Ayer se suspendió el contrato para elaborar las nuevas credenciales de elector, que tendría una duración de cinco años y debería haberse firmado este lunes por la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (IFE) y la empresa Giesecke y Devrient de México SA.

La razón, se dijo, fue que la Contraloría General del instituto otorgó una suspensión provisional a las empresas Nec de México y Valid Solucoes, que participaron conjuntamente en la licitación internacional y se inconformaron con el proceso.

Al conocer el resultado de la licitación, Nec de México y Valid Solucoes denunciaron que se registraron diversas irregularidades en el proceso internacional al que convocó el IFE y que concluyó con el fallo del pasado 24 de junio.

Argumentaron que la Dirección Ejecutiva de Administración se había decidido por una opción que implicaba de entrada un costo mayor en casi 23 por ciento, al que ellos presentaban, además de que refutaron las argumentaciones ‘‘técnicas’’ que esgrimió el IFE para rechazar su propuesta.

El pasado primero de julio ambas empresas interpusieron un recurso ante la Contraloría General del IFE, instancia que otorgó la suspensión provisional cuyo efecto inmediato fue la cancelación, por ahora, del contrato en cuestión con Giesecke de México, que es una filial de un grupo empresarial alemán con sede en Munich, dedicada a la fabricación de papel moneda, tarjetas inteligentes y sistemas de manejo de efectivo.

Una vez suspendido el contrato, la Contraloría General requerirá a la Dirección de Administración del instituto un informe pormenorizado del proceso de licitación, a partir de lo cual determinará si concede la suspensión definitiva y se cancela por segunda vez el concurso para la elaboración de poco más de 68.3 millones de credenciales de elector durante los próximos cinco años y que, de acuerdo con la propuesta ofrecida por Giesecke de México, tendrían un costo unitario aproximado de 66 centavos de dólar.

Conforme al procedimiento establecido, la Dirección de Administración del IFE tendría un plazo de tres días para remitir un informe previo a la contraloría. Posteriormente, contaría con seis días más para rebatir las inconformidades, al término de los cuales Giesecke de México tendría otros seis días para aportar lo que a su derecho convenga antes de que se dé el fallo correspondiente y definitivo.

El otorgamiento de la suspensión provisional en el recurso presentado por las dos empresas inconformes tuvo como fundamento una previsión para evitar que a la firma del contrato un eventual fallo adverso pudiera generarle obligaciones legales y económicas al IFE para restituir posibles inversiones de la empresa que obtuvo el contrato, ante lo que sería un incumpliemiento por motivos legales.