Las cuatro subprocuradurías de la Procuraduría General de la República (PGR), tres de ellas encargadas de investigar delitos como delincuencia organizada, piratería, violaciones a la ley cometidas por servidores públicos y dar seguimiento a los procesos penales en curso, presentan un subejercicio de alrededor de 50 por ciento de los recursos programados para cumplir sus funciones durante 2013.

Información de la dependencia refiere que en el caso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se recibió un presupuesto de 2 mil 374 millones 840 mil pesos para este año, y se han ejercido mil 76 millones 420 mil pesos, en propósitos como contribuir al estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la obtención de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada.

A la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, se le aprobó para este año un presupuesto de 9 millones 53 mil 130 pesos y solamente ha ejercido 4 millones 911 mil 240 pesos, a pesar de que es el área encargada de dar seguimiento a todos los procesos penales que la dependencia federal ha promovido en contra de presuntos delincuentes en todo el país, incluyendo casos como los de los 14 agentes de la Policía Federal que atacaron a dos integrantes de CIA, en agosto de 2012.

Asimismo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual obtuvo recursos para fortalecer sus investigaciones y beneficiar a los denunciantes de algún ilícito con la consignación de las denuncias presentadas, obtuvo un presupuesto de 457 millones 320 mil pesos y ha ejercido 230 millones 280 mil pesos.

La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales tiene un presupuesto aprobado de 472 millones 720 mil pesos para apoyar, entre otras cosas, el fortalecimiento de la asistencia jurídica para desahogar expedientes de extradición concluidos; sin embargo, se han ejercido 280 millones 120 mil pesos.

El subejercicio también se localiza en áreas como la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, encargada de poner en marcha la unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas. Se le aprobaron 135 millones 450 mil pesos para desahogar los expedientes de queja y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, y solamente ha ejercido 67 millones 750 mil pesos.