La estrategia alimentaria y nutricional del gobierno capitalino se basa en una ley sin reglamento, con problemas de sintaxis y redacción, con frases copiadas y pegadas, con referencias a artículos inexistentes y, sobre todo, en acciones que –para algunos diputados locales– no se han aplicado después de varios años.

De acuerdo con los diputados locales Polimnia Romana y Rubén Escamilla, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal constituye un importante dique para contener la proliferación de la comida chatarra, sobre todo entre los niños y los jóvenes de esta ciudad; sin embargo, coinciden en que el desinterés y la falta de voluntad de las autoridades locales para su aplicación han sido parte de los factores que tienen a la ciudad de México en estado de emergencia de salud.

Esa ley fue aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa en agosto de 2009, y publicada un mes después en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pero a la fecha no se ha emitido el reglamento respectivo, a pesar de que el artículo tercero transitorio fija un plazo de 60 días para su elaboración y publicación. Tal situación –consideraron los legisladores– imposibilita su eficaz aplicación para lograr la seguridad alimentaria y nutricional entre los capitalinos.

Más aún, en los artículos 10 y 11 de esa ley, que se refieren a las facultades que tienen la Secretaría de Desarrollo Social y las delegaciones políticas en materia alimentaria, se advierten al menos dos fracciones que fueron copiadas y pegadas, y por tanto se repiten los mismos errores: elaborar los lineamientos de seguridad alimentaria y nutricional en (sic) conformidad con los establecidos (sic) en el artículo 34 de la presente ley.

Los descuidos en su elaboración llegaron al grado de que en este caso se remite al artículo 34 de esa misma norma, siendo que sólo tiene 29 artículos; es decir, el primero de ellos no existe.

Para la diputada Polimnia Romana, secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, hasta ahora esa ley no se ha puesto en vigor, y cita que en el caso del Programa de Seguridad Alimentaria, el cual las autoridades capitalinas están obligadas a elaborar, no existe, y si lo tienen debe estar en la biblioteca.

Considera que ese hecho ha incidido en que los desayunos que envía el DIF nacional al DF son raquíticos; les dan a los niños un cuarto de leche y un sobre de uvas o una palanqueta. Claro que los niños se quedan con hambre y lo primero que hacen es ir por su coca cola y sus papas. Lo malo es que el gobierno capitalino ya no está poniendo un extra, como hacía antes, que añadía frutas o amaranto u otro alimento a esos desayunos.

Destaca que esa inaplicación de la ley ha hecho que la iniciativa privada entre por esos enormes hoyos y los cubra con comida chatarra y se olvidan de la seguridad alimentaria y nutricional de los capitalinos.

Para Rubén Escamilla, presidente de la Comisión de Abasto de la ALDF, el gobierno local no le ha dado la prioridad que corresponde a esa ley; se quedó en buenas intenciones y por ende no se han logrado crear hábitos de buena alimentación entre la gente de esta ciudad, y con ello se perdió un buen dique para frenar la expansión de la comida chatarra.