El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), conminó al gobierno federal a investigar para dar con los responsables del otorgamiento de licencias para construcción en zonas de riesgo de distintos estados de la República donde se registraron graves inundaciones en áreas habitacionales levantadas sobre terrenos irregulares.

El legislador expuso que la acción gubernamental debe incidir, en primer lugar, resolviendo la enorme problemática social que dejaron los meteoros, y posteriormente deslindar responsabilidades de aquellos funcionarios que concedieron los permisos para construir en zonas prohibidas.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción del PRI, adelantó que será prioridad del gobierno de Enrique Peña Nieto atender con recursos económicos y humanos las zonas afectadas por las inundaciones. Por su parte, el perredista Silvano Aureoles expuso que en la atención de las personas por los daños causados a consecuencia de las lluvias no hubo fracaso de la autoridad, porque fenómenos de tal magnitud no se pueden controlar.

La perredista Teresa Mojica presentó a la Junta de Coordinación Política una solicitud para que esa instancia ordene a la secretaría general de la Cámara de Diputados la liberación de 100 millones de pesos para coadyuvar en las labores de ayuda a los miles de damnificados por las precipitaciones pluviales del pasado fin de semana.

La razón expuesta por la representante perredista es que el presupuesto anual del órgano legislativo asciende a 6 mil 529 millones de pesos, y la redistribución de 100 millones no afectaría su gasto.

Sobre el particular, Ricardo Anaya refirió que la atención y energía de la autoridad debe concentrarse en apoyar a quienes lo necesitan, a quienes sufrieron los desastres. Y después vendrá una segunda etapa, igualmente importante, de rendición de cuentas para que hagamos un análisis profundo, para que deslindemos responsabilidades, desde quién otorga mal una licencia de construcción, quién permite que un grupo humano se asiente en el afluente de un río, quiénes no tomaron las previsiones adecuadas, quiénes no tuvieron la capacidad de coordinarse de manera precisa.

Residentes de La Pintada, donde el pasado miércoles se desgajó un cerro que sepultó la mitad del poblado, se refugian en un albergue ubicado en el Centro de Convenciones de AcapulcoFoto Ap

Para Beltrones, la prioridad de Peña Nieto será atender las zonas en desastre, y posteriormente se deberá analizar el fenómeno inmobiliario que se concentra en áreas inapropiadas para la construcción.

Sabemos muy bien que el agua tiene memoria; cuando llega en las cantidades que vimos en Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, el mismo Chiapas, y en estos momentos en Sinaloa, Nayarit y una parte de Sonora, rápidamente se encauza por los senderos naturales, con enorme memoria, y esto hace que sea mucho más fácil que, con algunos de los instrumentos que tienen las autoridades, se pueda identificar las áreas donde no se debe construir, para que la corrupción ahí sea atacada en todo sentido.

Por su lado, Aureoles consideró que ante los fenómenos naturales la población es vulnerable, y no se trata de omisión cuando ocurre una tragedia: un fenómeno natural de tales magnitudes no vas a controlarlo. Puedes orientar, tomar algunas medidas para reducir los daños, pero evitarlo no, porque, además, hay un problema global. Estos son los efectos de un fenómeno que ha ido ganando terreno, que es el cambio climático.

–¿Se manifiesta corrupción en la construcción de unidades habitacionales en lugares inadecuados?

–Ese es un problema que seguramente tiene un componente de corrupción, pero es un problema muy arraigado. Yo fui presidente municipal, y ¿saben ustedes lo que para mí significó poder remover algunas familias que vivían en el borde del río o al lado del arroyo? Fue difícil.

–Estamos hablando de grandes construcciones –se le señaló.

–Evidentemente que lo hay, porque en muchos lugares o en todo el país las licencias para uso de suelos la dan los ayuntamientos.