Hasta ahora y a pesar de las promesas de las autoridades durante el sexenio pasado, el registro nacional de personas desaparecidas y los bancos genéticos de la Federación y de los estados no funcionan, son anárquicos y no han servido para la identificación de una sola de las personas que son buscadas por sus familiares, en ocasiones hasta por más de 10 años. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho, explica que cada sistema opera con total desorden, sin unificar criterios ni en la captura de información ni en el manejo de las muestras de ADN.

Estas deficiencias ya se habían señalado en la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Campo Algodonero, feminicidio ocurrido en Juárez. La Corte ordenó al Estado mexicano corregir ese vacío adoptando en todo el territorio protocolos uniformes y aceptados internacionalmente. En esa orden judicial está todo lo que necesitamos para actualizar y hacer funcionar los bancos de datos genéticos. Es tan sencillo como aplicar la sentencia para todo el país, señala la especialista que ahora, en la fundación, trabaja con organizaciones de desaparecidos en Honduras, El Salvador y Guatemala para la localización de transmigrantes. También fue asesora del equipo argentino de antropología forense (EAAF) en el Proyecto Frontera (Ciudad Juárez).

Comenta que en los próximos días firmarán un convenio con la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR para trabajar con muestras genéticas en la identificación de 193 restos humanos encontrados en 48 fosas clandestinas descubiertas en el municipio de San Fernando y otros 49 en Cadereyta. También se buscará determinar la identidad de los restos que aún quedan como NN (desconocidos) de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Se trata, explicó la penalista, del primer ejercicio internacional en el que participarán juntas autoridades de cuatro países, familiares de desaparecidos y el EAAF.

“Lo que pretendemos –aclaró– es que a partir de este ejercicio se aplique un modelo de buenas prácticas forenses, para extenderlo a escala nacional en la búsqueda de personas que fueron víctimas de desaparición forzosa”.

Hace un año, aún con la ex procuradora Marisela Morales, la fundación y el EAAF habían pedido al gobierno mexicano la formación de esta convención tripartita ante la CIDH. Apenas ahora se da respuesta a la solicitud.

Delgadillo insiste en que la experiencia del Proyecto Frontera, en el que se trabajó con un listado de 471 mujeres desaparecidas, mil 314 muestras de ADN y que al final logró el rescate de la identidad de 36 restos en Juárez y Arizona, puede ser un punto de partida para el rastreo de los más de 20 mil desaparecidos en todo el país.

Antes, el EAAF realizó los peritajes para el caso de Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al empezar el trabajo en Juárez encontramos que los ministerios públicos y la fiscalía no tenían listados completos o depurados, no había un registro centralizado de los restos encontrados, no había comunicación entre las instituciones policiacas y judiciales ni existían protocolos eficaces. Los Semefos, los hospitales y los panteones tienen graves deficiencias en sus registros y en la cadena de custodia. Los administradores de los cementerios no tienen siquiera información de cuántos restos tienen en las fosas comunes.

Por orientación de los forenses argentinos, Ana Lorena y Alma Gómez, del Centro por los Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, iniciaron lo que ellas, un poco para conjurar el horror, llamaron en broma el viaje vampiresco. Había que agotar las visitas a todos los ministerios públicos en búsqueda de actas, a las morgues, hospitales, panteones y escuelas de medicina de Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas. Y encontramos anarquía en todas partes.

Cita un ejemplo para ilustrar. Una familia buscaba desde hacía años a su hija perdida. El acta con todos los datos y fotografías yacía en un cajón de un MP de Chihuahua. En la misma ciudad, en el anfiteatro de la escuela de medicina, estaba el cuerpo de la joven desde hacía al menos cinco años. Un Semefo lo había donado a pesar de estar en curso una investigación. Y las instituciones no habían cruzado información para un hallazgo que estaba a la mano. El rescate de su identidad fue casi por casualidad.

Años después, ya involucradas en el Proyecto Frontera, identificaron en Juárez el cuerpo de una migrante hondureña. Casi al mismo tiempo salió a la luz la saturación de restos en la morgue de Pima, Arizona, presuntamente de migrantes indocumentados no reclamados. Se decía que ahí habían al menos mil 800 restos de personas, presumiblemente mexicanos y centroamericanos, a quienes nadie reclamaba. De inmediato el EAAF se trasladó a Pima para investigar.

En ese momento comprendimos que el esfuerzo tiene que ser trasnacional (Centroamérica, México y Estados Unidos) si se quiere tener una mínima certeza del paradero de cientos de miles de transmigrantes desaparecidos.

Agrega: ¿Y a quiénes debemos buscar? Hay varias categorías: no localizados, personas extraviadas, desapariciones forzosas. Hay que buscar a todos. Es preferible que el Estado se exceda en su práctica de protección y no que sea omiso.

Insiste en las lecciones aprendidas del caso del Campo Algodonero ante la CIDH: “También nos enseñó cómo trabaja el gobierno mexicano en las instancias internacionales. Hace exactamente lo que no debe hacerse. En esa ocasión los abogados del Estado presentaban enormes listados de ‘acciones’ y convenios, proyectaban envidiables instalaciones de identificación genética en al menos cuatro Semefos, tecnología de punta en los Centros de Control (C-4). Y a pesar de todos los avances presumidos, no ofrecía ni un solo resultado. Pese a la modernidad y la abundancia de recursos, siguen operando con los mismos vicios y sin permitir la participación de las familias”.

Si en el caso de connacionales desaparecidos muchas veces los MP no saben ni por dónde empezar, en el caso de los migrantes ni siquiera se plantean, dice. Concluye: La gestión de la información derivada de los bancos genéticos de cada país y cada estado debe ser integral, cruzada con otro tipo de información proporcionada por las familias, como la historia y procedencia de cada migrante, pero la información no puede quedarse sólo en manos del Estado sino debe entregarse por triplicado: una copia para la Subprocuraduría de Derechos Humanos, una para las familias y otra para el EAAF. Sólo así puede haber certeza y confianza en los resultados.