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El centro documenta la represión contra el Bloque Democrático de la sección 7

Denuncia el Frayba hostigamiento de agentes de seguridad en Chiapas

Niega Fiscalía Especializada en Derechos Humanos los hechos del pasado 29 de julio

 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de julio de 2013, p. 19

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el hostigamiento de empleados de seguridad contra personal suyo en Tuxtla Gutiérrez y Playas de Catazajá durante la primera semana de julio. En el primer caso, dentro de un hospital público y en el segundo, en un penal.

En la capital chiapaneca, el día 2, durante el trabajo de documentación con víctimas de la represión policiaca contra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7 (ocurrida el 29 de junio), documentalistas del Centro fueron obstruidos y hostigados por agentes de seguridad y profesionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Se destaca que “adentro de las instalaciones se encontraban elementos de la Policía Ministerial y afuera, de la Estatal Preventiva.

Los videoastas del Frayba buscaban entrevistarse con dos personas heridas durante la represión policiaca. Personal y guardias del Issste les negaron el paso. Después de explicar la importancia de este trabajo y presentar una intervención previamente hecha, se permitió ingresar sólo a una persona. Además, como es habitual en las cárceles (no en los hospitales) se le exigió dejar las herramientas indispensables (grabadora, laptop, cámara y otras). Los vigilantes permitieron cinco minutos de la primera entrevista y la segunda de plano la impidieron.

Apenas la víspera, primero de junio, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, en una intervención hecha por el Frayba, contestó con un oficio (DGOPIDDH/DCNDH/2060/2013), donde negaba los hechos del 29 de junio y sostenía textualmente: No se tiene conocimiento de personas que hayan sido detenidas y puestas a disposición de la Representación Social en turno, como tampoco personas lesionadas y hospitalizadas. Con ello, la fiscalía ocultaba lamentablemente las evidencias de los acontecimientos (ver La Jornada, 30/6/2013).

En un evento posterior, el sábado 6 de julio, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17, en Playa de Catazajá, un médico colaborador del Frayba, con otra médica, se disponía a revisar el estado de salud de Antonio Estrada Estrada, de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. No obstante, vigilado y hostigado por un custodio que repetidamente le tomaba fotos, el médico no pudo efectuar la exploración física del indígena, quien lleva casi dos años en prisión y se le considera preso político.

El Frayba manifiesta procupación ante la postura del gobierno de no facilitar, antes bien obstaculizar, hostigar el trabajo de documentación con fines de observación. Y sostiene: Resulta evidente que instancias creadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, encubren a responsables, funcionarios y empleados, además de tergiversar los hechos.

Todo esto implica impunidad y repetición de las violaciones a los derechos humanos. El Frayba le recuerda al gobierno de Chiapas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado: El respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores para desplegar libremente sus actividades, y es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen su trabajo.