El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene en la mira al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y pretende embargarle cuentas bancarias e inmuebles para cobrarse créditos fiscales por adeudos de cuotas obrero-patronales acumulados desde 2009.

El instituto intenta cobrar al SME, que encabeza Martín Esparza, créditos fiscales por al menos 48 millones de pesos, deuda que con multas y recargos supera 60 millones, según consta en documentos contables expedidos por la coordinación de cobranza de la subdelegación uno del IMSS, de los que La Jornada tiene copia.

Los atrasos en los pagos que el SME debe hacer al IMSS por servicios de salud, pensiones y/o jubilaciones de los 857 empleados (administrativos, de mantenimiento e intendencia, entre otros) con que cuenta el gremio, comenzaron en mayo de 2009, es decir, cinco meses antes de que el gobierno del ex presidente Felipe Calderón ordenara la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

El gobierno cerró fuente de ingresos

En entrevista, Esparza admitió que el adeudo forma parte de los pasivos del sindicato. Aseguró que si el gremio dejó de pagar fue porque el gobierno nos cerró nuestra fuente de ingresos el 11 de octubre de 2009.

Según Esparza, el SME no niega que tiene una obligación legal pendiente, pero “dime, ¿de dónde quieres que paguemos al instituto, si (a los electricistas) nos han cerrado nuestra fuente de empleo?

Debo, no niego; pago, no tengo, puntualizó Esparza, quien añadió que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ya está enterado de ese y otros adeudos del SME.

Esta deuda forma parte de la mesa de negociación con el gobierno, de las cuestiones que estamos desahogando en la mesa con Gobernación, porque lo de menos sería dar de baja a los trabajadores del IMSS, pero eso sería ilegal, inhumano e injusto, porque son empleados que necesitan seguir recibiendo sus servicios de salud básicos y es un derecho constitucional, añadió.

La deuda con el IMSS se ha acumulando mes tras mes desde 2009. De acuerdo con funcionarios del departamento jurídico del instituto –quienes pidieron no mencionar su nombre–, el objetivo es que todos esos créditos fiscales contra el SME se puedan ejecutar mediante embargos a cuentas bancarias e inmuebles que forman parte del patrimonio del sindicato de electricistas.