Activistas identificaron por medio de fotografías a grupos de personas –entre seis y siete– vestidas de civil que actuaron antes, durante y después de la marcha del pasado 2 de octubre y realizaron varias detenciones. Aseguraron que son presuntos trabajadores de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno del Distrito Federal, pues a algunos los han visto en manifestaciones y bloqueos.

Por esos hechos, el pasado viernes interpusieron una denuncia por los delitos de ejercicio indebido de la función pública, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad, la cual quedó asentada con el número de averiguación previa FCH/CUH-5/T3/2216/13-10.

Asimismo, solicitaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, con la finalidad de presentarlas como pruebas, así como las fotografías que tomaron en el lapso de casi dos horas de los grupos de personas del gobierno que actuaron vestidas de civil en la marcha.

Jesús Robles Maloof señaló que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, un servidor público tiene prohibido hacer detenciones. Además, está obligado a identificarse antes de un acto de autoridad y debe proceder bajo ciertas reglas de proporcionalidad, lo que, dijo, no sucedió.

Recordó que en coordinación con otros activistas participó en la movilización. El tramo que recorrió fue de Bucareli y Paseo de la Reforma hasta la calle Milán. También estuvo en la glorieta de Colón. Dijo que en el trayecto detectó a los sujetos que no estaban uniformados e incluso siguieron a algunos jóvenes, que más tarde detuvieron.

Mediante las fotografías que fueron subidas a las redes sociales se detectó la presencia de personal de la Secretaría de Gobierno, que estaba a las órdenes de un presunto director de vía pública de apellido Ortega.

También, a Carlos Alberto Soto Macías, quien fue identificado por ciudadanos como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue director de atención a movilizaciones de la corporación de la SSP.

Por otra parte, los ocho jóvenes que desde el pasado jueves se encuentran presos en el Reclusorio Norte se declararon en huelga de hambre para exigir justicia y se les libere, porque, aseguran, les han imputado acusaciones falsas, sólo por participar en la marcha del 2 de octubre.

Horas antes de cumplirse el término constitucional para que el juez 40 penal determine la formal prisión, los inculpados, en una carta informaron: iniciamos una huelga de hambre a causa de las irregularidades durante nuestra detención, acompañada de falsas pruebas y falsos testimonios por el MP y los cuerpos policiacos.