Si bien en los años recientes en América Latina se ha logrado la consolidación de la democracia y ha habido un periodo de estabilidad y crecimiento económico, no ha sido suficiente para revertir los altos niveles de polarización social y de pobreza que subsisten, se planteó durante el cuarto Foro sobre la democracia latinoamericana, promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, sostuvo que junto con la consolidación de los sistemas electorales en la región se debe buscar el paso de una democracia meramente electoral a una de derechos plenos, eficaz. Una democracia que sea capaz de garantizar empleo e ingresos dignos, educación y salud a la población.

Manifestó que para ello no hay caminos cortos ni soluciones fáciles, por lo que reivindicó el Pacto por México como la forma en que el país ha buscado darse gobernabilidad con pluralidad. Es la manera como gobierno y partidos han asumido una corresponsabilidad para cumplir con una agenda de reformas.

Para el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, la desigualdad es la mayor amenaza para las democracias, más de dos décadas de elecciones libres han alejado al autoritarismo de nuestros países, pero no han distribuido la riqueza. Pese al crecimiento económico de la década pasada, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señalan que uno de cada tres habitantes vive en pobreza.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reivindicó la estabilidad democrática de Latinoamérica, pero precisó que distribuir el poder político en las urnas no implica, lamentablemente, impulsar también la redistribución de la riqueza.

En la región hay situaciones incompatibles con la democracia, como la existencia inaceptable de niveles de desigualdad, de índices de violencia, que son incompatibles con una sociedad democrática.

Durante la mesa Capitalismo y democracia, ¿un modelo en crisis?, el investigador español Manuel Alcántara sostuvo que tanto la democracia como el neoliberalismo imperante enfrentan una seria crisis de legitimidad. Frente a una clara disminución de las capacidades de los estados avanza un modelo de privatización caracterizado por corrupción y falta de transparencia.

Hay una suerte de amoralidad en la relación entre lo público y la iniciativa privada, con la llegada de cada vez más tecnócratas a los gobiernos para resolver las crisis que sólo reflejan el involucramiento creciente del poder económico en la vida política.

José Thompson, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, sostuvo que en la actualidad se vive una época de capitalismo tardío que carece de referentes éticos que guíen las políticas. Frente a ello, los partidos políticos han perdido su capacidad de representación que ahora está en crisis en un entorno en el que el ciudadano es concebido más por su capacidad de consumo que por sus derechos.