uego de la difusión de las cifras del Inegi sobre una desaceleración económica que se ha prolongado por 11 meses en el país, el Banco de México (BdeM) ajustó ayer su pronóstico de crecimiento anual para 2013 a un intervalo de entre 2 y 3 por ciento, y reconoció que la economía nacional atraviesa por una importante desaceleración. A renglón seguido, el titular del organismo, Agustín Carstens, afirmó que la actual coyuntura justifica todo ese esfuerzo que se está llevando a cabo en el país en materia de reformas estructurales, lo que representa una muestra de apoyo apenas velada a las modificaciones legales impulsadas por el gobierno, particularmente en materia hacendaria y energética, previstas para ser discutidas en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

La perspectiva presentada por el BdeM es, ciertamente, mucho más realista que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo pronóstico de crecimiento se ha mantenido en 3.1 por ciento, a pesar del escenario económico adverso a escala nacional e internacional.

Pero, si bien el diagnóstico de la entidad encabezada por Carstens parece acertado, la propuesta de solución es sumamente cuestionable. La invocación de las llamadas reformas estructurales como la panacea para las dificultades económicas no es nueva: desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la actualidad, los grandes grupos de poder económico y la tecnocracia política a la que pertenece Carstens han propugnado la imposición de reformas como la apertura del mercado interno, el adelgazamiento del Estado, el desmantelamiento de los instrumentos y las instituciones de seguridad social y el fin de los subsidios a la economía popular, la privatización de los bienes públicos –como la que se pretende hacer avanzar en Petróleos Mexicanos, con la reforma energética referida–, la transferencia de los fondos de jubilación de los trabajadores a entidades financieras privadas, la contención salarial, la liquidación de conquistas sindicales y la aplicación de criterios fiscales que equivalen a regímenes de excepción en el pago de impuestos para los grandes empresarios.

El resultado de estas y otras reformas ha sido catastrófico en lo económico, lo social y lo político: la informalidad de la economía ha crecido junto con el desempleo, la pobreza y la desigualdad social; la soberanía nacional se ha debilitado en todos los ámbitos; una porción minoritaria del campo ha sido restructurada en grandes industrias orientadas primordialmente a la exportación y el resto ha sido arrasado; se ha multiplicado la desintegración del tejido social y familiar y se ha consolidado una descomposición institucional de gran calado que se expresa con la pérdida de control del Estado en buena parte del territorio.

A la luz de los resultados obtenidos a lo largo de las tres últimas décadas, es evidente que nuevas reformas neoliberales no van a sacar a México de su situación de estancamiento económico permanente. Por el contrario, el empeño gubernamental en avanzar políticas que son rechazadas por la mayoría de la población, como la privatización de la industria petrolera, es un factor de división y de crispación social indeseable en el momento presente. La reactivación de la economía y la recuperación de la plena gobernabilidad requieren un cambio en el modelo económico seguido hasta ahora; es necesario recuperar los mecanismos de redistribución de la riqueza o concebir instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y empezar a restituir a la población aquello de lo que ha sido despojada en los últimos cinco sexenios.