Saltillo, Coah., 5 de junio.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la impunidad ‘‘sigue cobijando’’ a 2 mil 443 servidores públicos señalados como partícipes o encubridores en delitos de desaparición forzada de personas, que el organismo ha documentado desde 2005. La comisión ha identificado plenamente y emitido resoluciones contra 30 de ellos –entre miembros de la Marina, el Ejército, policías federales y estatales y Procuraduría General de la República– ‘‘sin ningún resultado’’.

El ombudsman nacional habló frente a la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón; el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira; el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una docena de funcionarios más y cientos de familiares de personas desaparecidas que se congregaron aquí, procedentes de media docena de estados, para participar en el Foro Internacional sobre Desaparición Forzada.

El gobernador Moreira, a su vez, precisó que en su estado son mil 200 desaparecidos (aunque los organismos discrepan con la cifra, que ubican arriba de 2 mil). Reconoció ante las familias que su petición de exigir su presencia con vida ‘‘es el reclamo correcto’’ y las autoridades deben acelerar, junto con las organizaciones independientes, las operaciones de búsqueda, porque ‘‘el tiempo apremia’’. Los casos de desaparición forzada se multiplicaron exponencialmente desde el principio del sexenio de Felipe Calderón, y en el auditorio había personas que llevan siete o más años buscando a sus familiares.

Estaba anunciada la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pero quien se presentó fue la subsecretaria para Derechos Humanos, Lía Limón, quien insistió en que reconocer la problemática de la desaparición es ‘‘dar el primer paso para solucionarla’’.

Enumeró las acciones emprendidas hasta ahora por el gobierno federal para atender un número aún impreciso –pero que pasa de 20 mil– de denuncias de familiares de desaparecidos. Entre otras, citó la firma de una convención de protocolos para búsqueda con la Cruz Roja Internacional, la iniciativa para reformar artículos del Código Penal con el fin de armonizarlo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la depuración del banco de datos central y la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dijo comprender los reclamos de que todo esto no es suficiente, ‘‘pero es un primer paso’’, insistió. Añadió, de cara a las decenas de familias de desaparecidos que han esperado durante años alguna respuesta efectiva de las autoridades de todos niveles: ‘‘No están solos, cuentan con nosotros’’.

El foro, convocado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila y de México (Fundec-Fundem), es el primero en el que participan voces de otros países (Chile, Argentina, Guatemala, Perú) que compartirán en conferencias abiertas y en mesas de trabajo cerradas experiencias con las organizaciones mexicanas para afinar las capacidades de exigir a las autoridades acciones acertivas, y no sólo, como hasta ahora ha ocurrido, indagatorias ‘‘de papel’’ que no han conducido al paradero de ninguno de los más de 20 mil ciudadanos desaparecidos.

‘‘Esperamos con este foro ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en México, cómo y por qué está pasando. Y queremos sumar conocimiento y experiencia en cuatro ejes: búsqueda, investigación, construcción de políticas públicas y armonización legislativa sobre la materia’’, explicó uno de los organizadores de Fundec, Juan López.

Como resultado de este encuentro de Saltillo, se espera contar a la brevedad con un ‘‘cuaderno de trabajo’’ con propuestas concretas.

Entre los discursos destacó el del ombudsman Plascencia, quien subrayó que éste ‘‘tiene que ser el principal punto de la agenda nacional’’. No existe, añadió, ninguna justificación para que una persona desaparezca ni para que las autoridades no puedan encontrarla. ‘‘Un Estado que no está en condiciones de determinar el paradero de los ciudadanos de los cuales es responsable está en una condición cuestionable’’.