San Miguel de Allende, Gto., 7 de julio.

Con la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, el gobierno del estado dañará gravemente la zona arqueológica de Cruz del Palmar y un circuito de capillas de indios en 25 comunidades otomíes, denunció la arqueóloga Gabriela Zepeda García Moreno.

La administración estatal, encabezada por el gobernador panista Miguel Márquez Márquez, dio atole con el dedo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al lanzar la licitación de la obra sin cambiar el trazo de la carretera, lamentó.

El 16 de abril, La Jornada publicó que la autopista causaría daños al patrimonio vivo, arqueológico, cultural tangible e intangible de San Miguel de Allende; al día siguiente, el secretario de Obra Pública, José Arturo Durán Miranda, aseguró que cambiaría el trazo de la vialidad.

Sin embargo, el 2 de julio la Secretaría de Obra Pública lanzó la convocatoria para licitar la autopista de 70.5 kilómetros. El fallo se dará a conocer el 17 de septiembre.

La autopista de dos carriles, de 3.5 metros de ancho cada uno, costará 2 mil millones de pesos y el estado proyecta que las obras se inicien en el primer trimestre del próximo año.

La obra, con la cual se pretende fomentar el turismo, partirá a la mitad la ruta de las más de 100 capillas de indios, ubicadas en 25 comunidades otomíes, donde hay una rica cultura de tradiciones prehispánicas y del siglo XVI.

En la comunidad de Cruz del Palmar existe un montículo piramidal con patio hundido similar al de la zona arqueológica de Cañada de Virgen. La pirámide y demás vestigios prehispánicos quedarán debajo de la autopista.

Desde la primera mesa de trabajo no existió intención de cambiar el trazo, a pesar de que afectarán comunidades indígenas, capillas de indios y la zona arqueológica, comentó Zepeda.

Recordó que en las mesas de trabajo el titular de Obras confesó que era muy costoso para el gobierno estatal cambiar la ruta de la carretera.

Finalmente nos dieron atole con el dedo, pero Miguel Márquez debe tener la sensibilidad cultural, social y política para no causar un daño irreparable a las comunidades otomíes y a la zona arqueológica, dijo la funcionaria del INAH.

Agregó que las comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil enviaron misivas a diferentes instancias de gobierno para denunciar la devastación que causará la autopista. Aunque exista la licitación, la obra puede suspenderse o cambiarse porque deben entender la magnitud del daño que causarán, señaló.

La arqueóloga reconoció que el problema se debió en parte a que la ex delegada del centro INAH en Guanajuato, Guillermina Gutiérrez Lara, emitió un dictamen incompleto que avalaba la construcción de la autopista, sin tomar en cuenta la afectación que causaría el proyecto al patrimonio cultural y arqueológico.