Luego de hacerse oficial la suspensión temporal de la norma 26 –que fomenta la edificación de viviendas de interés social–, autoridades capitalinas y diputados locales aseguraron que irán tras los desarrolladores inmobiliarios que usaron y abusaron de ese trámite, y que con el argumento de construir casas de carácter popular levantaron condominios residenciales de elevados precios.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Simón Neumann, y legisladores de PRD, PAN, PRI y PVEM detallaron que esa suspensión entró en vigor ayer y se extenderá a diciembre, y en el ínter instalarán mesas de trabajo para hacer un análisis a fondo de esa norma y determinar cuál será su destino, ya sea su abrogación y creación de otra normatividad, o sólo modificarla.

Neumann expresó que por lo pronto la Seduvi promovió ya dos juicios de lesividad –a los que podrían sumarse otros nueve– ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal para que, de ha- ber los elementos de prueba, se cancele el certificado de uso de suelo que se dio a empresas y particulares para desarrollar proyectos inmobiliarios.

Citó que entre los implicados en esos casos están Constructora Inmobiliaria Serra, Javier Grajales Ovando, José Armando Alcón Reyes, José Miguel Camarena Garza, Ernesto Huego Huego, Eduardo Fabián Aguilar Sedano, Esteban Martínez Pérez y María Saltiel Miranda .

Durante el acto, los diputados de las fracciones del PRD, Manuel Granados y Carlos Hernández; del PAN, Federico Döring y Gabriela Salido; del PRI, Jaime Ochoa, y del PVEM, Jesús Sesma, manifestaron respaldo a dicha acción.

No obstante, la diputada Salido pidió al titular de la Seduvi realizar una auditoría a todos los certificados de uso de suelo otorgados hasta ahora –cerca de 350–, y que a los que hayan actuado con dolo se les cancelen. El priísta Ochoa pidió ir más allá e investigar a las autoridades que dieron pauta a esos desarrolladores y que se enriquecieron en forma desmedida sin darse el apoyo a las clases populares.

Carlos Hernández y Jesús Sesma dijeron que esa suspensión no implica que se frene la construcción de vivienda popular, pues sólo los proyectos del Instituto de Vivienda del DF (Invi) podrán acogerse a esa norma, y ya no los de los constructores privados.

En el acto, Granados remarcó que antes de diciembre se tendrá el proyecto de reformas de la multicitada norma, la que se consensurá con los grupos parlamentarios y el gobierno del DF.

Sobre el tema, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, también reconoció que hay desarrolladores que han abusado de esa norma, y remarcó que sólo el Invi seguirá trabajando con ella.

Finalmente, el diputado del sol azteca, Víctor Hugo Lobo, se congratuló con esa decisión del gobierno capitalino, sobre todo porque fue él quien presentó, en la diputación permanente de la ALDF, un punto de acuerdo –que se aprobó– en el que propuso cancelar ese trámite.