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Podría estar en febrero, según diputados; el Ifetel deberá regirse por las leyes vigentes

Venció el plazo para la legislación secundaria en telecomunicaciones

Es muy común que se incurra en incumplimientos por la ausencia de sanciones, dicen constitucionalistas

El Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad en el atraso, afirman

Miriam Posada y Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de diciembre de 2013, p. 28

Este 9 de diciembre vence el plazo marcado por la reforma constitucional para que el sector telecomunicaciones tenga la legislación secundaria que marcará los lineamientos para regular a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión que operan en el país. Sin embargo, ante la discusión de las reformas política y energética el gobierno no envió su propuesta a los legisladores y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tendrá que regirse conforme a la legislación vigente.

Es muy común que nuestro Legislativo incurra en ese tipo de incumplimiento ante la ausencia de sanciones por esa desobediencia legislativa, indicó el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.

En su momento, el presidente del Ifetel, Gabriel Contreras, declaró que este regulador tendría que apegarse a lo que marca la reforma y las leyes como están, y modificar las decisiones conforme haya leyes nuevas.

Sin legislación secundaria el Ifetel anunció la semana pasada uno de los procedimientos más esperados de la reforma, que consiste en la investigación de Telmex, América Móvil y Televisa como agentes preponderantes, la cual podría derivar en la desincorporación de activos.

A decir del subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, el Ifetel tendrá listas las bases de licitación de dos cadenas de televisión abierta a más tardar el 9 de marzo del 2014, otra de las grandes expectativas de la reforma.

La reforma constitucional se aprobó el 11 de junio pasado y a partir de esa fecha los legisladores y el Ejecutivo contaban con 180 días para tener, o por lo menos discutir, la legislación secundaria que implica la modificación de 14 leyes.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha asegurado que tiene la propuesta del Ejecutivo desde hace dos meses, pero que primero deberá pasar por el Pacto por México y luego al Congreso. Desde los primeros días de diciembre senadores y diputados alertaron que no abordarían el tema porque eran prioritarias las reformas político-electoral y la energética. Adelantaron que las leyes secundarias en telecomunicaciones podrían estar en febrero sin que faltaran a la ley, porque el sector y el Ifetel se regirían por lo vigente.

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Edificio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ubicado en Bosque de la LomasFoto María Meléndrez Parada

El especialista en derecho constitucional, José Patiño Hurtado, consideró que en algunos casos la falta de leyes secundarias vuelve inoperantes las reformas constitucionales, pues incluso algunas llegan a correr el riesgo de nunca ser plenamente aplicables en el país.

El jurista Luis Arguelles refirió que en el caso de la reforma en telecomunicaciones, incluso sin la existencia de leyes secundarias, los cambios constitucionales tendrán aplicabilidad en el derecho mexicano porque el Constituyente Permanente fue previsor y anticipó la posibilidad de que diputados y senadores incumpliesen con su obligación, por lo que en el artículo séptimo transitorio del decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 7, 27, 28 de la Constitución, expuso: “si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico (… ) La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por (el decreto) y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes”.

Según el doctor en derecho constitucional, los legisladores aplican la siguiente máxima: más vale tarde que mal hecho, con lo cual justifican su incumplimiento que se desprende de los transitorios de cualquier reforma constitucional.

Los constitucionalistas entrevistados coincidieron en que el Poder Ejecutivo también tiene su carga de responsabilidad en la falta de estas leyes reglamentarias, pues envía al Congreso de la Unión una cascada de reformas constitucionales, a pesar de la carga de trabajo en ambas cámaras federales.

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