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Es defensor de tierras comunales en cascada de Agua Azul

Decreta juez auto de libertad para un activista indígena

Miguel Vázquez fue obligado a autoinculparse de varios delitos

 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 7

Este miércoles salió libre en Ocosingo, Chiapas, Miguel Vázquez Deara, preso político adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón. Al vencer el plazo para determinar su situación jurídica, el juez mixto de primera instancia del distrito judicial con residencia en Ocosingo decretó el auto de libertad en su favor.

Al igual que otros dos compañeros suyos, aún presos en Playas de Catazajá y El Amate, Vázquez Deara ha sido perseguido judicialmente por las autoridades, sostuvo el martes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), mediante actos cuyo propósito es minar las acciones por la defensa del territorio que el ejido emprende desde hace varios años.

Vázquez Deara fue detenido en septiembre de 2011 con base en una denuncia fabricada por oficialistas que tienen intereses en la cascada de Agua Azul, y obligado bajo tortura a firmar una declaración autoinculpatoria.

El 22 de noviembre de 2012 se había dictado sentencia definitiva por los presuntos delitos de robo con violencia y asociación delictuosa, y fue condenado a siete años y nueve meses de prisión. La sentencia fue apelada, y luego de un inexplicable retraso de cinco meses del juzgado para enviar el expediente de Ocosingo a San Cristóbal de las Casas –cuya distancia se recorre en hora y media–, los magistrados de la sala mixta del Supremo Tribunal de Justicia en San Cristóbal ordenaron la reposición del procedimiento hasta la declaración preparatoria, considerando que existieron violaciones a sus derechos de defensa adecuada, y ayer en la mañana el juez decidió liberarlo.

El Frayba ejemplifica el caso como uno de los que reflejan que en Chiapas se niega el acceso a la impartición de justicia, pronta, expedita e imparcial, además de la falta de defensa adecuada para personas indígenas, y de la aplicación de la ley acorde con el principio de presunción de inocencia. En este caso se criminaliza a quienes se organizan en defensa de los derechos a la tierra, la libre determinación y la autonomía.

El 26 de septiembre de 2011, Vázquez Deara, entonces policía comunitario, fue detenido por agentes adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Selva y Policía Estatal Preventiva, mientras se encontraba trabajando en la ciudad de Palenque. Él mismo ha señalado que Juan Álvaro Moreno, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acompañaba a los policías. Este individuo pertenece al grupo oficialista del cual los ejidatarios de la Sexta han recibido amenazas y hostigamientos, debido a su lucha en defensa de su tierra y territorio.

Vázquez Deara no fue asistido durante su declaración ministerial por defensor ni traductor que conocieran su lengua y cultura, algo contrario a lo dispuesto en el artículo segundo constitucional.

Él mismo refiere: “Recuerdo que subí unas escaleras donde me estuvieron preguntando quiénes son mis compañeros los asaltantes; era como un patio, yo contestaba en tzeltal, decía que no sabía hablar castilla. La policía me decía: ‘habla hijo de la verga, que te vamos a preparar una calentada’.

Me esposaron mis manos, mis pies, y taparon con pañuelo mi boca y mis ojos con un trapo color negro, me desnudaron completamente. Después me metieron una bolsa en la cabeza, me golpearon en el estómago con culatazos y también en el pecho. Me golpeaban la nuca y cuello con el puño cerrado, me dieron un arma y me tomaron fotos. Luego llegó un policía, que preguntó dónde estaba la persona balaceada en el banco de grava, y me acusaron de robo de una camioneta y muchos delitos.

Acto seguido, fue obligado a firmar una declaración ministerial que, según el Frayba, se convertiría en la prueba principal que lo autoinculpa y sirve de base para fabricarle otros delitos que nunca cometió.