La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció por colusión de servidores públicos a José Manuel Sáiz Pineda, quien fue secretario de Administración y Finanzas del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier, acusado de desfalco al erario estatal; a Evaristo Hernández Cruz, ex presidente municipal de Centro (cuya cabecera es Villahermosa), así como a otros seis ex integrantes del gobierno estatal y a cuatro ex empleados de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) por incumplir un convenio para la construcción de 2 mil 500 casas para los afectados por las inundaciones de 2007 en 17 municipios.

Entre los ex funcionarios acusados destacan el ex secretario de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta y el ex secretario de la Contraloría, Roger Pérez Evoli, vinculados con el quebranto por más de 2 mil millones de pesos ocurrido en la gestión de Granier Melo.

La SFP informó que el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) y la empresa constructora firmaron un acuerdo en el cual la inmobiliaria sólo se comprometió a construir mil 338 viviendas, es decir, mil 162 menos.

La dependencia explicó que el Invitab y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) suscribieron en 2007 un convenio para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas.

Encubrimiento pactado

La Conavi debía aportar 350 millones de pesos y el estado 38.5. La primera realizó la transferencia a la Secretaría de Finanzas estatal; sin embargo, el Invitab adquirió cinco terrenos, que sumaban más de 169 hectáreas. con un costo de 239.4 millones de pesos, lo cual violó el convenio.

Además, el Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos.

En 2011, funcionarios federales y estatales signaron un nuevo documento con el cual convalidaron las irregularidades.

El ex alcalde de Centro Evaristo Hernández Cruz (2007-2009) dijo que no le preocuopa la denuncia de la SFP, porque Andrés Granier no le permitió involucrarse en el manejo de recursos que envió la Federación a Tabasco tras las inundaciones.

En la ciudad de México, un juez federal concedió una suspensión en vía de amparo a Andrés Granier contra su eventual traslado a un reclusorio de Villahermosa, con el argumento de que debe practicarse estudios clínicos.