DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER
SUPLEMENTO MENSUAL  DIRECTOR: IVAN RESTREPO  
EDICIÓN: LAURA ANGULO   30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
NUMERO ESPECIAL


Portada

Presentación
Luisa Paré

El poder del agua en las
Altas Montañas: conflictos ambientales y de
ón y apropiación

José Cruz Agüero Rodríguez y Julia Tepetla Montes

Un río tóxico en resistencia: diversidad biológica contra contaminación desenfrenada
Jordi Vera Cartas y Beatriz Torres Beristáin

Hidroeléctrica El Naranjal: por qué no darle luz verde
Beatriz Torres Beristáin y Sebastián Altamira

La hidroeléctrica en Zongolica: entre el despojo y la esperanza
Gerardo Alatorre Frenk, Rosalinda Hidalgo Ledesma y Teresa Campos Sánchez

Noé Vázquez Ortiz:
una semblanza

Majloc Demon


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El poder del agua en las Altas Montañas: conflictos ambientales y de distribución
y apropiación

José Cruz Agüero Rodríguez
Doctor en estudios urbanos y ambientales, Colegio de México. Profesor/investigador SEA-UV, Representante del Cuerpo Académico 342 RSVS
Correo electrónico: aguador58@yahoo.com.mx

Julia Tepetla Montes
Doctorante en estudios histórico regionales
Profesora/investigadora SEA-UV CAEF 342 RSVS
Correo electrónico:
judales54@yahoo.com.mx

La región de las Altas Montañas, como se conoce a las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, en el centro de Veracruz, es origen de las subcuencas del Río Blanco y Cotaxtla/Jamapa tributarios de las cuencas del Papaloapan y del Río Jamapa, respectivamente. Dada la riqueza de sus ecosistemas y abundancia hídrica, ha estado sujeta a una fuerte atracción industrial y urbanización intensiva desde mediados del siglo XIX. El Pico de Orizaba constituye el corazón de los acuíferos que alimentan todo el valle del Huitzilapan, la sierra de Zongolica y dos grandes zonas metropolitanas: Orizaba/Córdoba, para verter sus aguas en la laguna de Alvarado.

A su vez, el río Jamapa deposita sus aguas en la zona conurbada Boca del Río-Medellín, la más importante del estado. Estos subsistemas hidrológicos son fuente invaluable de recursos hídricos y ecosistémicos que alimentan la vida lagunar y humedales costeros, así como los sistemas interconectados de ciudades que van de la sierra a la costa.

Todo lo que ocurre aguas arriba impacta positiva o negativamente a estas ciudades costeras. En conjunto, constituye un territorio donde el agua, antes abundante y poco cuidada, hoy es bien escaso, altamente contaminado, y fuente de múltiples confrontaciones para su acceso, distribución, uso y preservación ambiental.

Sobre la cuenca del Río Blanco, empresas como Río Blanco, Cerritos, Cocolapan fueron emblemáticas de la gran industria y detonadoras del desarrollo industrial textil. La industria cervecera ya configuraba el paisaje industrial/urbano de finales del siglo antepasado y la papelera Kimberly Clark después de la segunda mitad del siglo XX. La industria azucarera recobra su auge en la posrevolución, instalándose principalmente en las partes bajas de ambas subcuencas.

La segunda fase de industrialización data de mediados del siglo pasado y es la zona industrial de Ixtaczoquitlán-Fortín su centro de crecimiento y el repunte del aumento poblacional. Fábricas de alimentos, bebidas, cemento, papel y azúcar forman el principal conjunto urbano-industrial moderno regional. Mientras tanto, vemos en la zona metropolitana de Orizaba (ZMO) un proceso de desindustrialización y crecimiento de las actividades terciarias.

Sostener estas grandes empresas y su subsecuente urbanización intensa requirió cantidades inmensas de agua, procesos graves de contaminación y daños irreversibles a los ecosistemas regionales.

Para el año 2000, la población concentrada en los principales centros urbanos constituía el 61 por ciento de un total poblacional de casi 1.3 millones de habitantes. En el 2010, las zonas metropolitanas de Córdoba/Orizaba (ZMCO) contaban con 843 mil 348 habitantes, más del 70 por ciento de la población total; el 71.7 contaba con agua entubada y 79.1 por ciento tenía drenaje en sus viviendas.

Las altas concentraciones urbanas, el desarrollo agroindustrial y el incremento de los servicios requieren cantidades crecientes de agua para el consumo industrial, agua potable para el abastecimiento humano, agua para sostener la producción del campo, sobre todo la producción cañera, y para la generación de energía. Todo lo anterior origina una fuerte presión sobre los recursos eco-sistémicos e hídricos y se convierte en fuente creciente de disputas y controversias para su gestión, control, reparto y defensa ambiental. Es el panorama, nada promisorio, que se tiene en la primera década del siglo XXI.

Conflictos de apropiación, contaminación y socioambientales

Desde la segunda mitad del siglo pasado, el acceso al agua para diversos usos ya era motivo de múltiples tensiones entre el agua de uso público, industrial o agropecuario. Sin embargo, para fines de los ochenta y noventa la situación fue cada vez más crítica. A pesar de que la región hidrológica en general tiene una alta disponibilidad media per cápita de agua (10 mil 764 m³/año en 2006, cuando la media nacional es de 4 mil 416 m³), su distribución desigual, la contaminación de sus fuentes y el deterioro de los ecosistemas hídricos han hecho de esta abundancia física un factor de escasez social y una subsecuente lucha interminable por el acceso y control económico y político del líquido.

Por otra parte, las reformas neoliberales prepararon el escenario para que la empresa privada y las trasnacionales vieran en el agua un fresco negocio en el futuro inmediato. Para ilustrar lo anterior recurrimos a los casos más emblemáticos en las vertientes de los ríos Blanco, Jamapa y Cotaxtla, donde los procesos de control político y privatización del agua han desatado reacciones colectivas contra estos proyectos.

Agua para consumo humano

La ZMCO concentra el grueso de la población regional. Ya en la década de los años ochenta padece fuerte déficit de agua potable para el consumo humano; esta escasez alcanzaba a casi el 40 por ciento de su población en su fase crítica de estiaje. El control de mantos acuíferos y la extracción de agua para dotar a las ciudades aceleraron las confrontaciones regionales.

Destacan tres fuertes conflictos: la construcción del acueducto Nogales-Córdoba-Orizaba (2000-2006); el proyecto Sierra del Gallego, para llevar agua a comunidades de la zona baja y la ciudad de Córdoba (2000-2006), y el proyecto Bandera Blanca (2011-2013) para llevar agua del nacimiento del río Atoyac a comunidades de Córdoba, la ciudad misma y algunas comunidades de Amatlán.

El proyecto de acueducto Nogales-Orizaba-Córdoba

Se caracterizó por una fuerte resistencia de la sociedad civil organizada en defensa de sus fuentes de agua, la conservación del centro turístico Las Doncellas y contra una política de imposición y saqueo del agua, protagonizada por el gobierno estatal y la clase política de la ZMCO. La Unión de la Propiedad Inmobiliaria AC (Unpinac) jugó un papel central en la movilización y las principales acciones de resistencia civil.

El resultado fue la represión abierta contra los opositores: 16 líderes fueron apresados, reprimidos, divididos, atemorizados, amenazados y encarcelados. Con expedientes judiciales abiertos y vetados sus derechos civiles, fueron acusados de “sedición social” contra el estado de derecho.

El caso más representativo es el del maestro Mauricio Trujillo, miembro de la Unpinac, cuyo caso está registrado y su expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para resarcir el daño y la devolución de sus derechos civiles. Ése ha sido el costo social para dotar a las ciudades de Mendoza, Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlán y Córdoba, del 40 por ciento de sus necesidades de agua potable.

Sierra del Gallego se opone a entregar el agua a Córdoba

Otro caso significativo de oposición para entregar el agua a Córdoba y otras comunidades rurales lo protagonizaron 28 comunidades de la Sierra del Gallego. Catorce comunidades de la parte alta, agrupadas en la organización Pueblos Unidos en Defensa del Agua, AC, se opusieron a entregarla al municipio de Córdoba y 14 comunidades de la parte baja. La resistencia, que abarca del 2002 al 2010, se debe a que no hubo proceso de consulta en las comunidades que originalmente gestionaron y lograron la autorización del proyecto.

Las comunidades de la parte baja se negaron a gestionar en su momento, y había un pretendido objetivo de llevar el agua hasta la ciudad de Córdoba para nuevas zonas de urbanización. Por lo tanto, el temor era que una sobreexplotación del manto acuífero Los Berros, localizado en Ixhuatlán del Café, no garantizara cubrir las demandas de agua a futuro para las poblaciones serranas. La intromisión de partidos políticos y una administración municipal autoritaria en el asunto del agua complicaron la situación y dificultaron un acuerdo negociado.

Finalmente, el agua sólo beneficia a 14 comunidades que realizan esfuerzos por emprender su gestión y administración autonómica, contra un municipio y su órgano regulador, Hidrosistema, que insiste en imponer su administración y ejercer sus condiciones políticas. La organización ciudadana resiste bajo la amenaza del poder local, el vacío administrativo de Hidrosistema y el abandono en su gestión, pues el municipio se opone a entablar el diálogo y permitir que la organización participe de la gestión y administracin del agua.

El actual ayuntamiento a cargo de Francisco Portilla, con quien en el trienio 2005-2008 iniciaron la confrontación, no se ha dignado proporcionarles el derecho de audiencia garantizado constitucionalmente. Gestores como don Fresvindo, Joel, Rito, Arturo y Goyo, entre otros, han tenido que sufrir amenazas, provocaciones, intentos de extorsión y toda suerte de presiones para que abandonen la lucha. Pero siguen firmes, sabiendo que su resistencia hoy es para bien de las generaciones futuras.

El proyecto Bandera Blanca: muerte al caudal ecológico del río Atoyac

Es el intento más reciente para llevar el agua a la ciudad de Córdoba. Consiste en extraer agua del manantial La Junta, ubicado en la comunidad de Paraje Nuevo, municipio de Amatlán. De acuerdo con información del secretario de la CAEV, se tiene autorizado extraer un volumen de 27 l/s, construir un tanque de 70 mil litros con una tubería de ocho pulgadas en 50 kilómetros y mil 200 tomas domiciliarias, para distribuir el agua a 11 congregaciones: dos del municipio de Amatlán, siete comunidades agrarias y dos colonias suburbanas de Córdoba.

El manantial Ojo de Agua es el nacimiento del Atoyac, uno de los principales afluentes de la cuenca del Jamapa cuyas escorrentías alimentan cinco municipios productores de caña, cítricos, ganadería, granjas de aves y cerdos, un ingenio azucarero y dos plantas alcoholeras de la empresa Zapopan. Se encuentra al interior del área natural protegida El Clarín, cuya cobertura actual es de 70 hectáreas. Pero proyecta expandirse hasta 70 mil en los ejidos de Carrillo Puerto, el Paraje, Miguel Aguilar y Naranjos. El área natural protegida es producto de más de 25 años de lucha contra la caza indiscriminada, el saqueo de maderas preciosas, la minería, la pesca no controlada y la explotación de flora y fauna endémica y en peligro de extinción. El área natural protegida El Clarín es administrada por una asociación civil integrada por ejidatarios y propietarios de los predios, quienes vigilan, controlan y norman la vida productiva y de conservación del área. Gracias a esta experiencia, integran el plan de manejo del área natural protegida para su preservación ecosistémica.

Sobre el río Atoyac se ciernen graves riesgos: a unos cuatro kilómetros de su nacimiento funcionan cuatro enormes granjas de aves y cerdos. Existe una presa derivadora que desvía cerca del 90 por ciento del caudal del río para abastecer a otras granjas de pollos y cerdos, la alcoholera Atoyac, el ingenio El Potrero y la unidad de riego Alfredo B. Bonfil, en Cuitláhuac, Atoyac, Yanga y Carrillo Puerto, irrigando cerca de 120 mil hectáres dedicadas a la caña de azúcar, la citricultura, maíz y frijol, así como la ganadería. Así lo relataron los integrantes de la Coordinadora Regional en la Defensa del río Atoyac:

“La alcoholera de Zapopan, que arroja sus vinazas al río contaminando y los mantos freáticos; el ingenio El Potrero se alimenta de este cauce; le toman hasta más del 90  por ciento de su capacidad, porque donde está su compuerta le quita el 100 por ciento al río de Ojo de Agua Chico, hacia abajo el río está seco. Otro problema crítico es el de las granjas avícolas Santa Cecilia, y las de cerdo Henry, que descargan directamente al río sus desechos.” (Entrevista colectiva CRDRA)

El caudal del Atoyac se reduce a 10 por ciento o casi desaparece en tiempos de estiaje. Muchas especies de río (langostino, juiles, truchas, cangrejos y caracoles) han desaparecido o apenas sobreviven a la pérdida del caudal. Todos estos beneficios otorgados por el río son devueltos aguas abajo vía descargas residuales en forma de melazas, vinazas, plaguicidas, residuos de fertilizante y excremento de pollo y cerdo.

Por su parte, Cuitláhuac recibe los lixiviados de un tiradero a cielo abierto y los drenajes de todos estos municipios. No se localiza una sola planta de tratamiento de aguas residuales en estas actividades altamente rentables. Finalmente, todos estos riesgos socioambientales se concentran en la desembocadura de las lagunas de Medellín de Bravo y Boca del Río, Veracruz.

Es en Amatlán y en las poblaciones que viven a orillas del río Amatlán donde surge, desde hace más de 25 años, una de las organizaciones civiles de carácter ambientalista más dinámicas. Su carácter ecologista se manifiesta con el impulso de un área natural protegida; la oposición a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en 1992, justo en el nacimiento del río Atoyac sobre el arroyo Jabalí, en Nuevo Paraje; la denuncia sobre la contaminación del río Atoyac por granjas de pollos y cerdos y por vinazas de la alcoholera Zapopan; y recientemente, la oposición al Proyecto Bandera Blanca, para evitar el saqueo de agua potable para las colonias suburbanas de Córdoba, que amenaza reducir el caudal del Atoyac a su mínima expresión. En entrevista con la coordinadora, así lo manifestaron:

“En primer lugar, platicamos mucho como voz ciudadana... se platicó con el ejido Carrillo Puerto, el ejido Paraje, Miguel Aguilar y Naranjos, nos unimos precisamente en buscar una reserva ecológica que con sacrificio y con gran lucha se llegó a constituir como asociación civil. Tiene el fin de proteger como área natural protegida, precisamente para lograr el cuidado de este manantial. Estamos hablando de 700 hectáreas; en un principio manejamos las 70 hectáreas en vías de la certificación. Ingresaron 145 productores.” (Entrevista colectiva CRDRA)

Agrupados en la Coordinadora Regional en Defensa del Río Atoyac, diversas organizaciones locales y regionales —como la Asociación de Productores Ecologistas Tatexco (Apetac), la reserva ecológica El Clarín, Colectivo Defensa del Atoyac, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre de Amatlán que luchan contra la presa hidroeléctrica El Naranjal, autoridades comunitarias y comités populares—, unen sus esfuerzos y demandas a favor de la defensa del río. Involucran a los municipios de Carrillo Puerto, Cotaxtla, Yanga, Cuitláhuac, Atoyac y Amatlán, y se suman a otras luchas regionales.

Para la coordinadora no sólo se trata de oponerse a la extracción de agua, como ellos lo relatan:

“Este nacimiento es algo simbólico aquí, nosotros no negamos el agua al proyecto Bandera Blanca porque seamos envidiosos, pero aquí está el manantial, el nacimiento, arriba las comunidades: Atoyac, Cañada Blanca, Plan de Ayala, San José de los Naranjos, Miguel Aguilar, Cruz de los Naranjos, Berlín, Millán, Porvenir y aquí arriba, del cerro hacia atrás, están los Infonavit que se están construyendo. Y decimos: el agua la vamos a dar limpia, esa agua nos la van a regresar en drenajes.” (Entrevista colectiva CRDRA)

En el trayecto han aprendido que su lucha rebasa los límites regionales para volverse nacional e internacional. Están vinculados a organizaciones como LAVIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; la ANAA (Asamblea Nacional de Afectados Ambientales); MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos) y Greenpeace, entre otras redes y organismos no gubernamentales. En su relato, así lo expresan:

“El trabajo debe ser incluyente con la sociedad, vamos a foros de medio ambiente, y en eso hemos ido encontrando mucho apoyo de organizaciones como el colectivo Defensa Verde que lleva lo de la hidroeléctrica. Hemos estado con los jóvenes de Yo Soy 132, con organizaciones de Zongolica, Tequila, Orizaba, con APETAC de Coatzacoalcos que es nacional, y estamos trabajando con LAVIDA, que es una organización en la cual hemos recibido su asesoría y apoyo.” (Entrevista colectiva CRDRA)

Muchos son los luchadores sociales que propician este movimiento. Como don Enedino, José Alonso, doña Tere, Gelasio Mora, Octavio e Isaúl, que han recibido amenazas, amago de la autoridad y presiones de extorsión, pero todos siguen firmes porque ven en la vida del río su vida. “A través de las redes sociales, infinidad de gentes en Estados Unidos preguntan qué es lo que pueden hacer, nosotros sólo decimos que concienticen a sus familiares para que pueda mantenerse una lucha más amplia.” Así es como relataron su experiencia, sus anhelos y sus preocupaciones para que el agua siga su curso.

Agua empresarial. Zongolica y Amatlán: dos presas, dos conflictos

El proyecto hidroeléctrico Veracruz, impulsado por la empresa privada Electricidad del Golfo SRL de CV, ha concluido la construcción de la presa Zongolica con una capacidad de 42 MW en una represa de 194 mil 430 m3 sobre el río Apatlahuaya, tributario del Zongolica. Esta empresa llegó en el 2008, compró tierras, elaboró su proyecto y lo sometió a las autoridades respectivas, y fue autorizado sin mayores contratiempos. Adquirió tierras baratas con engaños, y de manera secreta pues nunca dijo para qué las ocuparían; aprovechó la dispersión de los dueños y el aislamiento de las comunidades. Nunca consideró que las tierras que se afectarían son territorios indios. Se alió con autoridades locales, municipales, estatales y federales, ofreciendo obras y apoyos económicos para beneficencia pública. Actuó de manera rápida y sin consulta ciudadana, de tal manera que cuando se empezó a gestar un movimiento ciudadano en contra del proyecto, la obra ya había avanzado considerablemente.

Las organizaciones locales como la OCISZ y el TINAM, de antaño en la sierra de Zongolica, intentaron detener el proceso con algunas marchas, mítines y desplegados que poco sirvieron para su cometido. La presa está construida y a punto de arrancar la generación de electricidad, en beneficio de ciudades y centros comerciales. Los pueblos y municipios cercanos han reaccionado tal vez un poco tarde. Ante la indiferencia de los gobiernos locales y estatal han tenido que recurrir a instancias y organismos internacionales, como el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para reclamar por la intromisión a territorios indios y en defensa de sus derechos étnicos y humanos fundamentales.

Los promotores de la presa hidroeléctrica El Naranjal de Amatlán, en primera instancia Proenermex, después Protana o Agroetanol siguieron el mismo patrón estratégico del caso Zongolica para implantar su proyecto. En este caso, el potencial para generar energía es de 305-360 MW (960Dwh/año); de llevarse a cabo, sería el noveno embalse en el país y el más grande del estado. La cobertura de afectación abarcaría seis municipios y 13 comunidades. Habría 19 mil 762 afectados directos.

Muchos intereses se encuentran detrás de esta magna obra, cuyo propietario más destacado es José Kamel Nacif Borge, acusado de pederastia en contubernio con la clase política veracruzana que gobierna desde hace más de un sexenio. Al igual que con la presa Zongolica, todas las autoridades locales y estatales niegan conocer las autorizaciones y los permisos para iniciar las obras. La empresa tiene nombre pero nadie da la cara, no hay responsables directos, se lucha contra fantasmas. Sin embargo, la amenaza está allí presente.
Contrario a Zongolica, aquí se constituyó una resistencia sólida para detener el proyecto. Amatlán y la región que será afectada han iniciado un proceso organizativo que comprende seis organizaciones civiles (locales y regionales), enlazadas con otras de corte estatal, nacional e internacional (LAVIDA, MAPDER, REDLAR), evitando hasta el momento la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico.

A diferencia de Zongolica, las organizaciones impulsoras son de corte eminentemente ambientalista y de derechos humanos, lo cual confiere a sus estrategias de lucha un carácter modernizador y ampliado.

Organizaciones pastorales, ambientalistas, derechos humanos, profesionistas comprometidos, universitarios, mujeres confluyen y crean canales de vinculación y solidaridad. Han llevado el problema a las redes sociales, difundiéndolo a escala local y global. Las redes de información y los medios alternativos de comunicación han sido de vital importancia para informar y vincularse sobre la situación local, difundir la movilización, por lo que es importante conocer sus alcances como medio de lucha social en este proceso.

Así, la resistencia social contra el proyecto Amatlán se constituye en un movimiento paradigmático de las luchas ambientales y pro derechos humanos de la modernidad. Gabriela, Cecilio, Francisco, muchos hombres y más mujeres de la región de Amatlán protagonizan esta lucha por un futuro digno y un ambiente propicio para nuestros hijos. Nos enseñan que el cauce del río es un camino a seguir.

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