Dentro del paquete de la reforma hacendaria, el Ejecutivo federal envió una iniciativa para expedir la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que contempla un nuevo tratamiento fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual prevé que la empresa y sus organismos subsidiarios sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y que cubran las demás contribuciones, productos y aprovechamientos conforme a las normas fiscales que los establezcan, es decir, son sujetos de las disposiciones tributarias en los mismos términos que cualquier empresa.

La propuesta en materia fiscal, describe la iniciativa, en primer lugar plantea que se reduzcan los costos reales de Pemex, lo cual implica que la determinación de la rentabilidad no depende de un límite fijado artificialmente, y señala que para la captura de la renta petrolera por parte del Estado se contará con dos mecanismos: una regalía que se calculará en proporción de los ingresos por ventas, y el porcentaje de las utilidades, que se determinará para cada contrato.

Apunta: se propone que por la ejecución de los trabajos, Pemex reciba el porcentaje de las utilidades que le corresponden al reconocer el costo de su capital invertido. Con base en éstas, pagará el impuesto sobre la renta que le resullte.

En las consideraciones del título primero de la iniciativa de ley propuesta se establece el concepto de dividendo estatal, al que el Ejecutivo considera uno de los elementos más relevantes y novedosos del planteamiento que acerca a la paraestatal a un régimen empresarial. Se trata, describe, del dividendo a cargo de Pemex y de cada uno de sus organismos subsidiarios, que se entregará al gobierno federal como rendimiento por la inversión que realizó.

La iniciativa contempla también que el consejo de administración de Pemex deberá entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera anual, un informe que permita conocer la situación financiera de la entidad y de sus organismos subsidiarios, además de los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco años posteriores.

A través de un diagrama simple considera que en comparación con el régimen fiscal vigente, ahora se establezca una regalía básica, que el Estado reciba un monto directo de las utilidades, que Pemex pague impuesto sobre la renta por su utilidad normal, que se tengan mayores utilidades y se reconozcan sus costos reales.

En sus consideraciones generales, el Ejecutivo federal señala que es una realidad que Pemex ha disminuido su capacidad para convertir nuestra riqueza petrolera en mayores beneficios para la sociedad mexicana, y apunta que una parte de su limitado desempeño se debe a que es considerada y tratada como una dependencia gubernamental más del gobierno y no como una verdadera empresa que, sin dejar de ser propiedad pública, cuente con los mecanismos adecuados para generar valor económico para los mexicanos.

El escenario económico mundial, justifica, nos coloca en la apremiante necesidad de cuestionar las condicioines que no han permitido alcanzar los beneficios esperados y, consecuentemente, nos exige replantear nuestro arreglo institucional para lograr, a la brevedad posible, por un lado, la modernización de Pemex y su régimen de operación y, por el otro, maximizar los recursos que provienen de la actividad extractiva de los hidrocarburos, como uno de los principales retos que debemos enfrentar como nación.