San Luis Potosí, SLP, 10 de octubre.

La Contraloría General del Estado (CGE) impuso una multa de 7 mil 791 millones 300 mil pesos e inhabilitó para ocupar cargos públicos por los próximos 20 años al ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga, por considerar que desvió el crédito de mil 500 millones de pesos que solicitó al término de su gestión, en 2009, pues lo usó en gasto corriente cuando le fue autorizado para infraestructura.

José Isaac Delgado Rodríguez, titular de la CGE, dijo que el ex mandatario panista tendrá oportunidad de impugnar el fallo ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo en 30 días a partir de la fecha en que fue notificado.

La resolución está asentada en el expediente RESP-057/2011 y fue remitida el 25 de septiembre a las partes, incluidos los abogados del ex mandatario.

El litigio se inició a finales de 2011 y se demoró debido a que De los Santos tramitó incidentes, recursos y amparos mediante los cuales impugnó el procedimiento y adujo falta de competencia de la CGE, pero la justicia federal falló en su contra en esas instancias.

El ex mandatario no rechazó haber destinado el crédito a fines distintos a los autorizados por el Congres; sólo alegó que el estado no contaba con ingresos propios suficientes para cumplir sus obligaciones y que hubo una baja en las participaciones federales de 2009.

De los Santos señaló que, al aprobar el crédito, el Congreso sabía de la emergencia financiera en que se encontraba la entidad y que el crédito se usaría para mantener en funcionamiento la administración. Para la dependencia supervisora, esto implica desvío de recursos.

Pese a dichas impugnaciones, el organismo determinó imponer la multa de 7 mil 791 millones 300 mil pesos, o tres veces el monto del daño patrimonial hecho al estado, que la dependencia calculó en 2 mil 597 millones 100 mil pesos.

Esta cifra es la suma de mil 500 millones de pesos del crédito autorizado en agosto de 2009, más mil 97 millones 100 mil pesos por intereses causados entre agosto de 2013 y el término del crédito, en agosto de 2029. La sanción está basada en los artículos 75 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La inhabilitación fue determinada con base al artículo 79 de la mencionada ley. Como el monto de la sanción es mayor a 200 veces el salario mínimo vigente en la entidad, procede la inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público hasta por 20 años.

Joel Azuara Robles, quien fue secretario de Finanzas de De los Santos Fraga y estuvo en prisión un año acusado de rentar indebidamente un helicóptero, cargo del cual fue absuelto, dijo: El préstamo se solicitó para una emergencia financiera; su adquisición fue correcta y fue legalmente aplicado. Se negó a ampliar sus opiniones porque la actual administración potosina nada más está esperando a ver quién saca la cabeza para fregárselo.

El gobernador, Fernando Toranzo Fernández, dijo que este no es un asunto político ni para fortalecer la imagen de su administración. La fortaleza se da en que haya trabajo y acciones. De los Santos Fraga deberá responder ante las instancias correspondientes por las anomalías detectadas en su administración, aseguró el priísta.

Héctor Mendizábal Pérez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, consideró que esta sanción no afecta la imagen del blanquiazul porque no son tiempos electorales.

Es una chingadera monumental, no tiene parámetro. Creo que han perdido totalmente el juicio. Hay un mar de fondo político y de ese mismo tamaño es el terror que le tienen a que Marcelo de los Santos pueda participar en 2015 por un cargo de elección popular. De ese tamaño es el miedo, opinó Eugenio Govea Arcos, diputado local de Movimiento Ciudadano y senador panista durante la administración del ex gobernador.

En agosto de 2009, 23 de los 27 legisladores que formaron la 58 Legislatura aprobaron la solicitud del gobierno de De los Santos para contratar el crédito de mil 500 millones de pesos a pagarse en 20 años.

La administración panista dejó a Fernando Toranzo una deuda de 4 mil 152 millones 426 mil 321 pesos. La deuda se conforma por los mil 500 millones de pesos y 2 mil 652 millones 426 mil 321 pesos de pasivos anteriores. Representaba 17.33 por ciento del presupuesto estatal y no rebasaba el 20 por ciento que señala la Ley de Ingresos.