Opinión
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INEE constitucional, ¿autonomía, para qué?
Miriam Sánchez Hernández*
E

l Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se creó en 2002, en la administración panista de Vicente Fox, con la consideración de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se propone hacer de la educación el gran proyecto nacional y que el instituto contribuiría a tan loable, pero malograda aspiración.

Se creó como un organismo público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo era ofrecer a las autoridades educativas federales y locales, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran sus correspondientes sistemas educativos.

Diez años después, en 2012, Felipe Calderón emite el decreto por el cual se modifica su estatus y a partir de esa fecha es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que conserva su papel de órgano consultor. Es decir, pasa de ser sectorizado a no sectorizado, lo que lo coloca en una posición similar a Ifai, Conacyt o IMSS.

En la ceremonia en que Calderón hacía el anuncio, Elba Esther Gordillo, quien le acompañaba, declaró que el sindicato, por medio de su representación legislativa ha iniciado la gestión de una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la creación de un organismo de evaluación autónomo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El fundamento de tal decreto, tomado de la OCDE (2011), era que “México debe concentrarse en las ‘tres E’ para implantar un sistema de evaluación educativa más eficaz. Es necesario medir el éxito de los esfuerzos educativos a partir de los resultados de aprendizaje de los alumnos. Al mismo tiempo que se fortalezcan el sistema, será indispensable contar con más herramientas de medición y evaluación”. Es decir, lo principal era la eficacia, no la equidad ni la justicia.

En 2013, Peña Nieto da continuidad a las intenciones de la OCDE, que en turno inició Fox y continuó Calderón y su aliada Gordillo, mediante la modificación al artículo tercero, en el que se incluye la fracción IX que dice que El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Lo que lo dota de un estatus similar a Banxico, CNDH, IFE o Inegi.

El 30 de abril, el Senado entregó el nombramiento como integrantes de la Junta de Gobierno del INEE a Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho González, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Margarita María Zorrilla Fierro y Sylvia Irene Schmelkes del Valle.

Pero, ¿a quién le sirve el INEE constitucional? Veamos.

En primer lugar es evidente que la reforma educativa al artículo tercero no es una iniciativa de Peña Nieto. Cambian los sexenios, los partidos, los presidentes y los líderes sindicales. Permanecen las directrices de la OCDE.

Ahora bien, ¿para qué elevarlo a rango consitucional? Ya como organismo no sectorizado tenía una gran autonomía, era suficiente para cumplir sus objetivos. De aquí surgen otras preguntas, ¿qué papel juega la SEP?, pues la Ley General de Educación (LGE) no contempla que organismos constitucionales formen parte del Sistema Educativo Nacional (SEN). ¿Se modificará la ley y se incluirá en el SEN o su autonomía lo colocará fuera de éste?

En cuanto a las responsabilidades, la misma ley dice que es competencia exclusiva de las autoridades educativas federales evaluar el SEN y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar (Art. 12 fr. XII y 29 de la LGE). La SEP ha tenido tal responsabilidad, pues ha sido la autoridad federal para tal fin, ¿el INEE será el organismo federal al que le corresponda evaluar en lugar de la SEP? ¿Qué hará uno y otro frente a la evaluación y cuál será la responsabilidad y la relación entre una secretaría y un instituto constitucional? ¿La SEP podrá solicitar, mandatar, rechazar, obedecer? Según la reforma del artículo tercero el INEE no tendría que consultar a la SEP para firmar acuerdos y convenios nacionales e internacionales. ¿Será la vía rápida de la OCDE para implantar sus políticas sin la intermediación ni opinión de la SEP y del SNTE?

Sobre la junta de gobierno que lo dirigirá, al menos tres de sus miembros, precisamente los que tuvieron casi el voto unánime de los senadores, sin ninguna opinión de la sociedad, han servido al gobierno panista, a la OCDE y a Mexicanos Primero. Así, Margarita Zorrilla (94 votos), fue fundadora del INEE y directora general antes de la actual reforma y miembro del consejo asesor de la OCDE sobre políticas de evaluación e incentivos docentes en México, quien permanecerá por cinco años. Silvia Schmelkes (92 votos) permanecerá en la junta por siete años, de los cuales, los primeros cuatro fungirá como presidenta y podrá relegirse. Ella tuvo cargos en la SEP durante las dos administraciones panistas, ha tenido puestos de alta dirección en la OCDE y perteneció al consejo académico de la organización privada auspiciada por los grandes empresarios de México, Mexicanos Primero, que ha ridiculizado y denostado a los maestros y orquestado un ejercicio de máxima violencia al acosarlos mediáticamente y mentir a la sociedad. Backhoff (91 votos) también ha sido asesor de esta organización empresarial. Él permanecerá cinco años en la junta de gobierno del INEE. Sería interesante saber en qué consistió la asesoría de ambos.

¿Cuáles son los criterios por los que los eligieron? No se sabe. Pero es evidente que se busca la continuidad y el acatamiento de las recomendaciones de la OCDE y del gran capital nacional. Y aunque Schmelkes dice que su participación en esos organismos no la compromete, sino que han sido espacios de aprendizaje, lo que preocupa no son sus compromisos, sino sus aprendizajes y, sobre todo, sus convicciones.

Nace así, un instituto constitucional, paradójicamente, sin autonomía, al servicio y dependiente de la OCDE y de Mexicanos Primero.

*UACM