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Están acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva

Jefes militares presos demandan en conjunto que les dicten sentencia
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de mayo de 2013, p. 15

Los cinco militares acusados junto con el general Tomás Ángeles Dauahare de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva solicitaron de manera conjunta el cierre de instrucción de su proceso penal.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación indicaron que una vez que la solicitud sea aceptada por el juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar sus conclusiones.

La defensa del general Roberto Dawe González, dijo que su cliente tiene confianza en que la PGR presentará conclusiones no acusatorias. Su posición será la misma que con el general Tomás Ángeles Dauahare, al haber quedado demostrado que los testigos mintieron, afirmó el abogado José Ordóñez.

Los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, fueron coacusados del general Ángeles y enfrentan un proceso penal por delincuencia organizada, tras haber sido detenidos en mayo de 2012 y pasar 80 días bajo arraigo.

El pasado 17 de abril, el general Tomás Ángeles obtuvo su libertad absoluta, luego de que la PGR entregara conclusiones no acusatorias, porque la PGR no pudo acreditar las imputaciones hechas por testigos protegidos, los mismos que inculparon a los otros militares que actualmente solicitan que se cierre su juicio y se les dicte sentencia.

Un día después de recuperar su libertad, Ángeles Dauahare, quien fue subsecretario de la Defensa Nacional, declaró a La Jornada que en la PGR presionaron de una manera ruin y cobarde a Dawe, Escorcia e Iván Reyna para que firmaran declaraciones que el Ministerio Público ya tenía elaboradas, porque querían que nos acusáramos unos a otros.

El proceso penal que se sigue a los cinco militares se inició con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la cual se abrió durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez como titular de la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, ahora Seido).