Santiago de Anaya, Hgo., 16 de mayo.

Cuernavaca, Mor. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Martínez Garrigós, retó al gobernador Graco Ramírez a que lo denuncie penalmente si tiene dudas sobre el manejo de recursos públicos cuando fue presidente municipal de Cuernavaca, pero que no se le olvide que su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda tomaba la mayoría de las decisiones sobre obras públicas y fue quien recomendó los servicios de la empresa Padimex, que defraudó al ayuntamiento. La disputa entre Martínez Garrigós y Ramírez se inició el lunes pasado, cuando el primero se retiró de la mesa Los derechos ciudadanos, a la cual convocó el gobierno estatal, con el argumento de que el Sistema de Radio y Televisión de la entidad y el Diario de Morelos hostigan y calumnian al dirigente priísta por órdenes del titular de la Secretaría de Información y Comunicación local, Jorge López Flores, ex director del rotativo citado. Graco Ramírez negó que su vocero esté detrás de la supuesta campaña y aseguró que Martínez Garrigós tiene una clara y notoria conducta como ex presidente municipal. En la administración de Martínez Garrigós –cuando la deuda de Cuernavaca se elevó de 30 a mil 300 millones de pesos–, el hijastro de Ramírez fue secretario general y secretario de Desarrollo Social.

Nuevo Laredo, Tamps. Acompañado de cientos de simpatizantes, Carlos Montiel Saeb, se registró ayer ante el Instituto Electoral de Tamaulipas como candidato a presidente municipal de la ciudad por el PRI. Lo acompañaron su candidata suplente, Rosa María Alvarado Monroy, y los aspirantes a diputados Viviano Vázquez, Cristabell Zamora y Fernando Castillo. Para contender por el mismo cargo se inscribieron ante esa misma instancia Carlos Canturosas Villarreal y Rubén Bazán Ancira por el PAN.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 11/2013, dirigida a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la detención de 24 manifestantes, 11 en el municipio de Tecpatán y 13 en el de Comalapa, el 4 de julio de 2010, después de participar en manifestaciones. Los detenidos fueron sometidos a malos tratos por la policía estatal preventiva. El organismo recomendó al gobierno estatal reparar el daño a las personas agraviadas e impartir cursos de derechos humanos a su personal.