l 23 de septiembre, como es del conocimiento público, tres comisionados de la Asamblea Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular hicieron entrega, en la residencia del Poder Ejecutivo federal, de un escrito que plantea procedimientos y contenidos alternativos a dos de las iniciativas que la Presidencia de la República encaminó recientemente al Congreso de la Unión en materia energética y hacendaria. Para continuar los tres artículos que he publicado en La Jornada sobre la primera de ellas –“Trunca, incoherente, errada, falaz…”, el 15 de agosto; Energía: detrás de los comerciales, dos semanas después, y “Compleja, inextricable, lesiva…” el 26 de septiembre–, examino ahora la respuesta que la Presidencia decidió ofrecer, 11 días después, el 5 de octubre, y la forma en que su tono y su tonada (decir de Jorge Alcocer referido a otro asunto) han exacerbado aún más el ambiente político en que se examina y comienza a debatirse tal propuesta. Adelanto que, a mi juicio, la respuesta peca de excesivo formalismo, burocratismo rampante, insuficiente criterio, es decir, irreflexividad, al tiempo que muestra escasa consideración y respeto a quienes firmaron el escrito original y al vasto número de ciudadanos mexicanos en cuyo nombre y representación lo hicieron. En suma, para continuar las caracterizaciones enumerativas, me pareció una respuesta formalista, burocrática, irreflexiva…

Conviene recordar la esencia de la alternativa de procedimiento propuesta en materia petrolera. Tuvo el propósito de frustrar la intención proclamada de hacer avanzar a marchas forzadas debates artificiosos con conclusiones en buena medida prefabricadas; apresurar la discusión en comisiones para, como tantas veces ha ocurrido, precipitar la redacción de un dictamen que, más que debatirlo a fondo, el pleno del Senado se limitase a aprobar en lo general para después rechazar una a una, de manera automática, las enmiendas a los artículos reservados y remitir la minuta, plagada de erratas como también ha ocurrido, a la colegisladora. Para evitar este procedimiento viciado, utilizado en la aprobación de reformas recientes, se planteó realizar, con antelación al trámite legislativo, una consulta a la ciudadanía sobre si acepta o rechaza la pretensión de modificar dos artículos constitucionales, pilar básico del orden jurídico y de la estructura económica nacionales.

El argumento que apoya la necesidad de la consulta previa es difícil de objetar. La propuesta de enmienda de los artículos 27 y 28 constitucionales no apareció en la campaña presidencial de 2012. En realidad, lo opuesto fue lo ocurrido: candidatos y dirigentes políticos negaron, en ocasiones de forma enfática y reiterativa, que tuvieran intención de plantear cualquier reforma constitucional en materia petrolera. De la votación de 2012 no se desprende mandato alguno del electorado en ese sentido. Si ahora se desea proponer tal reforma, resulta indispensable, por su trascendencia y alcance, basarla en un mandato popular claro y explícito. En su ausencia, la propuesta de reforma constitucional, como es el caso, bien puede cumplir las formalidades legales, pero carece de legitimidad política.

Existe, además, el instrumento para hacer tal consulta, definido en la Constitución misma, a partir de la reforma de 9 de agosto de 2012. Suele argumentarse que la fracción VIII del artículo 35 constitucional es inaplicable por no existir todavía la legislación subordinada correspondiente. Hay, sin embargo, una iniciativa para ello en el Congreso, cuyo trámite podría considerarse de urgencia demostrada. Además, el texto constitucional es suficientemente explícito como para poder ser aplicado aun en ausencia de la legislación secundaria, que no definiría cuestiones sustantivas sino asuntos diversos de procedimiento.

Se requeriría reformar el punto quinto de la fracción citada para poder realizar la consulta popular en fecha distinta a la de la más próxima elección federal, en julio de 2015. Este requisito responde sobre todo al deseo de limitar los costos de la operación. Un país que se permite tantos dispendios del dinero público podría disponer de recursos para una finalidad de evidente conveniencia. Según la Memoria del proceso electoral federal 2011-2012, disponible en el portal del IFE, el presupuesto ejercido en ese proceso electoral ascendió a 4 mil 238.2 millones de pesos, alrededor de dos tercios del costo del nuevo avión presidencial según el monto considerado en el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Aristegui Noticias, diciembre 11, 2012). Si así se prefiere, la consideración formal de la iniciativa de reforma constitucional podría diferirse hasta que se hubiese realizado la consulta popular, conforme a la normatividad vigente en julio de 2015, y fuese conocido y proclamado su resultado.

La respuesta que un funcionario de Presidencia brindó al planteamiento de 23 de septiembre fue, como se dijo, en extremo formalista. Dedicó el primero de sus dos párrafos sustantivos a reiterar, como si no hubieran sido repetidas hasta el hastío, las bondades que sus autores atribuyen a la iniciativa y que se encuentran lejos de estar demostradas. El segundo párrafo reitera el respeto del Ejecutivo por la división de poderes como si se tratase de una verdad evidente por sí misma. No se alude al fondo de la alternativa de procedimiento propuesta. Es una respuesta construida desde el México que existe en el imaginario oficial, más que en la realidad cotidiana. El lenguaje burocrático es manejado con maestría –a partir de alusiones a ciertos artículos de leyes y reglamentos de segundo o tercer orden–. Un mínimo de criterio hubiera llevado a tratar de refutar la alternativa de procedimiento sugerida, planteando las razones por las que se considera inadecuada, irrelevante o inaplicable. Se prefiere, en cambio, rei­terar los sofismas: como el que supone una relación directa y unívoca entre el volumen de hidrocarburos producido y los precios al consumidor de la energía eléctrica y el gas doméstico, o el que presenta como hecho innegable la generación de cientos de miles de nuevos empleos, en una industria intensiva de capital, no de mano de obra.

El que la respuesta no entre en la materia planteada combina la arrogancia de quien no se siente compelido a explicar sus acciones con el desprecio hacia quienes se atreven a proponer algo diferente. Todo esto envuelto, como era de esperarse, en el lenguaje burocrático más refinado. Considero que una respuesta de este talante exacerba aún más el ambiente político en el que se procesa la iniciativa, pues niega una opción que merecía consideración cuidadosa y cuya viabilidad, más que negarse vía petición de principio, debería explorarse con seriedad y rigor.