Al menos 25 periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran protegidos por el Estado, por ser blanco de amenazas del crimen organizado y/o de instancias gubernamentales.

Estas personas –cuya identidad es información gubernamental reservada– pueden tener, de acuerdo con los rasgos de cada historia, custodia policial, sistemas de circuito cerrado en sus casas y oficinas, así como una vía de comunicación de emergencia. En dos casos, el nivel de riesgo hizo necesario su traslado urgente a otra ciudad.

Un reporte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, coordinado por la Secretaría de Gobernación, revela que desde su puesta en marcha ha recibido 81 solicitudes de apoyo, 33 de éstas de comunicadores.

Después de analizar los casos, los funcionarios y los representantes de la sociedad civil determinaron que en 25 expedientes se requería de apoyo físico urgente con el propósito de evitar que se consumaran las amenazas de muerte y otro tipo de hostigamiento de delincuentes o de funcionarios de instancias gubernamentales.

Las personas que reciben protección cuentan con una línea directa de comunicación denominada botón de pánico, de acuerdo con funcionarios responsables del programa.

Sin embargo, las organizaciones civiles han emitido fuertes críticas contra el sistema y aseguran que carece de personal suficiente para la atención y análisis de las alertas.

En carta entregada en días recientes al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 17 grupos (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil) plantearon que hay problemas en la entrega de recursos asignados para la protección de periodistas y defensores de derechos, por lo que es urgente la instalación del comité técnico del fideicomiso del fondo previsto por la ley.

También subrayan que el mecanismo carece del personal necesario para su adecuado funcionamiento y que la estructura en cuestión adolece del respaldo político e institucional para su adecuada implementación en los tres niveles de gobierno.

Funcionarios de Gobernación reconocieron que existen muchos retos en la operación del mecanismo, pero aseveraron que no se han restringido los recursos para ninguno de los periodistas o defensores amenazados.

Es cierto, indicaron, que se requiere emprender una campaña masiva para hacer conciencia de la importancia de la labor de comunicadores y defensores; agilizar las vías de comunicación permanente para recibir –las 24 horas del día– solicitudes de auxilio y buscar personal especializado en la materia, porque actualmente la plantilla está al 70 por ciento de lo que se requiere para atender el problema.

No obstante, reiteraron que los recursos sí han sido liberados, en especial para apoyar a víctimas de alto riesgo.

Se han recibido 81 solicitudes

El 25 de junio de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual prevé la creación de un mecanismo gubernamental para quienes enfrenten riesgos en el desempeño de sus actividades, aunque desde dos años antes la Secretaría de Gobernación atendía la problemática.

Al cierre del sexenio pasado se informó extraoficialmente que 11 personas recibían protección, y en la actualidad ahora se reporta un total de 81 solicitudes de incorporación al mecanismo (33 periodistas y 48 defensores de derechos humanos).

De acuerdo con esta información, de ese total, 47 casos fueron atendidos en procesos ordinarios y se inició un proceso extraordinario para 25; es decir, para aquellos calificados de situaciones de alto riesgo por la dureza de las amenazas o agresiones a la integridad física.