Programas de gobierno y las mediaciones en turno
Como si nadie se acordara de Atenco
Ramón Vera Herrera
Que urge impedir el despojo y la devastación de las comunidades y las regiones del país a manos de las corporaciones es ya incontrovertible, al punto que nadie, ni siquiera los funcionarios del gobierno en turno, lo puede soslayar.
Pero suena muy raro que se insista en que el incumplimiento de las promesas hechas por los gobiernos anteriores es un atraso histórico, cuando en el panorama completo del ataque global es expresa y sistemática la imposición de los programas de desarrollo: cuando incluso se imponen los mecanismos para que la consulta “responda a los estándares internacionales de consulta”, “ahora que el Convenio 169 tiene rango constitucional”, como nos dicen los funcionarios de la “administración”.
 Foto: Gildardo Magaña |
Por todo el país, la población india, mestiza o de origen europeo sufre la imposición de carreteras, todo tipo de megaproyectos, sobre todo de minería, la certificación obligatoria de la tierra, del agua, las semillas y hasta de una ascendencia “originaria”. Se condicionan los recursos en tanto se acepte el paquete completo de programas, la atención a la salud es rampante en su discriminación al punto de que mueren mujeres indígenas parturientas porque se les negó la atención. El gobierno insiste en fragmentadores programas como Procampo u Oportunidades, en la mentada Cruzada contra el Hambre —hoy impugnada hasta por el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai)—, en sus paquetes tecnológicos con semillas, fertilizantes y plaguicidas, y ahora en el requisito de ofrecer en prenda la tierra propia (individual, ejidal o comunal) a cambio de la oportunidad de que alguna compañía los acoja para grandes negocios siempre y cuando la gente cumpla con las leoninas condiciones para asociarse. Van por todo.
Por eso la gente se enoja de que —ante la andanada de ataques contra la población en general, enorme como montaña interminable— el comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, vaya de región en región cantando las loas de los Acuerdos de San Andrés, y les narre por enésima vez cómo fue que esos panistas traicionaron todo lo que se había logrado; pregonando además que hoy el actual secretario de Gobernación es sensible a las demandas de los pueblos indios y que esa secretaría de Gobernación, junto con las comunidades, tienen que enfrentar los problemas “utilizando los documentos republicanos que tenemos a nuestro alcance para estar en condiciones de que lo que se brinde sean condiciones de construcción de un marco de institucionalidad”. Gobernación insiste en que los proyectos mineros —uno de los aspectos a los que les están dando especial énfasis— “en los hechos no le están regresando nada al país y menos a los pueblos indígenas”. Y ¿cuál es la propuesta? Reparto de beneficios “justo”, pero antes acatar el procedimiento de consulta incluido en el Protocolo de Actuación recién publicado por la Suprema Corte de Justicia, “donde se establecen con toda claridad los procedimientos de la consulta previa, libre e informada que se debe realizar en cada proyecto que se pretenda realizar”.
Para Gobernación la solución a los problemas es ejercer el mecanismo de la consulta, y así “armonizar” con los organismos internacionales. Si no tuviéramos el panorama completo de la actuación corporativa y gubernamental tal vez uno caería en la ilusión absurda de pensar que el nuevo gobierno revolucionario institucional sí resuelve
Como bien afirma el Colectivo de Abogados Solidarios Causa, “Las consultas públicas o los mecanismos de consulta pública en general, y para distintas materias, no coinciden con las consultas relacionadas específicamente con pueblos y comunidades indígenas, independientemente de la materia sobre la que versen estas últimas. Sólo las consultas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas se rigen por el Convenio 169 de la Oit y por el reciente Protocolo de la Suprema Corte de Justicia. El resto de las supuestas consultas en general se rigen por la reglamentación específica de cada materia y pueden substanciarse de los modos más diversos y contradictorios. Pero toda esta reglamentación es definida por el Estado. La confianza en los protocolos de implementación de consultas tratándose de pueblos y comunidades indígenas, en el reconocimiento del valor jurídico de tratados internacionales como el 169 de la OIT y, en general, en la reciente reforma al artículo 1º de la Constitución en materia de derechos humanos, implica una apuesta insostenible a favor de un Derecho desgarrado y ajeno a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y a las necesidades reales de la ciudadanía y la población en su conjunto”.
O lo que es lo mismo, afirmar en las regiones afectadas por la minería que todo se resolverá si los pueblos indígenas contestan una consulta es, una de dos: o dejar en indefensión al resto de la población que no cuenta con esos mecanismos, o activar una maquinaria imparable de fragmentación que confronte a los consultados que se negaron, con los no consultados que decían que sí a las minas. En los hechos, de una manera irresponsable, pienso yo, el gobierno está activando sendos mecanismos, sobre todo porque, como afirma Raymundo Espinoza, abogado de CAUSA: “Martínez Veloz, en su cargo, no posee capacidad resolutiva ni capacidad alguna para aprobar o detener obras o concesiones. Su única capacidad es de intermediación”, lo que termina siendo un mecanismo para facilitar las cosas y orientar a las comunidades para que legalicen los despojos de sus territorios y riquezas, y tal vez reciban alguna compensación, siempre insuficiente. El resultado es la desmovilización y la división de las regiones, ya no digamos las comunidades.
Este asunto de la consulta es sólo una muestra de la política que el gobierno de Enrique Peña Nieto emprende “amigablemente” como si nadie se acordara de Atenco y la manera brutal en que se está imponiendo el aeropuerto que casi nadie quiso en ese territorio. Los remiendos que propone son cruzadas contra el hambre promoviendo la comida chatarra, asociación entre campesinos pobres y grandes consorcios (como si eso fuera posible), reparto de beneficios como si la minería no destruyera los espacios de todo el pueblo mexicano, programas de gobierno que atentan contra el tejido social y consultas sin peso real, porque están diseñadas para operar en una desigualdad estructural que ayuda a legitimar el desvío de poder: esa conducta sistemática por la que el gobierno le abre margen de maniobra a las corporaciones mientras obstaculiza que la gente logre justicia para sus exigencias y derechos.