Decepciona la política agrícola:
crecen brechas entre campesinos
y agroindustria

Análisis académicos manifiestan decepción sobre los efectos concretos en el desarrollo social y económico del campo de Ecuador y en materia de soberanía alimentaria obtenidos como resultado de las políticas públicas, planteamientos constitucionales y restablecimiento de instituciones para el agro durante el gobierno de Rafael Correa.

Un amplio estudio, Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria, publicado en 2011 por el Instituto de Estudios Ecuatorianos, Oxfam, Fundación Rosa Luxemburgo y otras organizaciones, dice que la Constitución de 2008 “pone al campo en el centro de las oportunidades (…) y podría permitir las posibilidades de ensayar, en América Latina y el mundo, alternativas de desarrollo no capitalistas que han sido largamente trabajadas por las organizaciones campesinas en el mundo, con la soberanía alimentaria como nuevo modelo de agricultura”.

Sin embargo, dice, las acciones gubernamentales –aparentemente positivas, pues sí han incrementado el gasto público y han recuperado la institucionalidad y política agraria que se había perdido en 20 años previos de neoliberalismo- no han beneficiado a los campesinos, comunidades indígenas, a los sin tierra o a las mujeres rurales. Más bien “muestran una enorme complicidad con el modelo primario agroexportador (…) favorecen los intereses del gran capital”. Esas acciones “desplazan los mandatos constitucionales que favorecen las políticas de soberanía alimentaria y sitúan a la agricultura familiar como beneficiaria de los programas de inclusión económica y asistencia social, y no como sujetos de la política que incentiva la producción y el desarrollo agropecuario”.

Y aún más. En las conclusiones, el libro –que fue coordinado por Diego Carrión y Stalin Herrera y cuenta con la participación de otros expertos-, afirma que la política del gobierno de Rafael Correa “ha ampliado las brechas de oportunidad entre los grandes y pequeños productores, y los mínimos avances en la distribución de tierras muestran la falta de voluntad política para levantar acciones redistributivas de recursos productivos a favor de un modelo de soberanía alimentaria”.

Apoyado en estadísticas y gráficos, el documento señala que el Producto Interno Bruto real del agro ha registrado durante el gobierno de Correa una reducción en su ritmo de crecimiento (entre 2002 y 2010), debido a “un comportamiento nuevo que está ligado a un cambio de la estructura agraria, donde el efecto más nocivo es el decrecimiento de la producción campesina frente a la agroindustria”.

Dice que mientras la agroindustria y la agroexportación “gozan de buena salud”, pues sostienen precios buenos y estables, crecen sus exportaciones y dominan los circuitos comerciales y de consumo, la agricultura campesina se observa debilitada, con precios de sus cultivos estancados y un decrecimiento de su producción.

Afirma que la balanza comercial agroalimentaria de Ecuador es superavitaria, pero existe déficit en algunos bienes sensibles para la alimentación del pueblo ecuatoriano. Esto “es un síntoma de lo que podría pasar si el crecimiento de la agroindustria sigue minando a las capacidades de los agentes campesinos que han garantizado históricamente el autoabastecimiento interno”.

Como ejemplos expone: entre 2009 y 2010 decreció la producción de cebada, choclo, trigo, yuca (en 13, 22, 33 y 22 por ciento, respectivamente). Y otros cultivos típicamente campesinos, si bien no disminuyeron su producción, sí sufrieron reducción en superficie de siembra: fréjol tierno, en siete por ciento, y tomate riñón asociado, en 26 por ciento.

Asimismo, se ve un estancamiento en los precios de arroz, trigo, ajo, papa, cebolla y choclo en el periodo 2000-09, mientras que los precios de productos agroindustriales crecieron más, como en maíz duro, leche, carne de res y de pollo, y todavía más los productos de exportación, como banano y café, fundamentalmente y en menor medida cacao y palma.

El estudio señala que el gasto público para el agro ha crecido significativamente en el gobierno de Rafael Correa, en particular en 2007-09, pero el análisis de cómo se aplica el recurso revela sesgos que favorecen a los productores de mayor escala y a la agroindustria.

Por ejemplo, destaca que en 2009, el año de mayor inversión sectorial agropecuaria de este gobierno, el 80 por ciento del presupuesto se destinó a la Costa, la región con el mayor peso agroindustiral y agroexportador.

El documento señala por otra parte que en Ecuador hay “una enorme desigualdad en la distribución de los recursos (en especial tierra, agua y capital), herencia de la colonia y la hacienda, y condición estructural del modelo primario agroexportador”, y esto no se ha modificado durante el gobierno de Correa. “La concentración de los recursos productivos se combina con el control de los canales de comercialización y precio por parte de los intermediarios, y la agroindustria. De tal forma que, el mercado y la estructura agraria, (ambos elementos del patrón de acumulación primario agroexportador), operan como una estructura de actores, relaciones de poder, instituciones y prácticas socio-culturales, que se articulan eficientemente en función de captar la producción, excedente y riqueza generada por la economía familiar campesina. Una estructura y dinámica en la cual el Estado participa de manera cómplice a favor de los sectores más modernos´’ de la economía”.

Una conclusión fundamental del texto es que: “Los datos muestran un ‘nuevo’ escenario para la economía familiar campesina que está por estudiarse y verificarse a nivel nacional: a) la apuesta estatal por una agricultura de exportaciones ha creado un marco institucional que beneficia a los empresarios agrícolas (precios, infraestructura, crédito, seguridad en el mercado, disponibilidad de tecnología, políticas de fomento), y que ‘empuja’ a que los pequeños campesinos reconviertan su producción hacia cultivos agroindustriales en detrimento de la producción para el consumo interno b) la coyuntura internacional de altos precios para los cultivos agroindustriales favorece un incremento de los cultivos de exportación que compiten por tierra, agua y trabajo; c) como síntesis del primer y segundo proceso, dada la debilidad estructural de las economías campesinas (minifundio, falta de riego y tecnología) y la falta de un entorno institucional para su promoción y protección (políticas públicas adecuadas, crédito, mercado y precios, asistencia técnica, etcétera) estas familias se ven obligadas a migrar hacia otras actividades, convertirse en jornaleros o trabajadores precarios, funcionalizar o vender su tierra a la agroindustria”.

Con esto, dice, surge la hipótesis de que “la soberanía alimentaria enfrentaría un grave riesgo en el mediano y largo plazos”, pues la economía campesina, que ha sostenido en volumen y calidad la alimentación de los ecuatorianos y ecuatorianas, es el modelo de producción que tiene menos oportunidades de reproducción en el tiempo. (LER)

Graves y crecientes, las desigualdades en el acceso a los recursos productivos La situación de fuerte desigualdad que ocurre en el agro ecuatoriano, con los campesinos de corte familiar cada vez menos competitivos y empobrecidos, por un lado, y con la agroempresa boyante, por el otro, tiene entre sus raíces una franca falta de equidad en la distribución de los recursos (tierra, agua e inversión), la cual si, si bien es histórica, se ha venido agudizando. Estadísticas y análisis comparativos contenidos en el libro Ecuador rural del siglo XXI: Soberanía alimentaria, inversión pública y política agraria, señalan esto y advierten que el fenómeno ocurre no obstante que la Constitución de 2008 establece que el Estado debe promover la redistribución y eliminar los privilegios de unos pocos en el control de los recursos, además de que, según los artículos 334 y 282, se prohíbe el latifundio. Adicionalmente, en la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria (LORSA), su artículo tres estipula como deber del Estado la redistribución de la tierra. Y la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) señala que la revolución económica debe “concretarse a través de la democratización del acceso al agua, tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e información, y diversificación de las formas de producción y de propiedad”. El libro establece que la frontera agrícola del país casi se duplicó entre 1954 y 2001 al pasar de seis millones 400 mil hectáreas a 12 millones 356 mil; esto, en una lógica agresiva con el medio ambiente, “insostenible”, que ha derivado en serios daños a la naturaleza. Asimismo se observa una fragmentación de las unidades de pequeña escala y el control de la tierra por un pequeño grupo de agricultores (asociados con la agroindustria). En el periodo señalado las unidades productivas menores de cinco hectáreas pasaron de sumar 251 mil 686 (con 7.2 por ciento de la tierra) a 335 mil 309 (con 6.3 por ciento de la superficie). A la par, aunque las unidades mayores de 200 hectáreas, seis mil 116, se han reducido en número, mantienen un control muy alto de la tierra, pues constituyen el 0.1 por ciento del total de unidades productivas, pero controlan 29 por ciento de la superficie, dice el libro. “Las grandes propiedades cubren buena parte de las distintas provincias y se concentran en la Costa, mientras que los pequeños agricultores están fundamentalmente distribuidos en la Sierra ecuatoriana; zonas de mayor predominio indígena que por efecto de la limitada reforma agraria se encuentran ocupando suelos de poca calidad y alta pendiente. Tal distribución, además es representación de la especialización regional en la producción de alimentos; históricamente la Sierra se concentró en la producción de alimentos para el consumo interno mientras que la Costa en la producción de alimentos para la exportación”. La desigual distribución del agua es también muy evidente. Los pequeños productores (con predios de hasta diez hectáreas), que representan el 75 por ciento de las unidades productivas, disponen de menos tierra y pueden regar hasta el 26 por ciento de su superficie, mientras que las grandes propiedades, superiores a 50 hectáreas -que representan 6.4 por ciento del total de unidades y concentran el 60 por ciento de la tierra agrícola del país- pueden regar 51 por ciento de sus superficies. “Pero además las economías campesinas pagan más por riego que las empresas agroindustriales: por ejemplo, por cada cien dólares que gana una bananera, paga por concepto de riego entre 0.05 y 0.4 dólares, mientras que las economías campesinas, por cada cien dólares que ganan, deben gastar entre 1.2 y 30 dólares. El problema central es que, en un contexto de disputas por los recursos productivos, a pesar de ser muy pocos quienes se benefician con los sistema de riego privado, estos acaparan la mayor cantidad del caudal de riego, 64%; mientras los sistemas comunales solo se benefician del 13 por ciento”. El libro dice que el eje central del conflicto, la privatización y concentración del agua, no se ha resuelto. En todo el país hay alrededor de 40 mil conflictos sociales por el agua. El estudio menciona que un tercer elemento que determina la falta de equidad es el acceso al crédito. Señala que las economías campesinas no tienen capacidad de ahorro debido a sus reducidos ingresos, y su única posibilidad de invertir pasa por obtener crédito, pero enfrentan serias barreras tanto en la banca pública como en la privada, por lo cual su opción es la usura, que implica “robo” prácticamente, por las altísimas tasas de interés. Un cuarto factor de desigualdad es el precio que reciben los productores. Según el estudio, los precios de los cultivos típicamente campesinos son los que se ven más castigados, en términos de lo que recibe el productor primario; del precio al mayoreo, el porcentaje que queda al campesino es muy bajo, en relación con los precios de productos agroindustriales, como flores, café y cacao. (LER)

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