En su informe Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México, Amnistía Internacional (AI) señaló que en múltiples casos de desaparición forzada se ha comprobado que las autoridades no hacen investigaciones eficientes para dar con el paradero de las víctimas, lo que ha obligado a los familiares de éstas a realizar las indagatorias por su propios medios.

Uno de los ejemplos citados en el documento es el del ingeniero industrial Daniel Cantú Iris, de 23 años de edad, quien desapareció junto con otras dos personas el 21 de febrero de 2007 en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila, mientras se dirigía a una cantera de mármol.

Cuando finalmente la madre del joven, Diana Iris García, logró tener acceso al expediente judicial del caso, se dio cuenta de que las supuestas indagatorias que los servidores públicos habían dicho que realizaban durante 18 meses en realidad no existían y no había registro de ellas. Creíamos sinceramente que la procuraduría estaba haciendo su trabajo [...] pero en el expediente no aparece nada, lamentó Iris García en el informe.

Otro caso paradigmático de la falta de actuación de las autoridades es el de Héctor Rangel Ortiz, quien desapareció el 9 de noviembre de 2009 junto con Irene Lugo Hernández y Milton Hugo Aguilar Torres, luego de ser detenido por la policía municipal de Monclova, Coahuila.

Ante la inacción del gobierno local para buscarlo, sus familiares emprendieron investigaciones por su propia cuenta y lograron obtener –siete meses antes que los policías federales– datos de celulares que triangulaban la posible ubicación de los teléfonos de las víctimas en el momento de su desaparición. Sin embargo, hasta ahora sigue sin conocerse el paradero de ninguno de ellos.

En muchos otros casos, indicó AI, las autoridades incluso impidieron a los familiares interponer denuncia formal por desaparición forzada, secuestro o privación ilegal de la libertad, y cuando ésta había logrado registrarse, en 40 por ciento de los casos no se habían iniciado investigaciones penales.

Mientras tanto, en las ocasiones en que las indagatorias habían comenzado, los servidores públicos exigían a los familiares dar pistas y pruebas, e incluso llegaban a culpabilizarlos por la falta de resultados.

En otros casos, los perpetradores de las desapariciones no tienen reparos en demostrar sus estrechos lazos con funcionarios locales