Mazatlán, 21 de agosto.

Los gobiernos de los estados no podrán cumplir el acuerdo nacional de certificar y evaluar a los más de 380 mil policías estatales y municipales antes del 29 de octubre próximo, tal como lo exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El avance es de 67 por ciento.

Ante ello, la 45 reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), realizada la víspera en esta ciudad, propuso fijar plazos diferenciados, basados en un diagnóstico por entidades que permita la aplicación de los controles de confianza a todos los elementos policiacos de estados y municipios.

El documento, aprobado por los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, planteó al presidente Enrique Peña Nieto la creación de un fondo federal para apoyar a los gobiernos estatales frente al problema de la indemnización de policías o servidores públicos separados de su cargo por no aprobar los controles de certificación de confianza.

Actualmente, en la mayoría de las ocasiones en que algún elementos policiaco no aprueba dichos controles, las autoridades estatales o municipales no lo cesan porque carecen de recursos económicos para la indemnización.

Otro de los acuerdos aprobados en el tema de seguridad fue el de adecuar el marco jurídico de las entidades federativas para permitir a los ayuntamientos que puedan, de así decidirlo, solicitar a los congresos locales que designen a los directores, secretarios o jefes de seguridad pública municipal de una terna que los propios ayuntamientos integren, respetando siempre la autonomía de los municipios establecida en el artículo 115 constitucional.

Los gobernadores, según el mismo documento, expresan la determinación y voluntad política de avanzar en la adopción de un esquema uniforme para la aplicación del modelo de policía estatal acreditable con mando único coordinado.

Por lo que toca a los elementos de la Policía Federal Ministerial, la Procuraduría General de la República reveló hace unas semanas que el avance es de 96 por ciento, con lo cual prácticamente se ha dado cumplimiento a la normatividad que indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, situación que no difiere de las policías locales.