La mancuerna PRI-PAN, respaldada por el PVEM, aprobó el proyecto de reforma que el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados en materia de combate al terrorismo. A pesar de que la oposición, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, reprochó que se avalara la propuesta de iniciativa, la mayoría apoyó el texto en su totalidad y sin cambio alguno, incluyendo el artículo 139 del Código Penal Federal, que tipificará el delito de intencionalidad como causal de terrorismo.

Tanto priístas como panistas hicieron oídos sordos al reclamo de la oposición, que ejemplificó el caso de la prisión de Guantánamo como una situación ominosa, donde 40 por ciento de reclusos fueron acusados con el pretexto de intencionalidad. No hubo forma de revertir ese contenido, y los partidos promoventes resolvieron mantener el citado ilícito en el contenido del texto.

La Comisión de Justicia en San Lázaro avaló la iniciativa, y así fue enviada al pleno camaral para su aprobación. Tanto el PRI como el PAN, el adjunto Partido Verde, consideraron con antelación que el texto favorecerá el combate al lavado de dinero y el terrorismo.

No obstante, un tema particular atrajo la atención de un sector de diputados del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y del PRD, quienes reprocharon que en el artículo 139 se encuentran graves causales de violación de derechos humanos.

Durante la exposición de motivos y las posturas de cada una de las bancadas en San Lázaro llamó la atención la de la perredista Margarita Elena Tapia, quien respaldó de forma acrítica la iniciativa. Justificó que el sol azteca incorporó al dictamen diversas observaciones concernientes a las garantías individuales y el respeto a éstas. Pero pasó por alto el tema de la intencionalidad y sus graves repercusiones para la criminalización de la protesta social.

Esta situación generó que en la bancada perredista Roberto López Suárez se sumara a la posición de Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano), quien acusó en el procedimiento de aprobación un albazo legislativo brutal...Viene una reforma teóricamente adecuada en materia de terrorismo, pero con un mensaje que no podemos dejar de lado; un mensaje de represión, criminalización y hostigamiento a los movimientos sociales.

López Suárez también denunció el contenido del artículo 139, donde se dispone que se considerará intencionalidad contra quien acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Es decir, dejan una vaguedad para que a cualquiera se le pueda acusar de estar auspiciando actos de terrorismo.

También Loretta Ortiz (PT) argumentó que el terrorismo no se puede confundir con delincuencia organizada. Un común denominador de las observaciones de instituciones y organizaciones de la sociedad civil internacional de derechos humanos ha sido la reiterada ambigüedad de los tipos penales asociados al terrorismo, que permiten o podrían permitir una utilización discrecional de esa figura para sancionar conductas delictivas.