Guadalajara, Jal., 28 de agosto.

El líder nahua Gaudencio Mancilla Roblada, detenido por portación ilegal de arma de fuego, encontró el 24 de agosto la puerta de su casa hecha pedazos cuando regresó a Ayotitlán, un día después de ser liberado en Guadalajara por la Procuraduría General de la República (PGR).

Hallé un desorden. Le tumbaron el frente a la casa con mi propio marro, dijo el indígena, representante legal del consejo de mayores de la comunidad nahua desde 1997.

Acusó a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de entrar en forma violenta a su casa y sin orden judicial la madrugada del 22 de agosto, y de hacer lo mismo en otras cuatro casas de Ayotitlán, principal comunidad de nahuas dispersos en decenas de rancherías del ejido, en el municipio de Cuatitlán de García Barragán, en el sur de Jalisco.

Tras el cateo se llevaron documentos con valor patrimonial para la comunidad (títulos agrarios, juicios y acuerdos con la minera Peña Colorada) y hasta el marro con que derribaron la entrada.

El grave problema que tengo ahora es que se llevaron tantos papeles, personales y de la comunidad. Ahora me pregunto si iban por mí o por los documentos. Cuando la gente me pregunte dónde están esos papeles, ¿qué le voy a decir?, planteó.

César Díaz, funcionario de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), dijo que entre los documentos sustraídos está el expediente del juicio ganado hace decenios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restituye 16 mil hectáreas al ejido de Ayotitlán, sentencia que no ha sido ejecutada.

Pide audiencia con el gobernador

Mancilla Roblada visitó Guadalajara la tarde del martes para participar en un foro sobre interculturalidad. Al bajar del autobús, tras casi seis horas de viaje, fue directamente al palacio de gobierno, donde se entrevistó con el subsecretario de Asuntos del Interior, Roberto López.

Dijo que esa entrevista se concertó horas atrás, cuando se disponía a tomar el autobús en la terminal de Cuautitlán, cuando un abogado le dijo que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz estaba interesado en hablar con él sobre las acusaciones que hizo contra la FGE por los abusos cometidos tanto en su detención como en el traslado.

El líder agrario salió decepcionado de la reunión con Roberto López y exigió audiencia con el gobernador, como le ofrecieron. Agregó que sólo Sandoval Díaz, autoridad máxima en el estado, puede desagraviarlo por lo sucedido a él y a su patrimonio, además de brindar seguridad a una región sumida en la violencia y el saqueo mineral y forestal.

Mancilla conversó este miércoles con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, y con el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla.

Debemos dejar muy claro que no hay justificación para que las autoridades ejerzan violencia contra las personas y mucho menos contra las comunidades indígenas, dijo Plascencia Villanueva, quien consideró factible que la CNDH atraiga el caso.

La UdeG mantendrá apoyo

Bravo Padilla reconoció que la UdeG pagó la fianza de 5 mil pesos que la PGR fijó para liberar a Mancilla el 23 de agosto, y anunció que la casa de estudios seguirá apoyándolos al dirigente, él, a su familia y a la comunidad nahua.

Negó que la UdeG participe de forma alguna en la creación de un supuesto grupo armado bajo la figura de policía comunitaria en Ayotitlán (los captores de Gaudencio Mancilla intentaron obligarlo a que declarara esto).

La generación de guardias paralelas a las policías tampoco será el camino, pero se trata de no inquietar los liderazgos de las comunidades indígenas, agregó.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, informó que existe una queja ratificada por Mancilla Roblada por el maltrato recibido de los agentes de la FGE.

Reiteró el respaldo total de la CEDHJ a su tercer visitador, Alfonso Hernández Barrón, a quien los agentes intentaron involucrar, junto con otros funcionarios, en la creación de un grupo armado .