisten una prueba de utilidad real? Si realmente la intención es abatir los rezagos, ¿por qué hacerlo con estrategias que claramente van al fracaso? Los grupos sociales que se oponen a estos proyectos tienen la respuesta: corrupción, negocio y mercado.

La investigadora concluye que estas políticas de desarrollo son estrategias para el control de los grupos marginados, pues en localidades que dependen del mercado y los proyectos gubernamentales, resultan imposibles la organización y la resistencia.

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