Número 206
Jueves 5 de Septiembre
de 2013


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

En medio de la Guerra de Corea, uno de los primeros conflictos causados por la Guerra Fría, los procesos de independencia en Asia y África y los remanentes del "milagro mexicano", las mexicanas le recordaban en sus actos de campaña al entonces candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adolfo Ruíz Cortines, no olvidar su compromiso de garantizar los mismos derechos políticos a mujeres y hombres.
Los gritos de "¡Que lo repita! ¡Que lo repita!" por parte de decenas de mujeres eran constantes en sus mítines políticos y encerraban los anhelos de muchas mexicanas, quienes desde hacía casi 100 años buscaban el reconocimiento de su derecho a la ciudadanía y la participación política.
Fue en 1853, cuatro años antes de la promulgación de la Constitución liberal de 1857 y la Guerra de Reforma, que algunas zacatecanas plantearon ser reconocidas como ciudadanas, sin embargo, la ley suprema no contempló dicha posibilidad y fue ambigua en la definición del ciudadano mexicano.
El esfuerzo no cesó. La periodista guerrerense Laureana Wright pedía abiertamente en sus escritos publicados en la revista Violetas de Anáhuac el derecho a votar para las mujeres y la igualdad de oportunidades. Años antes, en 1879, durante la celebración del Primer Congreso Obrero del Gran Círculo de Obreros Libres, grupos de mujeres promovieron la idea de que se les incluyera en los partidos de oposición a Porfirio Díaz y los clubes liberales.
Años más tarde, la también periodista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (editora del seminario Vésper), Dolores Jiménez y Muro (colaboradora en la revista La Mujer Mexicana) y Elisa Acuña y Rosetti (editora de La Guillotina) fundaron en la cárcel la sociedad "Hijas de Cuauhtémoc", y posteriormente Las Amigas del Pueblo para exigir a Porfirio Díaz el reconocimiento de sus derechos.
A esta lucha se sumaron las periodistas y simpatizantes del movimiento de Ricardo Flores Magón, Andrea y Teresa Villarreal, quienes estuvieron exiliadas en Estados Unidos por su ideología política y regresaron a México tras el triunfo de Francisco I. Madero. En noviembre de 1911 fundaron el Club Femenil Sufragista, cuyas principales metas eran incorporar a la mujer mexicana a la vida del progreso mediante la igualdad y el derecho al voto.
Ese mismo año, aún adolescente, Hermila Galindo logró incorporarse al gabinete de Madero. En 1914 formó parte del comité de bienvenida al Ejército Constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, y trabajó con el jefe revolucionario como formadora de clubes políticos en el sureste del país. En 1917, al finalizar la Revolución mexicana, se dedicó a promover el sufragio femenino en el constituyente. Posteriormente lanzó su candidatura como diputada federal pero no obtuvo resultados favorables debido a que el Colegio Electoral se negó a reconocer su superioridad en votos obtenidos.

Los primeros cambios
Un lustro después de la promulgación de la Constitución de 1917, en cuyo contenido no se establecía de manera clara la ciudadanía de la mujer mexicana, Felipe Carrillo Puerto hizo caso a las demandas de grupos sufragistas y otorgó el derecho al voto a las yucatecas. De esta manera, el 18 de noviembre de 1923, Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada al Congreso Local por el V Distrito, convirtiéndose en la primera mexicana en ser elegida para un cargo de representación popular. Sin embargo, dimitió dos años después debido a las constantes amenazas hacia su persona.
Ese mismo año, tras la celebración del Primer Congreso Nacional Feminista en la ciudad de México, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se les permitía ejercer a las potosinas el derecho al voto siempre que supieran leer y escribir y no pertenecieran a ninguna asociación religiosa, en clara alusión a los conflictos entre el Estado y la Iglesia católica. El único cargo popular al que podían aspirar era el de presidencia municipal. Esta enmienda fue considera un exceso y se derogó en 1926.
Por casi 10 años, el único estado que reconocía el sufragio femenino era Chiapas. En Tabasco, las integrantes del Partido Radical Feminista Tabasqueño logró en 1931, el reconocimiento al sufragio femenino.
Un lustro después, en medio de la presión ejercida por el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, surgido del Tercer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, el Congreso poblano, en 1936, aprobó la reforma al artículo 33 de la Ley Electoral para establecer que "son electores y por lo mismo tienen derechos a ser inscritos en el padrón electoral los varones y las mujeres poblanas".
Las demandas de los grupos sufragistas de todo el país eran constantes. Por esta razón, en 1937, el titular del ejecutivo, Lázaro Cárdenas, como parte de sus reformas sociales, propondría una modificación al artículo 34 constitucional para otorgar el derecho al voto a las mexicanas. La iniciativa fue aprobada por el Senado de la República pero rechazada por la Cámara de Diputados.
A partir de las modificaciones a las constituciones locales para permitir la participación de mujeres como candidatas en los procesos electorales locales y el asedio de grupos sufragistas como la Alianza Nacional Feminista y el Grupo Leona Vicario, el entonces presidente, Miguel Alemán Valdés, con casi un mes a la cabeza del país, envió a la Cámara de Diputados un proyecto de adición al artículo 115 constitucional en el que se determinaba que "en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas". La moción fue aprobada días después, el 31 de diciembre de 1946 y entró en vigor el 12 de febrero de 1947.

La reforma
Las modificaciones a la Constitución no satisfacían las demandas de los grupos de mujeres, ya que aún no se les otorgaba su derecho a la ciudadanía plena, pues sus derechos políticos se restringían a ámbitos locales.
Por esta razón, el 1 de octubre de 1953, a trece años de haberse reconocido el voto de las mujeres en comicios locales, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen enviado por el Senado para modificar los artículos 34 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para otorgar a las mujeres el pleno ejercicio de la ciudadanía. El 24 de septiembre anterior, el Senado de la República había aprobado un proyecto en el que al artículo 34 se le adherían las palabras varón y mujer, para quedar de la siguiente manera:

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y
II.- Tener un modo honesto de vivir.

Anteriormente, el párrafo constitucional sólo mencionaba que

Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no lo son, y
II.- Tener un modo honesto de vivir.

Días después, el 17 de octubre, Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de la República, firmaría el decreto por medio del cual se modificaba el artículo 34 constitucional para garantizar la participación política y el sufragio de las mexicanas, así como el artículo 115 para evitar la reelección en cargos de elección popular.
El cambio surgía en un México en el que la actividad pública de la mujer se restringía al magisterio, único espacio donde podía desempeñarse, ya que, como señalan columnistas de la época como Fernando Hernández de El Universal, la idea popular era que la mujer mexicana sólo debería actuar en el hogar.
Con la mencionada reforma, las mujeres podían participar como electoras o candidatas a puestos de representación popular de corte federal. El resultado de esta reforma se hizo palpable al año siguiente cuando en elecciones extraordinarias, Aurora Jiménez de Palacios fue elegida diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California.
Un año después, durante los comicios intermedios, fueron electas Remedios Albertina Ezeta, por el estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas como diputadas federales para la XLIII Legislatura (1955-1958).
En las siguientes elecciones Macrina Rabadán, perteneciente al Partido Popular Socialista, fue elegida como diputada propietaria. Una década más adelante, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina, representantes de Sonora y Campeche respectivamente, se convirtieron en las primeras senadoras electas.

La actualidad
A partir del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres por parte del gobierno de México, cuatro de ellas han sido candidatas presidenciales (Rosario Ibarra, Cecilia Soto, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota); ninguna ha ganado. Cinco más fueron electas gobernadoras (Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Ivonne Ortega y Amalia García) y una asumió el cargo de Jefa de Gobierno del DF (Rosario Robles). Si bien el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es de elección popular, son representantes de uno de los tres poderes de la unión, y hasta el momento, sólo dos mujeres (Olga María Sánchez Cordero y Beatriz Luna Ramos) han sido parte del Máximo Tribunal Constitucional, pero ninguna titular del organismo.
Esta desproporción de mujeres en los órganos de representación ha sido ampliamente debatida, sobre todo en las décadas de los años 80 y 90. Como medida paliativa, en el año 2002 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los partidos políticos a que 30 por ciento de las candidaturas en calidad de propietario fueran para mujeres y en las listas de plurinominales se garantizara una mujer por cada tres hombres.
Para los últimos comicios electorales, se estableció que cada partido o coalición debería presentar por lo menos 40 por ciento de las candidaturas a diputados y senadores para un mismo género, tanto titulares como suplentes.
De esta manera, la conformación de la XLII Legislatura (elegida en 2012) presentó un incremento en la presencia de mujeres en el Congreso. En la Cámara de Senadores, el Instituto Federal Electoral señala que hay 42 senadoras y 86 senadores, lo que significa que las mujeres representan el 33 por ciento de los escaños. El grupo parlamentario que cuenta con mayor número de senadoras es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 20; el Partido Acción Nacional (PAN), 12; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 6; el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 2, y el Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Nueva Alianza (Panal) con una.
De éstas, 22 fueron electas por mayoría relativa, cinco como primera mayoría y 17 por representación proporcional. Hasta el día de hoy, 19 senadoras son presidentas de comisión, en contraste con las 43 que dirigen senadores. De las comisiones, representan 31 por ciento del total de los legisladores que las integran.
Las cifras reflejan un incremento con respecto a la legislatura pasada, en la que hubo 30 senadoras y 97 senadores. De éstas, sólo 11 encabezaron una comisión, cuatro ocuparon el cargo por mayoría relativa, 10 por representación proporcional y cinco como primera minoría.
En el caso de la Cámara de Diputados, 184 (37 por ciento) mujeres ocupan una curul en contraposición con 316 hombres (63 por ciento). El grupo parlamentario con mayor número de diputadas es el PRI con 77; el PRD, 38; el PAN, 36; el PVEM, 16; el PT, 7; el MC, 6, y el Panal, 5.
De éstas, 89 llegaron a su escaño por mayoría relativa y 95 por representación proporcional. En el rubro de comisiones, sólo 14 (25 por ciento) de 56 son presididas por mujeres, el resto, 42, están encabezadas por hombres.
En la Legislatura pasada, 142 mujeres ocuparon un escaño; 64 por mayoría relativa y 78 por representación proporcional. De éstas, nueve fueron presidentas de comisión, es decir, 20 por ciento del total de presidencias de comisión (44).
De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio Legislativo sobre el Avance de la Participación Política de las Mujeres en México, aunque ha habido un incremento gradual de representación femenina en las cámaras de diputados y senadores, la paridad entre géneros en estos organismos aún dista de ser equitativa. Si bien el camino hacia la equidad es factible, el documento elaborado por diputadas de la LXI legislatura plantea que de mantenerse el incremento gradual como hasta el momento, la paridad se legislativa se podría alcanzar en 75 años.

SU B I R