Managua, 22 de junio.

Una manifestación de ancianos nicaragüenses, quienes piden una pensión reducida, fue dispersada a golpes por supuestos seguidores del presidente Daniel Ortega la madrugada de este sábado, lo cual generó indignación y repudio de civiles, políticos, empresarios y religiosos. Unas 300 personas, las cuales usaban camisetas que llevaban consignas impresas del gobierno y con el rostro cubierto con pañuelos, aparecieron de pronto, corriendo y dando gritos de que nos iban a matar, expresó Luciana Chamorro, nieta de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)

Vi cómo estaban apaleando a algunos viejitos y les deban patadas, agregó Chamorro, una de las universitarias que se solidarizaron con los ancianos.

La joven narró que los manifestantes fueron llevados a camiones y a mí me dijeron que me iban a violar. Acto seguido ordenaron que nos tiráramos al piso.

Según la joven, los represores les robaron bolsos, celulares y a los hombres los dejaron desnudos. Les dieron unos segundos para desaparecer del lugar, que durante una semana estuvo ocupado por los manifestantes.

Desmanes

El grupo de atacantes, integrado por mujeres y hombres, destruyó el campamento improvisado, rompió a garrotazos las ventanas de los vehículos que estaba en la zona y los robaron, denunció la testigo, quien agregó que, mientras tanto, agentes policiales se reían y acordonaron la zona para impedir que los manifestantes huyeran.

La estudiante de medicina Linda Gutiérrez narró: Me detuvieron, me quitaron el celular, me llevaron a una calle y me acostaron en el pavimento junto con otros 10 compañeros. Nos dieron 10 segundos para correr.

El opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS-centroizquierda) responsabilizó al presidente Ortega del cobarde ataque contra los ancianos y los jóvenes, que protestaban pacíficamente en los alrededores del edificio del Seguro Social, y llamó a la población a movilizarse en repudio al gobierno.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien acusó al gobierno de usar grupos paramilitares contra los ancianos, calificó la acción de terrorismo de Estado.

El Consejo Superior de la Empresa Privada sostuvo en un comunicado: Condenamos la utilización de fuerzas de choque para amedrentar y agredir a humildes ancianos.