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Pese a que fue cerrado en 2012, crece incidencia de cáncer, males pulmonares y de piel, alertan ONG

Incinerador de Cemex provoca afecciones en 30% de habitantes de Huichapan, Hidalgo
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En imagen de archivo, el incinerador de la planta Cemex de Huichapan, Hidalgo, que funcionó de mediados de los años 90 a septiembre de 2012, el cual generó daños a la salud de los pobladores cercanosFoto La Jornada
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 14 de mayo de 2013, p. 32

Pachuca, Hgo., 13 de mayo.

Ambientalistas de organizaciones internacionales alertaron sobre el incremento de casos de cáncer y enfermedades broncopulmonares en la comunidad de Maney, municipio de Huichapan, como secuela de la contaminación que dejó el incinerador de la cementera Cemex.

La Alianza Global para Alternativas a la Incineración de Residuos Urbanos Sólidos (GAIA por su nombre en inglés), con presencia en 80 países y dos años de trabajos en Hidalgo, señaló que pese a que el incinerador de Huichapan dejó de funcionar, pobladores de Maney sufren afecciones.

El biólogo Jorge Tadeo Vargas Juvera, coordinador de la campaña contra la incineración de residuos en plantas cementeras, promovida por GAIA, dijo a La Jornada que según las encuestas en Huichapan, 30 por ciento de su población, unos 13 mil 200 habitantes, tiene padecimientos broncopulmonares, cardiacos, de piel y de cáncer.

Dijo que por las presiones de la organización Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente para que el gobierno del estado, el incinerador de residuos sólidos que funcionaba desde mediados de los 90 en Huichapan, cerró en septiembre de 2012. El de Atotonilco de Tula continúa funcionado.

El gobierno capitalino paga a diario a la empresa cementera en cuestión 300 pesos por cada tonelada de basura transportada y quemada en sus incineradores, refirió.

Manifestó que llantas, baterías de autos, desechos electrónicos (monitores y cerebros), cassetes y discos piratas, plástico, desechos biológicos infecciosos, metales pesados y plaguicidas forman en los incineradores un cóctel de gases tóxicos que han causado estragos en la salud de la población”.

Vargas, junto con Mariel Vilella, integrante del equipo de biólogos y ambientalistas de GAIA, es autor de un estudio sobre las consecuencias de la clausura del tiradero Bordo Poniente, consideró que hasta ahora no hay respuesta de la cementera a la demanda de reparación de daños, pues, al gobierno estatal le ha faltado fuerza para aplicar la ley ambiental y la empresa se ha pasado de lista.

Tuvimos reuniones con el ingeniero Javier Calderas, gerente regional de Cemex y siempre se mantuvo cerrado a considerar los daños por la incineración de basura, argumentando que la cementera no ponía en peligro a nadie.

Comentó que Hidalgo cuenta con una Ley de Protección al Ambiente que prohíbe tanto la incineración de basura como la transportación de residuos no producidos en la entidad; sin embargo, a diario recibe del Distrito Federal 15 mil toneladas de desechos, de las cuales 12 mil tenían como destino los hornos de Huichapan y 2 mil los incineradores de Atotonilco.

En tanto, habitantes de San Agustín Tlaxiaca, municipio aledaño a Pachuca, mantienen desde hace algunos días una lucha contra la apertura de un relleno sanitario en los límites con Zapotlán, que los ha llevado a cerrar la carretera México-Nuevo Laredo.