Las Juntas de Conciliación y Arbitraje son espacios de corrupción y simulación, que no fueron tocadas por la reforma laboral y han devenido un sistema legal ineficiente, opaco y con escasa legitimidad.

En estas instancias se reproducen los viejos vicios del sistema corporativo, se fortalecen los poderes fácticos de las cúpulas sindicales sin respaldo en las bases, pero que tienen poder y no incide el estado de derecho.

Estos planteamientos están contenidos en el análisis titulado El sistema de justicia laboral en México; situación actual y perspectivas, que presentaron ayer los abogados, expertos en derecho laboral, Graciela Bensusan y Arturo Alcalde en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Advirtieron que las juntas se han convertido en un obstáculo para el acceso a la justicia.

Expusieron que los costos de sostener el estatus quo en el sistema de justicia laboral son altos, no sólo para trabajadores, sino para la sociedad, además de que el mal funcionamiento del sistema genera un fuerte incentivo para que los empleadores opten por no respetar los derechos de los trabajadores.