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El sector privado debe mostrar solidaridad con el país, considera la Prodecom

Empresarios: regresivo, aplicar IVA a colegiaturas y pagos de vivienda

El gravamen a operaciones inmuebles desincentiva una industria generadora de empleos

De aprobarse la iniciativa estaremos asegurando la desocupación, advierte la Canacintra

 
Periódico La Jornada
Jueves 12 de septiembre de 2013, p. 26

Organismos empresariales mantuvieron este miércoles las críticas a la propuesta de reforma hacendaria del gobierno –que plantea eliminar privilegios que aprovechan los grandes grupos privados para reducir su tributación–, a la que calificaron de regresiva y contraria a la generación de empleo y el aumento de la inversión. Mientras, el organismo del Estado responsable de la defensa de los contribuyentes afirmó que el sector empresarial debe entrar a la regla de la generalidad y equidad en el pago de impuestos.

En el país existe una marcada desigualdad social, por lo que en términos macroeconómicos la política fiscal apunta a un rumbo correcto. Los impuestos se basan precisamente en el deber de solidaridad social, eje de la cultura y de la moral contributiva, para que toda la sociedad persiga el mismo objetivo, sostuvo Diana Bernal, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Bernal consideró que el sector empresarial debe mostrar su solidaridad con el país y valoró positivamente que se aplique una tasa de 10 por ciento de impuesto a los dividendos y se grave, como se hace en Estados Unidos, la enajenación de acciones en la bolsa.

Se necesita que México sea un país viable para todos y la reforma hacendaria propuesta contiene aspectos favorables para el sector empresarial, apuntó, como la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU).

También valoró como no conveniente la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a las colegiaturas y ofreció que la Prodecon puede recibir peticiones y llevarlas a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que sean consideradas por los legisladores.

Tres días después que el gobierno federal presentó una iniciativa de reforma hacendaria, los organismos empresariales insistieron en sus cuestionamientos, con críticas centradas en la propuesta de gravar con IVA de 16 por ciento el pago de colegiaturas, la venta y renta de casas, así como los pagos de hipotecas.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) calificó de regresiva la propuesta de aplicar IVA a las colegiaturas y al pago de la vivienda.

En términos fiscales, un impuesto tiene carácter regresivo cuando grava proporcionalmente más los ingresos de las personas con ingresos más bajos, supuesto que no es el caso de los padres de familia que pagan colegiaturas.

Según la Canacintra, es responsabilidad del Estado mexicano otorgar educación pública, por lo que si un ciudadano decide pagarla con sus propios ingresos, liberando al Estado de esa responsabilidad, no debe agregársele la carga de este impuesto.

Agregó que la medida se contrapone con el decreto emitido por Felipe Calderón y publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2011 que permitió deducir una parte del pago anual de las colegiaturas en el impuesto sobre la renta (ISR).

Respecto del gravamen a la venta y renta de viviendas, así como a los intereses en créditos hipotecarios, la cámara consideró que desincentiva una industria que es ampliamente generadora de empleos y que se ha visto gravemente afectada por la situación económica.

También calificó de regresiva la propuesta de homologar el IVA de 11 a 16 por ciento en franja fronteriza.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, aseveró que de aprobarse la iniciativa estaremos asegurando el desempleo, ya que castiga el empleo y la reinversión al cobrar mucho más a las empresas. Consideró que se imponen nuevas trabas a las pequeñas y medianas empresas, como la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes y la deducción de sólo 40 por ciento de las prestaciones que dan a los trabajadores, lo que representa una tentación de pasarse a la informalidad.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), Alonso Ancira Elizondo, repudió el impuesto verde que se pretende imponer con los bonos de carbono y el gravamen a la minería, al sostener que encarecerá la producción.

Es un balazo a la industria, dijo, y explicó que los países donde se han impuesto los bonos de carbono dan fondos a tasa cero para que las industrias se vayan transformando y en las naciones industrializadas se venden a 32 centavos de dólar pero aquí nos los ofrecen a 5 dólares.

Francisco Funtanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), consideró que los bonos son un parche de legislación verde en la iniciativa fiscal que preocupa al sector, por lo que advirtió que los industriales buscarán que los legisladores lo modifiquen.

Por su parte, el secretario de Economía desestimó que los impuestos a las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a las ganancias de las empresas mineras afecte a México en la atracción de inversión extranjera, pues dijo que las otras reformas estructurales ya aprobadas, la energética y de telecomunicaciones generan un gran incentivo de inversión.

No reducirá la dependencia de los ingresos petroleros

La dependencia del gobierno mexicano de los ingresos provenientes de la actividad petrolera permanecerá alta, aun si es aprobada la propuesta de reforma hacendaria en los términos planteados el domingo pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, consideró la firma calificadora Fitch Ratings Service.

Las principales debilidades estructurales para las finanzas públicas de México son la baja recaudación no petrolera del gobierno federal, que es de 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), y la alta dependencia del petróleo que mantiene el sector público, el cual financia un tercio del gasto con los ingresos relacionados con la explotación del crudo, comentó.

En este sentido, la reforma propuesta debería generar una expansión en la recaudación tributaria, aunque la dependencia fiscal en los ingresos provenientes del petróleo permanecerán altos. Una base de ingresos más amplia fortalecerá la capacidad del gobierno para enfrentar las mayores presiones sobre el gasto resultado de esta reforma, como la provisión universal de pensión por vejez y el seguro de desempleo, agregó.